En 2021 se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad en España que obliga a presentar a las empresas un informe detallado con los principales datos en materia de información relacionada con el modelo de negocio, aspectos medioambientales, cuestiones relativas al personal, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno.

Hasta la fecha, la obligación únicamente ha sido de aplicación para aquellas compañías de gran tamaño que cumplieran una serie de requisitos relacionados con su fuerza laboral, el importe neto de la cifra de negocio y las partidas de su activo. Pero desde enero de este año, la obligación de presentar este informe se amplía al ámbito de las compañías a partir de 250 empleados, lo que, en la práctica, supone  abrir el abanico a buena parte del tejido de la mediana empresa española. Pero ¿cómo de preparadas están las empresas hoy para afrontar este mandato con la solvencia necesaria?

Lo cierto es que más allá de la gran empresa, el desconocimiento de esta ley resulta todavía palpable. Según cifras que manejamos desde Grant Thornton, cerca del 52% del mid market nacional reconoce no conocer los requisitos que se precisan para realizar un Estado de Información no Financiera. Un problema que se ve agravado por la inexistencia de sistemas internos de reporte que dificulta la recopilación de una información ya de por sí muy heterogénea que aplica a distintos departamentos. Hablamos de una información que se encuentra al mismo nivel quede todo lo referido a la evolución económica que deberá ser verificada de igual manera por un prestador independiente de servicios de verificación.

«Los EINF  son algo más que un complemento para evitar posibles sanciones de la Administración, ofreciendo una serie de ventajas que van más allá de la obligatoriedad normativa»

Del mismo modo que para la información financiera se precisa de una estructura definida, hay que tener en cuenta que para los EINF se requiere también de un conocimiento previo de los estándares de indicadores clave que puedan ser generalmente aplicados y que cumplan con las directrices de la Comisión Europea en esta materia, así como con los estándares de Global Reporting Initiative.

El desconocimiento de la norma no eximirá de penalizaciones, por lo que resulta imprescindible estar preparado. Las compañías de tamaño mediano se podrían enfrentar el año que viene a multas que pueden variar de los 1.200 a 60.000 euros. Incluso podría llegar hasta los 300.000 euros para sociedades cuyo importe anual de negocio es superior a seis millones de euros.

Pero los Estados de Información no Financiera son algo más que un complemento para evitar posibles sanciones de la Administración, ofreciendo una serie de ventajas que van más allá de la obligatoriedad normativa. Es importante tener presente que la sostenibilidad no es solo una cuestión de reputación. La sociedad y los inversores demandan ya actuaciones socialmente responsables medibles y reales. Son muchos los ejemplos en este sentido.

«La atracción de capital no es la única ventaja que ofrece la medición de los parámetros no financieros»

A nadie se le escapa que nos movemos en un contexto en el que la responsabilidad social está ganando cada vez más peso en el ámbito empresarial. Son muchos los inversores que consideran ya un requisito imprescindible conocer la evolución de las compañías en relación a su cumplimiento en materia de actuaciones sociales y medioambientales. Las políticas puestas en marcha en este sentido y su correcta medición constituyen un elemento diferenciador en la toma de decisiones.

Lo mismo ocurre con las entidades financieras. La gran mayoría de los bancos están ya integrando los criterios ESG en los programas financieros destinados a empresas, una muestra más de la importancia que tiene la información no financiera en la evolución directa del negocio.

La atracción de capital no es la única ventaja que ofrece la medición de los parámetros no financieros. Las grandes empresas están exigiendo a toda su cadena de proveedores conocer las medidas puestas en marcha en este sentido, estableciéndolo como una condición insalvable para la homologación como proveedor autorizado.

Los concursos y licitaciones públicas, el acceso a los cada vez más demandados bonos verdes e incluso poder optar a los Fondos Europeos tienen a la información no financiera como gran elemento vertebrador. No es de extrañar que, de los 750.000 millones aprobados recientemente por Bruselas para el fondo de recuperación europeo, un 37% estén destinados a proyectos que profundicen en el ámbito de la sostenibilidad.

Las empresas que son capaces de integrar la sostenibilidad en su estrategia y gestión están demostrando que son más resilientes para generar valor a corto, medio y largo plazo. De esto no hay duda, y ahora más que nunca conviene estar preparado.