València está de moda: su atractivo, el clima y la calidad de vida, han sabido captar el interés del mercado nacional e internacional. Durante los últimos años, pandemia mediante, la ciudad ha experimentado un vertiginoso crecimiento en el número de turistas extranjeros; y en 2022 logró posicionarse como Capital Mundial del Diseño y Capital Verde Europea.

Muchos son los aspectos positivos y las oportunidades empresariales que surgen del auge que atraviesa València, pero también son muchos los retos a los que debe hacer frente. De ser mal gestionado el momento, la ciudad corre el riesgo de no ser capaz de atraer la inversión, no lograr potenciar y modernizar su tejido productivo y no mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El atasco en la concesión de licencias es una de esas problemáticas que está lastrando el desarrollo de la urbe, pero también la falta de una política pública que incentive la colaboración público privada y apoye a las empresas.

No obstante, existen en el entorno de València, pero también en otros puntos de España, ejemplos de administraciones eficientes. Modelos como el de Alcobendas, Estepona, Torrente o Alicante, sí han sabido estar a la altura del desafío.

Aumento de oferta y agilidad

Los dos grandes problemas que amenazan el futuro desarrollo de la ciudad, explica Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación UPV, son el creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda y la lentitud en la concesión de las licencias.

«Ahora mismo hay un problema muy severo, como no ha habido hace muchos años en la ciudad, de escasez de vivienda. Tanto de obra nueva, de segunda mano, como de alquiler; los tres están alcanzando unos precios históricos. Esto sucede porque no hay oferta de nueva construcción, por lo que aumenta la compra de vivienda de segunda mano que, a su vez, se retira del mercado del alquiler y hace subir sus precios», explica Cos-Gayón.

Y añade: «Este es un tema básicamente de política municipal o autonómica, pero no sólo. Tiene un componente importante de no generar suelo urbano en la ciudad con el argumento de que ya hay suficiente. Pero esto no es una realidad y lo cierto es que no hay suelo para hacer promociones. Es un problema también del modelo de crecimiento escogido y, además, del encarecimiento del coste de los materiales».

La solución de Alcobendas: licencias en un mes

Con el objetivo de agilizar los trámites administrativos, el Ayuntamiento de Alcobendas, en Madrid, cuenta con la posibilidad de solicitar una «Licencia con Informe Técnico Inmediato». Gracias a esta herramienta, el Consistorio se compromete a conceder la licencia, siempre que se cumplan con los debidos requisitos, en el plazo de un mes.

La experiencia con este sistema, explica Fran Silvestre, arquitecto principal de Fran Silvestre Arquitectos y profesor de la Universidad Politécnica de València (UPV), ha sido positiva. Y afirma que este método les «ha permitido obtener informes técnicos en poco tiempo. Para cualquier inversor esto supone un enorme cambio en el modelo de negocio, porque muchas veces las empresas vemos oportunidades que no se materializan porque la incertidumbre jurídica o las trabas de los ayuntamiento ahuyentan a los inversores».

«Las empresas, profesionales e inversores, acuden de forma natural a aquellos sitios en los que saben que la administración funciona bien. También ocurre justo lo contrario, en aquellas ciudades en los que existen problemas para obtener una licencia, se desincentiva que la inversión se mueva hacia dichos puntos», asegura el arquitecto.

La respuesta de Torrente: las ECUV

La legislación permite en la actualidad que existan Entidades Colaboradoras de la Administración Municipal, empresas privadas autorizadas por los entes públicos -conocidas como ECUV u OCA– y que tiene la potestad de poder conceder licencias de la misma forma en que lo haría un ayuntamiento. Estas entidades nacen como una posible solución contra la burocratización o la falta de medios.

«Las licencias concedidas por estos organismos después pasan por la parte jurídica del ayuntamiento para lograr que sea una licencia a todos los efectos. Esta herramienta se encuentra en activo en la Comunidad Valenciana, aunque está costando implantarlo a la velocidad que nos gustaría a los profesionales. Ocurre que la legislación permite a los consistorios oponerse a la implantación de ECUVs en su municipio, pero el problema no es ese sino el desconocimiento de cómo funciona esta herramienta», explica Silvestre.

En este sentido, Cos-Gayón expone que «en teoría, con la llegada de las ECUV se iban a acelerar todos estos procesos. Yo quiero ser optimista pensando en que es un tema de adecuación, ya que el Ayuntamiento de València es muy grande. Hay otros consistorios valencianos enormemente eficaces en la concesión de licencias y no por ello menos rigurosos».

«Torrente es un ejemplo de agilidad en la concesión de licencias. Ha sido históricamente efectiva y lo continúa siendo, sin importar el partido político al frente en cada momento, ya que cuenta con unos servicios urbanísticos excelentes. Es, además, una ciudad grande que ha sabido acometer esta problemática de una manera eficaz», sentencia el director de la cátedra.

València encara una emergencia habitacional

Desde la Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV aseguran la ciudad de València encara durante los próximos años una situación de emergencia habitacional.

Ya se están dando caso de familias, afirma el director, que no pueden tener una vivienda para ellos solos, sino que tienen que alquilarlas entre varias familias. El estudio de la cátedra hace especial hincapié en la necesidad urgente de aumentar la oferta de vivienda de protección, tanto pública como privada.

«Debemos hacer un programa muy ambicioso de protección que resulte atractivo tanto para el promotor como para el comprador. Si no, empezaremos a ver infraviviendas y asentamientos informales. Si estamos hablando de que un proyecto urbanístico requiere normalmente entre 2 o 3 años, no es difícil imaginar lo que su pone que, además, lo dilaten 14 o 16 meses por la concesión de la licencia administrativa», sentencia Cos-Gayón.