La situación actual impuesta en España tras el decreto del Estado de Alarma por parte del Gobierno, debido a la propagación del COVID-19, ha impuesto la necesidad de adaptar las empresas y entidades a un nuevo escenario de trabajo. En este sentido, la Administración Pública debe llevar a cabo la contratación de manera electrónica, a través de las diferentes plataformas creadas para tal fin.

Con el objetivo de facilitar esta labor “y de contribuir al mantenimiento de la economía de nuestro país”, la empresa especializada en contratación pública Armilar, ofrece de forma gratuita su servicio ‘Soporte Experto’, a través del cual se resuelven las dudas sobre las diferentes plataformas de contratación pública.

Diogo Palhinha, gerente de Armilar.

Desde la aprobación de la LCSP 8/2017, la Administración Pública tiene la obligación de llevar a cabo la contratación de manera íntegramente electrónica. Un hecho que hasta la fecha se había materializado en no muchas administraciones.

Pero es ahora, ante el contexto social planteado, tanto a nivel nacional como internacional, cuando las entidades públicas se han visto en la tesitura de reflexionar y avanzar a marchas forzadas en este sentido, para poder seguir de este modo desarrollando su labor durante el tiempo que dure el confinamiento. Hablamos de ello con el gerente de Armilar, Diogo Palhinha.

-¿Están las empresas preparadas para realizar los trámites online?

-Todavía no están preparadas. Hay varios motivos que lo explican. El primero es la falta de conocimiento sobre la nueva ley. Esta tiene ya dos años pero sigue siendo una novedad para muchas empresas.

Por otro lado, y también deriva de lo que impone la ley, es la dificultad de encontrar información. La información de las licitaciones está dispersa por los distintos portales de las diferentes comunidades autónomas y la plataforma central del estado (PLACSP). Además, el hecho de licitar de forma electrónica de por si es una novedad.

Por último, lo más importante, quizás, la interoperabilidad entre las distintas plataformas de las administraciones. Cada plataforma de licitación tiene su forma de trabajar. Una falta de interconexión, tanto en las plataformas públicas como privadas.

-Entonces no estarían preparadas las empresas, pero tampoco la administración pública para dar respuesta…

-La administración pública a día de hoy cerca de un 52 % están realizando licitación electrónica. La ley obliga a todas las administraciones a utilizar plataformas de licitación electrónica pero aún no es una realidad. Esto indica que los organismos públicos tienen dificultades.

-¿Cuáles son las principales dudas que plantean las empresas españolas en este sentido?

-Las principales dudas son en primer lugar cómo buscar licitaciones. Hay varios portales, la información está ubicada en distintos lugares lo que supone una dificultad. Lo que nosotros recomendamos es tener un servicio que centralice todas las oportunidades, que puedan encontrar y recibir las mejores oportunidades para su área de negocio.

Por otro lado, el tema de la interoperabilidad. Nuestra opinión es que el Gobierno debería empezar un proceso de estandarización y homologación de plataformas con procesos de certificación y auditoría de esas mismas plataformas, lo cual sería beneficioso. Esto garantizaría que la interoperabilidad empiece a ser una realidad.

-En esta línea, un problema que deriva es la seguridad. ¿Hay buenos sistemas de ciberseguridad tanto en empresas como en administración? ¿Qué recomiendan a las empresas?

-Está más que demostrado que el proceso es seguro. Con sistemas como el cifrado de la información o los certificados de firma electrónica, hay evidencias que muestran que los procesos electrónicos aportan más garantías de seguridad que los tramites realizados con el proceso tradicional.

Creo que el mensaje y recomendación a las empresas es de que deben de confiar en las plataformas existentes y sobre todo prepararse para licitar electrónicamente, es decir, hacer sus labores con antelación y garantizar que están efectivamente preparados para el uso de los varios sistemas.

Por otro lado, lo que he comentado anteriormente, la estandarización y homologación de plataformas por parte del Gobierno, ayudará a la interoperabilidad y también muchísimo en temas de seguridad, sobre todo si se introduce, por ejemplo, las certificaciones y auditorías a las plataformas.

-Por último, preguntarle si podría situarme en dicho escenario a la Comunitat Valenciana. ¿Está la preparada para afrontar ese paso a lo digital?

-La Comunitat Valenciana es una de las que tiene más implantación en la licitación electrónica. Fue una de las pioneras en este campo, desde 2015, que empezó con proyectos de licitación electrónica. Hay buenos ejemplos como la central de compras de la Generalitat o el Ayuntamiento de Alzira.

Otros ejemplos serían Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), el Ayuntamiento de Orihuela o el de Ribaroja del Turia, entre otros. Sentimos que la Comunitat estaría preparada para afrontar el paso a lo digital.