La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado la propuesta de Hacienda para que los ayuntamientos puedan hacer uso de parte de su superávit que ha levantado más de una suspicacia. De hecho, la votación que fue aplazada la semana pasada, ha arrojado un empate a 12 votos: a favor (PSOE) y en contra (PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos), además de una abstención (Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns).

De este modo, el voto de calidad del presidente socialista de la federación, el también alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, que negoció la propuesta con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha resultado determinante para aceptar la iniciativa.

En concreto, la propuesta incluye una aportación de 5.000 millones de euros (2.000 para este año y 3.000 para el próximo) para los ayuntamientos que pongan a disposición del Ejecutivo central sus remanentes. Asimismo, las diputaciones podrán formalizar préstamos y realizar transferencias finalistas no reintegrables a administraciones locales que se encuentren en una situación económica vulnerable.

El acuerdo contempla también mantener la utilización del superávit tal y como se ha venido haciendo hasta ahora y, en este sentido, prevé utilizar el de 2019 para gastos de 2020. Se prorroga para 2020 la regla especial del destino del superávit de 2019 y también se prorroga el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles iniciadas en 2019 con cargo al superávit de 2018.

Abel Caballero ha subrayado que, en este sentido, el acuerdo abre la posibilidad de que los Gobiernos Locales elijan “a la carta”, pudiendo optar por la fórmula de cesión de sus remanentes, por la tradicional del superávit o por una mezcla de ambas, “es compatible, según el acuerdo, el uso de remanentes y superávit”.

El acuerdo prevé igualmente exención de la regla de gasto en 2020 y también mecanismos de apoyo a municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero. Para estos, en concreto, abre dos posibilidades: una a través de las Diputaciones Provinciales y Entidades equivalentes (mediante formalización de préstamos o transferencias corrientes) y otra que contempla el compromiso de revisar las condiciones financieras de los préstamos del Fondo de financiación a estos Ayuntamientos.

De momento, tanto Alicante como València aprobaron en el pleno de la corporación destinar buena parte de sus remanentes a amortizar deuda municipal, por lo que el alcalde de València, Joan Ribó ha manifestado su deseo de «esperar a ver cómo se traduce este acuerdo en la práctica y ver la letra pequeña».

«La propuesta que aprobamos el pasado jueves prevé dedicar más del 95% del remanente municipal (ahorros) a amortizar deuda, que es una posibilidad legal que tenemos los ayuntamientos», ha explicado. «Aprobamos en el Pleno está posibilidad porque estábamos viendo que ya en pleno agosto la situación no avanzaba, y además la reducción de la deuda no permitirá el año que viene acceder a créditos para gastos de inversión».

Si bien, ha reconocido que esta opción «todavía no está ejecutada, solo está aprobada por el Pleno», ha subrayado el alcalde.

También ha valorado Ribó que este acuerdo aprobado por la FEMP contemple una prórroga del sistema del superávit y mantenga las entregas a cuenta, al tiempo que habilita un fondo de transporte que se concretaría en 400 millones de euros.