Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentó el Gobierno para este año son, hasta la fecha, los que registran la cifra de gasto más elevada de la historia. El dispendio asciende a un total de 458.970 millones de euros. Apenas un 0,64 % más que los fueron aprobados el año pasado. Prácticamente, la totalidad de las partidas, como veremos más detalladamente a lo largo de este este artículo, se han vuelto a ver incrementadas.

No obstante, no se puede obviar que los de 2021 incluían una notoria expansión del gasto público debido a la imperante necesidad de paliar las nefastas consecuencias sociales y económicas originadas por la pandemia.

Sin embargo, a pesar del carácter extraordinario de estos dos últimos PGE, podemos apreciar una clara espiral alcista en lo que a la dotación para el gasto público se refiere. De este modo, si analizamos desde 2013, este se ha incrementado un 32,86 %. Es decir, más de 110.000 millones de euros en menos de una década.

A pesar de ello, tenemos que volver a los PGE del año pasado para determinar, a causa del coronavirus, el origen de la intensificación del gasto. Después de que los PGE de 2018 se prorrogaran dos ejercicios, los de 2021 recogieron un incremento del gasto público del 23,83 %. Casi 90.000 millones más. Un incremento meteórico.

¿Qué nos cuestan a los españoles los 22 ministerios?

En los últimos años, el número de carteras ministeriales ha crecido constantemente. Así, pasamos de 13 a 17 en junio de 2018 a, finalmente, 22 en 2020. ¿Despilfarro o ampliación de carteras en aras de lograr más eficiencia? Juzguen ustedes mismos.

Lo que no es susceptible de someterse a debate es el gasto que estos 22 ministerios le supondrán al conjunto de los contribuyentes en este 2022: 153.845.321,77 euros. Según los datos de la serie roja que ofrece el propio Gobierno en los PGE esta es la cifra de gasto total para el conjunto de los ministerios del Ejecutivo actual. O lo que es lo mismo, casi el 34 % del gasto total fijado en los PGE está destinado a cubrir las necesidades de gasto de los distintos «departamentos» del Gobierno.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con un gasto presupuestado de 40.701.215 euros es, con diferencia, el que más fondos percibirá a lo largo de este año. De hecho, esta cartera acapara el 26,46 % del total destinado al conjunto de divisiones que conforman el Gobierno. Le sigue el Ministerio de Hacienda y Función Pública con 24.340.885,58 euros. Finalmente, completa el podio el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con un gasto presupuestado para este año de 14.625.084,49 euros. Estas tres carteras ministeriales aglutinan más de la mitad (51,78%) del total.

Por el contrario, los ministerios de Universidades (430.613,69 euros), Presidencia (276.403,99 euros) y Consumo (60.421,60 euros) no alcanzan conjuntamente los 800 millones de euros. De hecho, estos departamentos del Ejecutivo, lo más austeros, tan solo representan colectivamente el 0,5 % del total destinado a las 22 carteras ministeriales.

Uno de los más polémicos, novedad del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, ha sido el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero. Su dotación de 516.238.010 euros, lo sitúa en decimonovena posición, un puesto por debajo del Ministerio de Cultura y Deporte (1.1338.280,01 euros).

Un incremento del 85,71 % en políticas sociales

Las consideradas políticas de materia social son, claramente, las que se han visto más favorecidas en la elaboración de los presupuestos. En este sentido, la partida destinada al Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación se dispara un 46,25 %, respecto al ejercicio anterior. El shock causado por la fuerte presión inflacionaria de los últimos meses en el precio de la vivienda y los alquileres han contribuido a que el Gobierno destine más de 1.000 millones más a esta política. Dado el contexto actual, la cobertura para que la población más vulnerable pueda acceder a una vivienda es una prioridad.

En esta línea, las medidas orientadas a Gestión y Administración de Trabajo y Economía Social, así como las de Inclusión, Seguridad Social y de la Migración, se incrementaron un 37,50 % y un 33,49 %, respectivamente. Es decir, una progresión del gasto conjunta valorada en 876 millones de euros.

La cultura es otra de las apuestas decididas en la asignación de fondos de este año. De ahí, el aumento de 441 millones (+38,41 %) adicionales, en relación con los PGE de 2021.

En definitiva, importantes subidas generalizadas del gasto, en coherencia con los que son los PGE más elevados de nuestra historia. De este modo, de las 28 políticas recogidas en los PGE de este año, 24 (85,71 %) registran un aumento de los fondos destinadas a ellas.

Sanidad y Desempleo se «aprietan el cinturón»

Resulta curioso, cuando menos, que los fondos destinados a estas dos políticas se hayan contraído un 9,88 % y un 10,22 %, respectivamente. O lo que es lo mismo, 3.279 millones de ahorro conjunto entre ambas.

