El sector de la auditoría de cuentas realizó 63.477 trabajos en 2019, un 3,2 % más, y aumentó su volumen de facturación un 5,18 %, hasta cerca de 700 millones de euros, según el último informe que publica el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía.

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España destaca los «buenos datos» del último ejercicio, en el que el sector evidenció su recuperación, pero muestra su preocupación de cara al futuro ya que la crisis del coronavirus supondrá «con toda seguridad, un cambio de tendencia».

A tenor del documento que maneja la patronal, los auditores realizaron 63.477 trabajos en 2019 frente a los 61.428 del año anterior; de ese total, 1.361 fueron a entidades de interés público, lo que supone una caída respecto a las 1.412 de 2018. Con todo, el volumen de facturación se incrementó en cerca de un 5,2 %, pasando de los 663 millones facturados en 2018 a los casi 700 millones del último ejercicio.

El informe también muestra una recuperación en el número de profesionales a cargo de auditores, 17.679, lo que sitúa el dato en niveles previos a la crisis financiera.

Se mantiene, además, el número de auditores inscritos en el Registro Oficial, 21.355 frente a los 20.997 de 2018, indica el Instituto, que celebra que el sector mejore en igualdad de género y cuente con una presencia femenina cada vez más elevada. De hecho, en la última convocatoria del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) aprobaron más mujeres (105) que hombres (103).

Con motivo del contexto perfilado por la pandemia del coronavirus, los auditores aprovechan para recordar las lecciones que dejó la crisis financiera, cuando los informes emitidos se redujeron en casi un 15 %.

De volver a producirse este fenómeno, afectaría negativamente «a la transparencia de nuestro tejido productivo, que necesita más que nunca la financiación de terceros para sobrevivir», afirma el presidente del Instituto, Ferrán Rodríguez. Y avisa: «una reducción en el número de auditorías dificultará el acceso a estos recursos e incrementará de forma exponencial el riesgo de fraude».

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