Desde la declaración del estado de alarma, en respuesta a denuncias de trabajadores y sus representantes, la Inspección de Trabajo ha emitido en toda España 4.500 requerimientos a empresas advirtiendo sobre el necesario cumplimiento de las disposiciones dictadas por el Ministerio de Sanidad para la prevención del contagio de la COVID-19. De ellas, casi 300 han tenido lugar en la Comunitat Valenciana, tal y como ha concretado el Ministerio de Trabajo a Economía 3.

Además, ha remitido 1.800 comunicaciones a empresas de la Comunitat de determinados sectores de actividad previamente seleccionados, informando sobre medidas preventivas del contagio.

Si bien ahora trataría de dar un paso más. El Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), acaba de lanzar una propuesta normativa que, según ha podido saber este medio, de aprobarse supondría extender de oficio las visitas de Inspección en las empresas para detectar incumplimientos de las disposiciones o prácticas irregulares en los protocolos de actuación preventivos aplicados frente a la COVID-19.

Aunque Inspección de Trabajo ya está actuando cuando se denuncian irregularidades, 300 en estos tres meses –de hecho visitó en mayo tras la denuncia de CCOO-PV las instalaciones de la planta cárnica de Rafelbunyol en la que se acabó registrando un brote con varios positivos, e instó a la empresa a que adoptara las medidas necesarias para garantizar la distancia de seguridad entre su trabajadores–, de este modo, contaría con una habilitación específica para actuar de oficio en el ámbito de la seguridad y salud relacionado con la COVID-19, como ya ocurre en el ámbito laboral, donde mantiene una intensa campaña para detectar fraudes en los ERTE.

INVASSAT como aliado

En este sentido, a la hora de reforzar su actuación en materia de prevención de riesgos, podría servirse del apoyo de otros organismos, como el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), organismo autónomo de la Generalitat adscrito a la conselleria de Economia Sostenible.

Cabe recordar que el Invassat extiende su actuación a todas las empresas de la Comunitat en lo que se refiere a las actividades de promoción de la prevención, además de ser el instrumento de desarrollo y ejecución de las políticas en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral de la Generalitat, a excepción del sector sanitario, si bien, su carácter, tal y como detalla su subdirector técnico, Fernando Sáez, no es de «vigilancia, verificación y sancionador, como pueda ser la Inspección de Trabajo, sino que se trata de un organismo científico-técnico, orientado al asesoramiento».

De hecho, en estos 3 últimos meses ha recibido más de 9.000 consultas, no solo del sector privado, sino también del propio sector público, pues a partir de la guía elaborada por el Instituto, cada departamento de la Administración ha tenido que realizar sus planes de contingencia en función de sus puestos de trabajo.

No obstante, entiende Sáez que si la propuesta normativa de Trabajo saliera adelante, la propia Inspección podría requerir de los servicios del Invassat para un asesoramiento técnico durante las visitas. «Nosotros desde nuestra capacidad técnica, podríamos analizar si los planes de contingencia previstos por las empresas frente al coronavirus son adecuados y si se ajustan a los diferentes espacios de trabajo, ya que estos pueden ser muy dispares», concreta a Sáez a Economía 3.

La experiencia de Invassat puede ser de gran ayuda ya que el organismo dentro de sus planes de actuación, entre ellos contra la siniestralidad, viene realizando desde hace casi dos décadas visitas e informes en las empresas.

No obstante Sáez advierte de la «tremenda escasez de recursos del organismo: estamos en una situación absolutamente precaria en cuanto al personal disponible, unas 150 personas en las tres territoriales que, recordemos,  no solo se encargan de ofrecer asistencia técnica a todas las empresas del sector privado con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral, sino que desde nuestro servicio de prevención se atiende al conjunto de la Administración».

Según consta en su última memoria publicada, en 2018 Invassat contaba con 75 vacantes sin cubrir.

En cuanto al personal inspector en la Comunitat Valenciana asciende a 175 funcionarios, quienes en casos de situaciones graves o de incumplimientos graves de los requerimientos de la Inspección se vienen apoyando en las autoridades sanitarias a los efectos de la Ley de Salud Pública. «Salud Pública acude cuando se comunican resultados positivos», confirma la conselleria de Sanidad, «pero no lleva a cabo inspecciones propiamente dichas», subraya.

Los sindicatos recuerdan: todas las empresas deben tener un plan de contingencia

Desde los sindicatos recuerdan que es la propia empresa la que tiene la obligación de poner las medidas de salud laboral para hacer frente a este riesgo biológico, a través de los planes de contingencia. «Todas las empresas tienen que tener uno».

«Si existe representación de los trabajadores y delegados de prevención, es el servicio de prevención quien elabora estos protocolos de seguridad, pero el 90% de las empresas tienen este servicio subcontratado», apunta Marisa Baena, secretaria de Salud Laboral, Medioambiente y Cooperación de UGT PV.

«La situación ideal es que participen tanto empresarios como delegados de prevención, se adapte el protocolo y se consensúe. Eso da mucha más seguridad a los trabajadores, porque lo reconocen como propio al haber participado de primera mano». «Pero en muchos casos –lamenta la representante sindical– el documento se pasa a la empresa y esta a los trabajadores y se pone en marcha, aunque muchas veces no se ajuste a la realidad del trabajo de los empleados, por ello apostamos por la participación y el diálogo «. Desde el 14 de marzo UGT PV ha recibido más de 800 consultas relacionada con prevención de riesgos laborales.

En este sentido, también añade Daniel Patiño, responsable de Acción Sindical de CCOO PV, que en empresas más pequeñas, «donde no hay representación, algunos trabajadores acuden al sindicato para asesorarse, porque hay muchas más carencias y menos posibilidades de participación, además de la carga de trabajo añadida que está suponiendo su implementación, que no se llega a valorar lo suficiente».

Ponen en evidencia los sindicatos que las plantillas de inspección son exiguas, sobre todo si nos comparamos con otros países de Europa. «Pedimos que se amplíen sus plantillas: sea de oficio o a instancia de parte, debería haber el suficiente personal para los controles, ya que a veces desde que pones una denuncia hasta que pueden acudir pasa un tiempo decisivo».