En diciembre de 2020 publicamos un artículo criticando el sustancial recorte del incentivo fiscal en el IRPF a las aportaciones a planes de pensiones individuales. Efectivamente, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 reducía el límite de aportaciones que podían minorar la base imponible del IRPF del contribuyente, de 8.000 a 2.000 euros.

La justificación que ofreció el Gobierno en aquel momento pivotaba entre la teoría de «hacer compatible un crecimiento económico equilibrado y un aumento de los ingresos tributarios que permita el fortalecimiento del Estado del bienestar y reduzca desigualdades» y la voluntad de «potenciar el incentivo fiscal para los planes de pensiones colectivos o de empresa». Ya en aquel momento, expresamos las grandes lagunas de dicha, en nuestra opinión, «pobre» justificación.

Ciertamente, en 2020 los planes de pensiones colectivos o de empresa estaban muy poco desarrollados en España. Apenas suponían un 3 % del PIB y solo uno de cada seis trabajadores era partícipe de un plan colectivo. Pero España es un país principalmente conformado por pymes y, en estas, el ahorro colectivo apenas está presente. No suele ser una estrategia prioritaria. Por no citar al enorme colectivo de los autónomos, que carecen de la posibilidad de integrarse en un plan de pensiones colectivo o de empresa.

En resumen, más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) se vieron afectados por dicho recorte en la posibilidad de construirse una ‘hucha’ particular para sus futuras pensiones y además diferir impuestos, desde 2021. Adicionalmente los 3,2 millones de autónomos también fueron discriminados. De ellos el 41 % contaba con un plan de pensiones individual.

Por tanto, desde 2021 se generó menos ahorro previsional y hubo mayor recaudación (pago de impuestos) para este importante colectivo de contribuyentes.

Pues bien, transcurridos ya dos años, 2021 y 2022, desde dicho recorte, que además fue todavía acentuado en 2022 al reducir de 2.000 a 1.500 euros el incentivo de reducción de la base del IRPF, procede hacer examen del periodo.

El balance no puede ser más desalentador:

• El ahorro en planes de pensiones privados se ha hundido un 60 % en estos dos años (2021 y 2022). Dicho cuantitativamente, y según datos de Inverco, de los 4.314 millones ahorrados y depositados en 2020 hemos pasado a unas aportaciones en 2022 de 1.709 millones, lo que supone un 60 % menos.
• Los planes de pensiones colectivos y de empleo apenas han crecido.
• Los planes de empleo de promoción pública presentados como la gran alternativa a los individuales están por venir.

En definitiva, no alcanzamos a entender por qué una herramienta de ahorro de previsión individual, arraigada y valorada por los contribuyentes, entre otros motivos por el incentivo fiscal que supone el diferimiento en la tributación de sus aportaciones, ha sido tan duramente castigada por el Gobierno sin ofrecer alternativa, máxime ante un escenario de reforma de las pensiones con subidas de bases máximas y de cotizaciones y establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años descartando los dos peores.

Personalmente, considero que, ante un escenario tan incierto como el futuro de las pensiones, parece ya evidente que los que tenemos trabajo cotizaremos más y recibiremos menos, ya lo estamos haciendo con el nuevo impuesto MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) que no formará parte del cálculo de la futura pensión. El mantener un sistema individual de aportación a planes de pensiones con incentivo fiscal podría ‘aliviar’ ese futuro incierto para muchos contribuyentes. Rectificar es de sabios.