Empresas multiservicio

UGT teme la impugnación de convenios sectoriales en la Comunitat Valenciana

Los empresarios multiservicio han presentado una demanda de impugnación al convenio de empleados de fincas urbanas que afecta a 2.000 trabajadores

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La Asociación de Empresarios y Empresas Multiservicio (AEEM) ha presentado una demanda de impugnación al Convenio Colectivo de Empleados/as de Fincas Urbanas, algo que desde UGT PV temen que se repita en otros convenios sectoriales de la Comunitat Valencina. “Han empezado por el caso de las fincas urbanas, pero nos tememos que van a venir más”, expone Lola Ruiz Ladrón, secretaría de Acción Sindical de UGT PV, quien apunta que “tienen constancia” de un despacho de abogados que se dedicará a ello, aunque prefiere no revelar el nombre del mismo.

La fuente del conflicto se encuentra en la pretensión del sindicato de regular la externalización de servicios de modo que se aplique el convenio sectorial a aquellos empleados que son subcontratados. Algo que han reclamado en diversos convenios sectoriales como el de fincas urbanas. “En el momento en el que a una parte de la patronal no le interesa el convenio, aunque este firmado por otras patronales legitimadas, van a pretender impugnar los convenios sectoriales”, asevera Ruiz.

Se incluye en los convenios una clausura que blinda la externalización de servicios y obliga a que las empresas paguen al trabajador en relación al convenio sectorial“, añade Vicente Martínez, secretario de Política Sindical en UGT PV. El primer caso que llega al sindicato es el del convenio de fincas urbanas a través de una demanda de impugnación de la AEEM que llevará el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el próximo 22 de octubre.

Las empresas de servicios, multiservicios o de gestión integral que estén contratadas por una comunidad de vecinos deben aplicar a sus trabajadores el convenio colectivo de empleados de fincas urbanas o el convenio sectorial correspondiente. Está medida afecta a más de 2.000 empleados en la Comunitat Valenciana que han visto mejoradas sus condiciones laborales, según expone el sindicato. “No tenían ningún tipo de covenio, se les estaba pagando el salario mínimo y se les aplicaba el Estatuto de los Trabajadores. Campaban a sus anchas ya que no tenían convenios”, indica Martínez.

Situación que cambia a partir del artículo 2 del I Convenio Colectivo de Empleados/as de Fincas Urbanas aprobado para las provincias de València y Castellón en junio de 2018. De este modo, tanto a porteros y conserjes como personal de limpieza, jardineros o socorristas que estén contratados por una empresa multiservicio y presten sus servicios a una comunidad de vecinos se les aplicará el convenio sectorial correspondiente. “A partir de esta cláusula se organizan las empresas multiservicio y empiezan a contactar y presionar a todas las partes porque sus intereses económicos se ven perjudicados”, expone el secretario de Política Sindical.

Añade que la intención del sindicato “no es perjudicar a las empresas” y que por ello dieron un tiempo de aplicación de la norma para que estas pudieran “adaptarse”. El nuevo convenio colectivo de Empleado/as de Fincas Urbanas fue firmado por IntersindicalCCOO PVUGT PV y la Asociación de Propietarios y Comunidades de Propietarios de las Provincias de València y estableció un nuevo marco regulador para el sector que tendrá una vigencia de cuatro años (2018-2021) sustituyendo así al convenio de Cataluña que regulaba las condiciones laborales de los trabajadores en las provincias de València y Castellón.

Tras la aprobación del convenio, se constituyó la AEEM con tal de defender los intereses de los empresarios. “La patronal de empresas multiservicio no existía, se crea a posteriori de haber firmado el convenio”, señala Martínez quien añade que presentan la demanda porque consideran que la Asociación de Propietarios no tiene legitimidad para negociar el convenio y pretenden invalidar no solo la cláusula que afecta a la externalización, sino todo el convenio.

Por último, señala el secretario de Política Sindical que no cree que el juicio siente precedentes para futuros casos de impugnación de convenios ya que “cada caso es concreto” pero apunta que en otras situaciones similares “la razón siempre nos la suelen dar a nosotros”.

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