No obstante, el cambio estructural en estas materias está basado, principalmente, en un contexto de recuperación económica y sanitaria pospandemia. Afortunadamente, la necesidad de destinar ingentes cantidades monetarias a coberturas de desempleo o material sanitario –entre muchos otros– se ha aliviado considerablemente desde el retorno a la normalidad.

Pensiones y CC.AA. se «comen» más de la mitad de los Presupuestos Generales

Las pensiones son, cada vez más, una losa mayor para las maltrechas finanzas públicas. Así, estas concentran el 37,29 % del total del gasto recogido en los PGE. Además, su dotación de fondos se incrementó un 4,80 %, respecto a 2021. 7.843 millones más.

Los fondos destinados a otras administraciones –comunidades autónomas, sobre todo– ocupan el segundo lugar en el escalafón del gasto público. 70.728 millones presupuestados para 2022 que suponen el 15,41 % del total.

Es decir, dos de las 28 políticas que se contemplan en los PGE acaparan el 52,70 % del gasto total. Este hecho resulta bastante significativo y refleja como las pensiones y las CC.AA. son dos causas endémicas del estrangulamiento de las arcas públicas.

El gasto en Deuda Pública, en el ojo del huracán

Resulta llamativo que una de las pocas partidas que ha reducido su dotación de fondos sea la Deuda Pública. Así, el gasto destinado a satisfacer las obligaciones de la deuda soberana se ha aliviado 1.500 millones. De este modo, su importe presupuestado ha disminuido un 4,74 %, pasando de 31.675 a 30.175 millones de un año para otro.

No obstante, la deuda pública continúa siendo un auténtico quebradero de cabeza y uno de los principales desafíos de la economía española. Según estimaciones de Moody’s, España necesitaría un superávit primario medio del 3,7 %, respecto al PIB hasta 2025 para volver a una deuda pública del 95,5 % (la de 2019). El aumento hasta el 120 % en 2020 debido a la pandemia es una cifra difícilmente manejable y que limita al máximo el margen de maniobra. Por tanto, se requieren medidas extraordinarias que contribuyan a recuperar los niveles de endeudamiento previos al coronavirus.

La guerra y el cambio de paradigma ante al gasto militar

Otra partida que siempre es sinónimo de controversia es la relativa a Defensa. La guerra entre Rusia y Ucrania ha disparado las alarmas de casi todas las naciones del viejo continente, provocando un incremento inmediato en los presupuestos destinados a esta cuestión.

El acuerdo que tienen los miembros de la OTAN es el de destinar el 2 % del PIB a defensa y armamento. Este compromiso apenas se cumple en Europa, razón que suscita las quejas constantes e insistentes de EE.UU.

En España el presupuesto en defensa casi se ha duplicado si lo comparamos con el de hace nueve años. Asimismo, de cara a 2025 se prevé que se incremente exponencialmente. Algunas instituciones gubernamentales creen que supondrá una gran dificultad llegar a la cifra del 2 %, pero sí existirá un cambio sustancial en el rol que desempeñará esta partida.

Conclusiones sobre los PGE

Los PGE de 2022 ponen su foco, principalmente, en políticas destinadas al ámbito social. Estos PGE, los más elevados de nuestra democracia se han financiado, en parte, con los fondos del programa de recuperación económica de la Unión Europea. Estos fondos están repartiendo más de 750.000 millones de euros entre todos los países miembros. Sin ellos, habría sido completamente imposible sacar adelante unos presupuestos tan expansivos.

Bajo mi punto de vista, la distribución de los presupuestos no recoge al completo los objetivos propuestos por la UE, ya que, teniendo un mayor margen de gasto, el pago de la deuda se reduce.

«Las medidas cortoplacistas, debido a la falta de grandes consensos y los intereses electoralistas, vuelven a manifestarse como uno de los grandes problema»

Por otro lado, destaca, no para bien precisamente, la escasa progresión en partidas fundamentales y estratégicas como son la educación y la investigación. Se vuelve a echar de menos por parte del Gobierno, la falta de medidas estructurales a medio y a largo plazo que favorezcan un progreso y una innovación más estables y sostenibles en el tiempo. Las medidas cortoplacistas, debido a la falta de grandes consensos y los intereses electoralistas, vuelven a manifestarse como uno de los grandes problemas endémicos de nuestro país. Independientemente de quien forme el Gobierno.

Por último, resulta impactante la comparación de los presupuestos frente a nuestra deuda soberana. Con un valor neto de 1.462.974.352.366 euros, traducido a nivel per cápita como 30.912 euros por cada ciudadano español, la deuda representa el 121,61 % del PIB.

La senda presupuestaria que venimos observando desde que padecimos la crisis financiera de 2008 es, como poco, muy preocupante. Cada año el agujero es más y más grande. No obstante, nuestra clase política, lejos de priorizar de forma conjunta la estabilidad financiera de España a medio y largo plazo, sucumbe a sus respectivos intereses electorales con medidas más cortoplacistas que no atajan los grandes problemas estructurales de nuestra nación.