Frente a la sentencia del Tribunal Supremo que valida el convenio de hostelería de la provincia de Alicante, el sindicato CCOO remarca que seguirán trabajando para limitar las desigualdades que supone la subcontratación de servicios. Señalan que «aunque la sentencia del Supremo no ve discriminatorio el convenio, sí que abre la puerta a que durante la negociación colectiva se puedan poner límites a la externalización».

Apunta Patricia Carrillo, secretaria general de Servicios de CCOO en Alicante que seguirán «insistiendo en ponerle freno» a lo estipulado en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (artículo que versa sobre la subcontratación) y que lo harán «con voluntad de negociación y defendiendo siempre a los trabajadores de estas empresas».

El Tribunal Supremo publicaba esta semana la sentencia que desestima el recurso presentado por el sindicato y confirma la legalidad de este convenio colectivo. En especial, la denuncia de CCOO se centraba en el artículo 20 del acuerdo, el cual regula la externalización productiva para el sector de la hostelería de esta provincia y que tiene especial afectación sobre las camareras de piso, las Kellys. La sentencia llega dos años después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se pronunciara sobre el ajuste a la legalidad del convenio colectivo.

En dicha ocasión, explica Carrillo, se logró invalidar algunos aspectos del convenio vinculados a la temporalidad de las contrataciones y a la figura de los fijos discontinuos, sin embargo, no se consiguió limitar la subcontratación. Pese a ello, sí que se acordó una equiparación salarial de los trabajadores externos.

El ponente de la sentencia, el magistrado Ricardo Bodas Martín, realiza un repaso en su sentencia y no encuentra ningún motivo para el recurso presentado. Interpreta que «los negociadores del convenio, conscientes de las eventuales consecuencias discriminatorias en materia salarial, así como de la competencia desleal que pueden provocar en el sector estos procesos de externalización, convinieron evitar dichos efectos negativos».

Expone Carrillo que pese a que se igualen salarios, hay «condiciones generales del convenio que demuestran que al final no es lo mismo pertenecer a las empresas o estar subcontratado», lo que demuestra la «discriminación» patente en el convenio. Una desigualdad, indica, que se ha hecho patente durante la crisis del coronavirus, donde las camareras de pisos subcontratadas han tenido mayores dificultades para acceder a prestaciones por los ERTE.

A su vez, apunta a malas prácticas de las empresas hosteleras, las cuales rebajan la categoría profesional de las camareras de piso, situándolas como auxiliares de limpieza con lo que su basa salarial es menor. «Una práctica que puede suscitar litigios, pero que casi nunca se denuncia», apunta Carrillo.

El convenio validado por el Supremo tiene validez hasta final de este año, con lo que deben comenzar las negociaciones para un nuevo convenio colectivo de hostelería de la provincia de Alicante. «De cara al nuevo convenio seguiremos insistiendo en ponerle freno a la subcontratación», concluye Patricia Carrillo.