La arquitectura de liquidez del Gobierno empieza a cobrar forma. La Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha trasladado esta tarde a los responsables autonómicos de Empleo que el Ejecutivo utilizará el dinero de la cuota de Formación Profesional de manera puntual para pagar prestaciones.

Desde la Conselleria de Economia, se ha explicado que la decisión se toma para dar una respuesta inmediata al volumen de demanda que hay en estos momentos para atender la emergencia socioeconómica de la crisis. El dinero está destinado a toda la población, no solo para el colectivo joven.

Desde la Generalitat, el secretario autonómico de Empleo Enric Nomdedéu ha recalcado que el uso de los fondos de políticas activas para sufragar políticas pasivas, es puntual, y ha de ser revisable en el corto plazo. Nomdedéu se ha referido así a la modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por la que, de manera excepcional, permitirá que la cuota de formación profesional para el empleo que pagan empresas y trabajadores se destine a financiar las prestaciones. Por este concepto, la Comunitat recibirá 100 millones de euros para políticas de empleo durante este año

La modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por la que, de manera excepcional, permitirá que la cuota de formación profesional para el empleo que pagan empresas y trabajadores se destine a financiar las prestaciones.

La propuesta se ha informado en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo que se ha celebrado esta tarde de manera telemática. Durante la reunión el responsable de Empleo ha subrayado que «estamos viviendo una situación excepcional y los servicios autonómicos de empleo debemos de ser solidarios con el pago de las prestaciones”. No obstante, ha matizado que esta “cesión” es algo provisional y debido a la excepcionalidad del momento.

“Los fondos deben recuperarse con un ajuste entre Ministerios, y deben estar a disposición de las autonomías en un breve plazo de tiempo”, ha continuado. No obstante Nomdedéu ha informado que las autonomías se ha emplazado a una nueva Conferencia próximamente para tratar todos los temas.

Por otra parte, Enric Nomdedéu ha manifestado en el transcurso de la reunión la necesidad de que la formación profesional ocupacional, siga en el ámbito del Ministerio de Trabajo, ya que, como ha expresado es “su espacio natural, y dónde se trabaja conjuntamente con los agentes sociales”.

Por último, el director general de Labora ha destacado la colaboración con el Estado para agilizar al máximo los trámites para la gestión de los ERTE con el apoyo del funcionariado de Labora para resolver los expedientes lo más pronto posible y que las personas puedan cobrar la prestación.

Perspectiva nacional

En total, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha acordado distribuir a las Comunidades Autónomas (CCAA) 1.048 millones de euros para políticas activas de empleo, una medida que apoyan la mayor parte de las Comunidades, según la votación realizada.

Según la información facilitada por el Gobierno, el Ministerio de Trabajo repartirá a las CCAA el 90% de los fondos públicos, en un contexto de enorme dificultad dado que el Ministerio de Trabajo «no sabe cuánto será capaz de recaudar» pero queremos «avanzar a las CCAA el reparto de 1.048 millones de euros«, ha añadido Díaz.

Este reparto queda condicionado a una valoración final de cómo se cerrará el ejercicio, y el Ministerio estará en disposición de celebrar una nueva conferencia sectorial. La novedad en esta distribución territorial de los fondos es la flexibilidad de los mismos. Dada la excepcionalidad de la pandemia, se acordó que estos recursos tengan una enorme flexibilidad, atendiendo cada consejero y consejera a su realidad territorial.

«De esta forma tendrán más margen de disponibilidad para decidir en qué dirección utilizan los recursos públicos en esta situación excepcional».