La Comisión Europea lo tiene claro, es necesario empezar a preparar el terreno para afrontar el aumento de quiebras que se podría producir cuando se vaya retirando el apoyo público a las empresas, un colchón que las ha mantenido a flote durante la pandemia.

Si bien, es consciente de que aún no ha llegado ese momento, tal y como ha señalado Paschal Donohe tras la reunión telemática de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona.

«Existe el riesgo inherente de retirar el apoyo demasiado pronto, en lugar de retirarlo demasiado tarde», ha señalado literalmente.

El Eurogrupo cree que es necesario mantener el apoyo presupuestario «tanto tiempo como sea necesario»; aunque confía que, a medida que se vaya saliendo de la crisis sanitaria, la respuesta a la crisis «tendrá que adaptarse gradualmente», pasando del apoyo de emergencia que se ha concedido hasta ahora a medidas más específicas para la recuperación.

Una recuperación gradual que será apoyada y reforzada por el Fondo de Recuperación conjunto, el FRR, que entrará en vigor el 18 de febrero.

El 75% de las empresas de hostelería ha sufrido problemas de liquidez

Los ministros de la eurozona admiten que el apoyo fiscal proporcionado hasta ahora en forma de avales, líneas de crédito, excepciones fiscales o moratorias, entre otras medidas, ha ayudado a mantener a las empresas a flote pese a las restricciones por el coronavirus, pero a medida que estas desaparezcan o se reduzcan el riesgo de quiebra e insolvencia reaparecerá.

Según la Comisión Europea, sin este apoyo, el 23 % de las empresas de la UE habría tenido problema de liquidez al final de 2020 tras agotar sus colchones y la proporción varía por sector, desde el 8% en la manufactura de equipos informáticos, hasta el 75% en la hostelería y restauración.

«Tenemos que evitar un gran aumento de insolvencias y (para ello) será crucial gestionar con cuidado la retirada del apoyo público», dijo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, tras la reunión.

Para ello, aseguró, lo primero será transitar «gradualmente de un enfoque general a acciones más específicas, haciendo la distinción, que no es fácil, entre las empresas viables y las inviables».

Y al mismo tiempo, añadió, habrá que «preservar un canal efectivo de crédito, especialmente para las más pequeñas» y «organizar una salida ordenada» de aquellas firmas que se consideren inviables.

«Tenemos que tomar la decisión adecuada para atajar los retos de insolvencia del sector en los próximos meses y años con las implicaciones sociales en mente: lidiamos con empleos y personas, no solo entidades abstractas», ha subrayado Gentiloni.

Distinguir las viables de las que no lo son

En este sentido, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño ha confirmado que el Gobierno, trabaja junto al Banco de España y la banca para identificar aquellas empresas que «eran viables antes de la pandemia» pero cuya situación de solvencia se ha debilitado por la crisis y ahora pueden encontrarse en una posición de «sobreendeudamiento» que amenace su recuperación.

Calviño ha añadido que el Gobierno español está trabajando con el Banco de España y el sector financiero en un paquete de ayudas directas para «aliviar la carga financiera de las empresas viables» que espera sea aprobado en el mes de marzo.

Se trata, dijo, «de identificar cuales son las empresas que eran fundamentalmente viables antes de la llegada de la pandemia y cuya situación de solvencia se puede ver debilitada como consecuencia de la caída de la actividad y encontrarse en una situación de sobreendeudamiento que pueda suponer un lastre para su recuperación».

La cuestión de fondo es cómo garantizar la solvencia de aquellas empresas que habrían sido viables de no ser por la pandemia, mientras que se deja caer de forma ordenada a las que hubieran quebrado de todas formas.

En este complejo ejercicio de distinción los países prevén contar con la experiencia del sector privado, según señalaron fuentes del Eurogrupo esta semana.

Los ministros volverán a abordar la cuestión en su reunión de abril, donde se espera que debatan sobre las legislaciones de insolvencia nacionales, que difieren mucho de un país a otro, y «tendrán que ser flexibles para minimizar el daño económico», dijo Donohoe.

El nuevo paquete que prepara el ejecutivo de Sánchez irá en línea con la actualización del marco temporal de ayudas de Estado que ha adoptado la Comisión Europea, que permite ayudas por empresa de hasta 1,8 millones de euros o «la realización de quitas y otros instrumentos financieros, por ejemplo préstamos participativos, para apoyar la solvencia de empresas».

«Es decir, estamos en el proceso de aprobar un nuevo marco más amplio que puede dar un catálogo mayor y una mayor magnitud en la ayuda al tejido productivo», ha explicado la vicepresidenta de Asuntos Económicos.

Más deberes para España

Por otro lado, Calviño ha apuntado que todavía quedan «unas semanas» de trabajo con Bruselas para «terminar de perfilar los detalles» del plan de recuperación español –que incluirá las reformas laboral y de pensiones–, que el Gobierno tiene la intención de remitir a las autoridades europeas en marzo para que sea aprobado «en el mes de junio e este año».

Será en ese momento cuando la UE dé el visto bueno a ese plan de reformas e inversiones, cuando España podrá recibir un anticipo de unos 10.000 millones de euros, pero la vicepresidenta de Asuntos Económicos ha preferido no aventurar la fecha exacta porque dependerá de la estrategia de emisiones que siga el Ejecutivo comunitario.

Bruselas, según la vicepresidenta económica, tendrá que realizar un análisis «serio, responsable y riguroso» de los planes de recuperación que envíen todos los Estados miembros para garantizar que «resulta en un fuerte crecimiento no solo en el corto plazo, sino también en el medio y largo plazo».