Sábado, 27 de Abril de 2024
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Sanciones de 175.000 € a empresas por obstruir inspección y por empleos ERTE

Sanciones de 175.000 € a empresas por obstruir inspección y por empleos ERTE

El Consell ha autorizado imponer sanciones a dos empresas por importe de 150.000 euros por obstruir la labor de inspección y de 25.000 euros por no incluir en el ERTE a trabajadores fijos discontinuos.

Son sanciones muy graves en materia de relaciones laborales, propuestas por la Conselleria de Economía y Trabajo a dos empresas de la Comunitat Valenciana que fueron visitadas por la Inspección de Trabajo, ha informado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras el pleno del Gobierno valenciano.

La sanción de 150.000 euros recae en un empresario de Alicante que, durante una visita de la Inspección a la mercantil, se negó ante el inspector y el subinspector de trabajo a aportar identificación de todas las personas que se hallaban en el interior de su empresa, que huyeron ante la presencia policial por la cubierta de la nave.

De las 24 personas presentes en el lugar de trabajo en las imágenes de las cámaras, dos de ellas son el padre y hermano del empresario, siete fueron interceptadas por la Policía en su intento de fuga, y de los 15 restantes, el empresario no aportó identificación alguna. El acta fue levantada por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante el 20 de marzo de 2020.

La otra sanción, por un importe de 25.001 euros, ha recaído en una empresa del sector servicios al no incluir en el ERTE presentado para sus trabajadores fijos-discontinuos a los de su centro de trabajo de Gandia, como se le había requerido por parte de la inspección de trabajo.

Se trata de un infracción administrativa de grado medio en materia de relaciones laborales, al proceder a la suspensión de los contratos de trabajo de, al menos los trabajadores fijos-discontinuos anteriormente mencionados, por causas de la producción (se les comunica a todos y cada uno de ellos descenso y cancelaciones de reservas ocasionadas por COVID-19) sin acudir a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.


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