El acuerdo entra la Unión Europea y Mercosur ha levantado ampollas en sectores que pueden verse afectados como es el agrario en la Comunitat Valenciana. «Cualquier tratado comercial produce ganadores y perdedores», expone Ismael Sáez, secretario general de UGT PV, quien señala que lo que se debe hacer es buscar «equilibrios que permitan la mejora de la economía de quienes comparten un espacio sin aranceles  o con menos aranceles».

Esta semana el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha convocado a los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, así como a la patronal de empresarios, CEV, para recoger su opinión respecto al tratado comercial con Mercosur antes de su viaje a Bruselas para defender los intereses valencianos en este tema. Hablamos con Ismael Sáez para profundizar en la postura que mantiene el sindicato frente a este acuerdo.

Explica el secretario general de UGT en la Comunitat Valenciana que «los tratados comerciales son positivos», y, en concreto, el tratado con Mercosur «ayudará desde el punto de vista político para dar oxígeno al cono sur frente a lo que supone la política proteccionista de Trump».

También señala Sáez que Europa pasará a ser «un amigo amable» de los países latinoamericanos frente a Estados Unidos y que los mecanismos de cooperación que establece el tratado, así como las recomendaciones en materia laboral y las inversiones que se generen ayudarán al desarrollo del cono sur americano.

Intereses valencianos en el Mercosur

Respecto a los intereses valencianos, expone que es una «gran oportunidad» para los sectores del textil y para el calzado. «Todo el mundo viene diciendo que efectivamente los sectores industriales se podrían ver beneficiados», apunta Sáez aunque reconoce la afectación que tendrá sobre el sector agrario. «Efectivamente el punto débil es la agricultura», indica.

Pese a ello expone que «no se va a invadir nuestra economía de productos agrarios o ganaderos sino que va a haber unas cuotas que garantizarán cierto consumo de producto nacional». Explica, que al igual que sucede con los avances tecnológicos, los tratados comerciales «producen alteraciones en los sectores» lo que «inevitablemente lleva a la necesidad de adaptarse».

En este sentido, para el secretario general de UGT PV, el acuerdo con Mercosur también es una oportunidad para que nuestros productos entren en Latinoamérica. «Hay que hacer valer la calidad de los productos valencianos», señala Sáez y añade que el éxito de los agricultores dependerá «de que sean capaces de innovar y de la imagen de calidad de su producto que sean capaces de establecer».

Concluye exponiendo que la naranja valenciana es la que más se puede ver afectada por el acuerdo con Mercosur, a tenor de la crisis que padece el sector citrícola. El mayor punto de fricción, apunta Sáez, es la entrada de zumo brasileño «que puede inundar el mercado europeo».

Primera fase tras la descarga en una planta de procesado.

En esta misma línea, desde el Comité de Gestión de Cítricos (CGC) apuntan que pese a que el tratado de la UE con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) se anunció el 28 de junio, aún hoy ni la Comisión ni el Gobierno español han aclarado al sector citrícola las condiciones concretas del mismo.

«El Ministerio de Agricultura de Brasil, sin embargo, ya lo ha hecho», señalan y exponen que los aranceles al zumo de naranja concentrado brasileño desaparecerán progresivamente en 10 años y los del zumo 100% exprimido -que es estratégico para la industria española- lo harán antes, en 7.

Los derechos aduaneros para las importaciones de naranjas y mandarinas en fresco, a falta de mayor detalle sobre los plazos, también se eliminarán. Con tales parámetros, el CGC alerta del “impacto directo” que a medio plazo este acuerdo provocará en la actividad de las plantas procesadoras de zumo del país, lo que a su vez repercutirá mermando los ingresos de los citricultores.

La falta de un destino cierto para las, entre 650.000 y 800.000 toneladas de naranjas no aptas para el mercado en fresco que cada año se cosechan y que se valorizan con el zumo no sólo tendrá «graves repercusiones económicas» para el productor sino que amenaza con degenerar en un “problema medioambiental añadido” derivado de la gestión de los lixiviados de la fruta, concluyen desde el CGC.