-A España le corresponden cerca de 84.000 millones a fondo perdido. ¿De esa cantidad, cuánto llegará a la Comunitat o dependerá de nuestra capacidad de presentar proyectos?

– Existe una parte que se va a territorializar y dependerá de una serie de variables objetivas. Desde la Generalitat estamos intentando que estas sean las justas y no se limiten a peso poblacional y al PIB.

Por ejemplo, hay una parte del fondo que corresponde a React-EU, gracias al cual ya se ha confirmado que la Generalitat recibirá 1.254 millones, un 12,5% del total. Eso supone 300 millones más porque hemos defendido que se tengan en cuenta otras variables como el impacto de la pandemia en el PIB, en el desempleo y en la capacidad financiera que tiene la Generalitat.

En estos momentos estamos trabajando en dos sentidos: preparando tanto a empresas y ayuntamientos para que compitan en las mejores condiciones posibles y tratando con el Gobierno central para que esas convocatorias, que saldrán a partir de mayo o junio, se lleven a cabo teniendo en cuenta la realidad valenciana.

– ¿Cómo contribuirán dichos fondos al crecimiento de la Comunitat? ¿Facilitarán una recuperación rápida de nuestra economía?

– No descubrimos nada nuevo a las empresas con respecto a los dos grandes bloques –digitalización y sostenibilidad– que se han marcado desde la Unión Europea. Las empresas ya sabían que tenían que digitalizarse. Ahora tienen una oportunidad de que esas inversiones que iban hacer con sus propios recursos, ahora pueden llevarse a cabo con ayuda pública, acelerando el proceso.

En cuanto al apartado medioambiental, la CE quiere que vayamos hacia un modelo de empresas menos contaminantes, que consuman menos recursos y que, además, lo hagan de una manera más eficiente.

– ¿Se va a tener en cuenta la simplificación administrativa para que las empresas puedan acceder más fácilmente a dichos fondos?

– Sí, estos fondos son, sobre todo, una cuestión de gestión. El Gobierno de España ya publicó un Real Decreto de Simplificación Administrativa en el BOE, con fecha 31 de diciembre. La Generalitat ha desarrollado su propio Decreto Ley que complementará al del Gobierno.

El Consell apuesta por la simplificación administrativa porque es la única manera, no solo desde el punto de vista jurídico sino también tecnológico, recursos humanos, etc., para gestionar y velar por un buen uso de dichos fondos. Desde luego, no podemos continuar con los procesos habituales porque han pasado los tres años y no hemos consumido ni un 10 % de los mismos.

– ¿Qué novedades contiene el RDL del Gobierno central?

– Contempla la figura de ámbito estatal de los PERTE o Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. A través de ella, el Estado quiere impulsar iniciativas que vayan más allá de una comunidad autónoma, de una única empresa… y que involucre a sectores completos, que tenga en cuenta la cadena de valor… Ese tipo de proyectos calificados como PERTE, y que deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros, conllevarán una gestión administrativa diferencial, más rápida y eficiente con respecto a las fórmulas habituales e incluso con anticipo de recursos.

Estamos intentando, con todo el tejido empresarial, que las empresas valencianas estén preparadas para que cuando se abra ese registro presentemos la mayor cantidad de PERTE.

En este sentido, desde la Generalitat queremos intentar que se generen esas conexiones, que no siempre son fáciles, entre empresas y sectores. Se pide también que haya centros de conocimiento formando parte de esos PERTE como pueden ser la Universidad o los institutos tecnológicos.

– ¿Se van a crear convocatorias específicas a las que puedan acogerse las empresas u otras entidades…?

– Todo se activa a partir de la primavera. El mensaje que nos transmiten desde el Gobierno es que las comunidades autónomas gestionaremos el 50 % del fondo y el otro 50% lo hará el Gobierno. Es decir, hasta 140.000 millones de euros, la mitad lo van a gestionar las comunidades autónomas. Se trata de un proyecto único llamado Plan España. En esta línea, habrá convocatorias para empresas que saldrán de la Administración central y otras que provendrán de las comunidades autónomas.

