El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado este martes, con los votos de PSPV-PSOE y Compromís, una moción para defender la suficiencia financiera y la autonomía presupuestaria de los ayuntamientos.

La propuesta, debatida en una sesión plenaria por vía telemática correspondiente al mes de agosto, nace en el contexto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para contribuir a la recuperación económica del país tras los efectos negativos generados por la pandemia de la Covid-19, según ha informado la institución provincial.

En el texto impulsado por el equipo de gobierno se solicita la tramitación del Real Decreto Ley 27/2020 de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente aplicable a las entidades locales como Proyecto de Ley para que pueda ser objeto de enmienda por parte de los grupos representados en las Cortes Generales, con el objetivo de conseguir el mayor grado de consenso posible.

Se trata de una moción en la que también se insta al Gobierno central a derogar la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria aprobada en la primera legislatura del presidente Rajoy para que sea sustituida por otro texto legal «menos hostil con los ayuntamientos, que incluya unas reglas de gasto más flexibles que las actualmente vigentes».

Además, se reclama que el ejecutivo central «permita a los municipios disponer de los superávits de 2019 y los remanentes acumulados, para hacer frente a los gastos derivados de las medidas de reactivación socioeconómica o de emergencia que hay que llevar a cabo», han indicado las mismas fuentes.

El equipo de gobierno de la Diputación, que considera que el Real Decreto Ley 27/2020 contiene aspectos «muy positivos» como las ayudas de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos o la no exigencia del cumplimiento de la regla de gasto para 2020, ha apelado al consenso de los grupos representados en el parlamento, a los que ha solicitado «un esfuerzo para alcanzar una acuerdo que satisfaga los intereses y las necesidades de las entidades locales».

El diputado del PSPV-PSOE, Santiago Agustí, ha destacado que el Real Decreto «no suspende la utilización de los remanentes, sino que garantiza la liquidez de las administraciones», y ha añadido que «todos queremos reconducir la ley aprobada en tiempos del señor Montoro, pero hay que tener en cuenta que se trata de una ley orgánica y que, dada la situación, era necesario actuar con urgencia».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha manifestado que «este no es el momento de políticas de austericidio» y ha defendido que «los ayuntamientos de nuestros pueblos y ciudades puedan disponer de sus recursos económicos» para ser el «motor de la reconstrucción en nuestras comarcas desde un paradigma de proximidad».