Esta semana, el ministerio de Trabajo reunirá de nuevo a la patronal y los sindicatos para negociar la derogación de la reforma laboral del Partido Popular del 2012. Segunda reunión de la mesa de diálogo social que celebra el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos tras haber acordado el martes pasado subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros.

La negociación, según señala la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se plantea en dos fases. Una primera en la que se abordarán las cuestiones más urgentes incluidas en el acuerdo de Gobierno de ambas formaciones políticas, y una segunda para los aspectos «más complejos». Preguntamos a los sindicatos por cuáles son, en su opinión, estas medidas prioritarias que deberían acometerse en relación a la reforma laboral.

Ambas agrupaciones mayoritarias, UGT y CCOO, coinciden en señalar la derogación del apartado D del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, priorizar los convenios sectoriales por encima de los de empresa y recuperar la ultraactividad, como los elementos claves en la negociación de la reforma laboral. «El objetivo tendría que ser reequilibrar la relaciones laborales y limitar determinados abusos empresariales que hoy por hoy campan a sus anchas», expone Daniel Patiño, responsable de Acción Sindical en CCOO PV.

Despido por absentismo

Por encima de todo, «de primera urgencia», señala Lola Ruiz Ladrón de Guevara, secretaria de Acción Sindical de UGT PV, está la derogación del apartado D del artículo 52, un apartado «sangrante e injusto», asevera Ruiz, que permite el despido por absentismo.

Concretamente, según reza el texto del Estatuto de los Trabajadores, se permite la extinción del contrato por «faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos», cumpliendo además que en los años anteriores se hayan producido otras situaciones similares.

El despido por absentismo existe en el Estatuto de los Trabajadores desde que se redactó en 1980, si bien la reforma laboral del PSOE de 2010 facilitó su uso y la del PP, en 2012, lo hizo aún más sencillo.

De momento, como ha informado Efe, la primera medida que tiene previsto aprobar en breve el Gobierno por decreto ley no ha sido negociada con los agentes sociales. La norma, que deroga el citado apartado del artículo 52, ya está redactada y se trasladó a patronal y sindicatos en la reunión para cerrar el acuerdo del salario mínimo.

Este asunto no formaba parte de lo que el PSOE había definido en la anterior legislatura como los aspectos más lesivos de la reforma de 2012, pero saltó a la actualidad tras una sentencia del Tribunal Constitucional que lo avalaba.

Los sindicatos confían en la voluntad del Gobierno

Ambos sindicatos confían en que el nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez acometa la derogación de la reforma laboral, sin embargo, desconfían del papel que pueda jugar la patronal en las negociaciones.

«Voluntad por parte del Gobierno hay. Pero como todo, es una negociación y hay muchos intereses», señala Patiño, quien celebra que la CEOE haya entrado a negociar y acordar la subida del SMI aunque se muestra cauto ante la continuidad de que continue esa dinámica. «Creo que están entendiendo que el escenario político es diferente, el escenario económico es diferente y el escenario laboral ha de ir acompasado a esas dos dimensiones. Somos optimistas pero con cautela», indica el responsable de Acción Sindical de CCOO PV.

Por su parte, Lola Ruiz indica que sí ve voluntad por parte del Gobierno de Sánchez, e incluso por parte de la patronal en lo relacionado al artículo 52, aunque apunta a «cierta resistencia» por parte de la patronal ante otras medidas como las relacionadas a la negociación colectiva o a las indemnizaciones. «Incluso el SMI no acaban de verlo», recalca Ruiz y apunta que «son cuestiones que tampoco entendemos desde UGT porque la CEOE ha firmado con nosotros acuerdos que iban en esas líneas».

Señala como ejemplo la firma en 2018 del cuarto Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva en el que se establece que a partir de 2020 ningún convenio sectorial tuviera un salario por debajo de los 1.000 euros. «Está yendo en contra de sus propias firmas de acuerdos. Si pensáramos mal, pareciera que sus propios intereses están por encima del interés de la economía española», asevera la secretaria de Acción Sindical de UGT PV.