«España recibe prácticamente el doble de su peso económico en la UE»

Lo que todavía no se ha decidido es qué tipo de proyectos van a ir a Madrid y cuáles a Valencia. A priori, lo que estamos percibiendo es que aquellos grandes proyectos que impliquen un volumen importante de fondos serán líneas que sacará el Gobierno y en los más pequeños, las autonomías tendrán un papel más activo.

– La Generalitat ha presentado veinte proyectos tractores en ámbitos como la energía, la descarbonización, la ciberseguridad, las baterías, la movilidad o el 5G. ¿Qué acogida han tenido por parte del Gobierno central?

– Estos 20 proyectos que se presentaron el mes pasado es la visibilización del apoyo de la Generalitat a esas iniciativas valencianas para que sean lo más sólidos posibles una vez que se presentan al Gobierno.

Por eso, independientemente de que nos toque gestionar totalmente los fondos o no, el papel de la Generalitat debe ser fundamental. Cuando no nos toque gestionar, tenemos que asegurarnos de que nuestras empresas y ayuntamientos tengan las mayores posibilidades para cuando se presenten a esas convocatorias y si nos toca gestionar, hacerlo de la manera más eficiente posible.

– ¿Una pyme, una startup… puede, a nivel individual, acceder a esos fondos europeos, sin necesidad de formar parte de ningún gran proyecto?

– Existen las dos posibilidades. De hecho, en un proyecto de gran envergadura se exige que las grandes empresas vayan de la mano de un mínimo número de pymes. Pero además habrá convocatorias específicas para pymes con las mismas líneas que la gran empresa: la digitalización y la sostenibilidad del medioambiente.

– En esta misma línea, Ximo Puig incide en la colaboración público-privada. ¿Por qué es tan importante?

– El fondo prentende transformar la economía y la sociedad europea. La empresa es la piedra angular sobre la que girará toda la transformación de Europa.

Además, a la hora de movilizar recursos, hay que tener en cuenta que el objetivo es que por cada euro público se movilicen cuatro euros privados. El efecto multiplicador que tendrían esos 140.000 millones supondría la creación de miles y miles de puestos de trabajo.

– Por otra parte, el dinero que llega en forma de transferencia a España no cuenta como deuda para los Estados, pero hay que devolverlo…

– Existe una diferencia con respecto a la anterior crisis en la que cada país se tenía que endeudar. Ahora quien se endeuda es Europa y lo hace solidariamente para intentar ayudar a quién más lo necesita.

«Todavía no es el momento de pensar cómo se van a devolver porque dependerá de cómo se reactive la economía. Pero el dinero habrá que devolverlo»

De hecho, España recibe prácticamente el doble de su peso económico en la UE. Evidentemente habrá que devolver esos recursos y existe un margen para que cada Estado pueda jugar con sus sistemas impositivos de la manera que considere más oportuno.

Es cierto que todavía no es el momento de pensar cómo se van a devolver porque dependerá de cómo se reactive la economía. Pero el dinero habrá que devolverlo.

– En la Comunitat Valenciana se ha creado una oficina para gestionar esos fondos. ¿Cuál será su función?

– Con esta oficina hemos intentado replicar el modelo del Gobierno central, donde se ha creado una oficina que depende directamente de Moncloa. El president, Ximo Puig entendía que fuera un instrumento que debía de depender de Presidencia de la Generalitat y como tal, orgánicamente, depende de mi dirección general.

De todas formas, el trabajo está siendo muy colaborativo con todas las consellerias. De hecho, el Ministerio que más recursos va a recibir es el de Transición Ecológica que sería el equivalente a la Conselleria de Medioambiente. Esta cartera probablemente, sea la que más recursos gestionará, solo que la coordinación del propio plan la afectuará mi dirección general y la oficina de recuperación.

Luego viene la segunda derivada, ahora es tiempo de conseguir los recursos, pero después hay que ejecutarlos en tiempo y forma. De hecho, aquellas comunidades autónomas que no lo consigan se les penalizará.

La Comisión Europea va a pedir cuentas al Gobierno y este es el responsable de que consigamos, no solo gastarnos el dinero, que ya es un reto, sino los objetivos que se han marcado con la propia Comisión. Con lo cual, si alguna autonomía falla, provocará que España falle. Por ello, podremos encontrarnos que aquellas comunidades que hayan gestionado bien y se hayan mostrados solventes tengan que asumir recursos que otras están teniendo dificultades para poder gestionarlo.