Los resultados de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo no dejan lugar a dudas: la ciudad de València vive un cambio de ciclo político histórico. Con las negociaciones entre los partidos que suman mayoría teniendo lugar en estos momentos, es todavía pronto para aventurar la composición exacta que tendrá el nuevo Consistorio. Lo que sí es seguro es que, ocho años después de la salida de la exalcaldesa Rita Barberá, el Partido Popular (PP) recuperará la alcaldía de la ciudad.

Poco tiene que ver la València que heredará el PP con la que dejó en 2015. Algunos problemas, como el embudo que ya se experimentaba en la concesión de licencias por entonces, continúan suponiendo un quebradero de cabeza para muchos empresarios y ciudadanos. Desde la Asociación de Afectados por los Retrasos de Licencias del Ayuntamiento de Valencia (Aflival), se muestran «intranquilos» pese al cambio en la Administración.

Otros, como la acuciante subida de precios en el alquiler y la compra de viviendas, y que desde la Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV califican ya de «emergencia habitacional», han adquirido en los últimos años entidad suficiente como para haberse convertido en uno de los temas principales de estas pasadas elecciones.

La vivienda, el principal problema

Según exponen en su programa electoral, facilitar el acceso a la vivienda es para el Partido Popular «una prioridad» dentro de su futura acción de gobierno. Citando datos del Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España, los populares cifran en nueve de cada diez los jóvenes valencianos que no pueden emanciparse. Los que lo consiguen, aseguran, han de destinar el 73,4% de su sueldo a pagar el alquiler o 3,8 veces su salario neto anual en una hipoteca.

Para combatir esta situación, los azules proponen «activar los solares existentes en la ciudad para poner a disposición de los valencianos más de 1.000 viviendas para ampliar el parque público, contener los precios y facilitar el acceso a la vivienda».

Hace escasas semanas quedaba aprobada por el Congreso de los Diputados la Ley por el Derecho a la Vivienda. Un texto que, entre otras medidas, permitía topar los precios del alquiler con el fin de frenar la escalada ascendente. No obstante, habiendo coincidido la aprobación de la ley con la llegada al poder municipal de los partidos de signo contrario, cabe suponer su no aplicación.

La Cátedra ve «óptimo» construir

Desde la Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV valoran como positivo que todos los partidos hayan puesto en el foco la problemática de la vivienda. De la Ley por el Derecho a la Vivienda, asegura su director, Fernando Cos-Gayón, que «no tiene casi nada bueno».

«Con las medidas que propone esta ley únicamente lograríamos contener unos precios que son ya inasumibles, lo que necesitamos es hacer algo para bajarlos. Además, lo que observamos es que muchas promociones que se estaban preparando para lanzar destinadas al alquiler se han paralizado por la incertidumbre que estas medidas infunden en los inversores. Llevamos ya tiempo con un parón muy severo de la inversión, por lo que cualquier cambio será muy bienvenido, ya que la única solución a corto plazo es tener más vivienda en oferta», asegura el director.

La apuesta del PP por facilitar el acceso a la vivienda abriendo el grifo de la construcción se alinea con las indicaciones de la cátedra para aumentar la demanda. No obstante, apunta Cos-Gayón, «es tal la necesidad que las arcas públicas no pueden soportar la creación de mucha vivienda pública a la vez. Lo que pedimos es un pacto de Estado por la vivienda que no varíe en función de quién gobierne, ya que un parque público de vivienda debe de ser gestionado durante años con indiferencia de quién esté en el poder».

Y añade: «A ese respecto, es importantísima la colaboración público-privada. La decisión de construir más vivienda pública me parece óptima, pero podría ampliarse mucho más si se da entrada a una colaboración entre ambos sectores. Utilizando el suelo público y procedimientos como el cambio de obra: que los promotores se comprometan a destinar un porcentaje de la promoción a vivienda pública a cambio del suelo».

Un problema que viene de lejos

Otros de los problemas más acuciantes que habrá de enfrentar la nueva Administración dista mucho de ser nuevo. Durante las pasadas dos legislaturas, las diferencias entre el Consistorio y los afectados han sido significativas; hasta el punto de que, según los afectados por el retraso en las concesiones, no parecía existir voluntad de diálogo por parte de la Administración para hallar tierra común.

Para Alfredo Burguera, portavoz de la Aflival, pese a que durante los últimos años «se habían aprobado desde la Generalitat decretos legislativos destinados a atajar esta situación, el Ayuntamiento los había aplicado de manera sesgada y sin profundizar, permitiendo que el problema enraizase».

Desde la asociación valoran positivamente que, hasta la fecha, los partidos que formarán el futuro Consistorio, les han recibido siempre. Sin embargo, Burguera pone un pero: «si bien nos han transmitido su preocupación y voluntad de que estas cosas cambien, lo que oímos no nos acaba de tranquilizar. Lo que necesitamos son medidas de choque inmediata y tenemos la sensación de que se están echando balones fuera».

«La ciudad de València y sus ciudadanos necesitan un plan de medidas concretas de colaboración público-privada que logren desatascar la terrible situación en que se encuentran las licencias. Este plan no puede esperar, el nuevo Consistorio debe dar pasos desde el minuto uno para que lo que ahora supone esperar un año, pase a ser un mes», concluye el portavoz.