La Comunidad Valenciana se ha adelantado a la directiva de la UE en la necesidad de proteger a las personas que denuncian la corrupción mediante el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la Agencia Valenciana Antifraude, o en su nomenclatura completa, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, que ha entrado en vigor hace unos días.

Los Estados miembros tienen ahora dos años para convertir la directiva en leyes internas y la Comunitat Valenciana ya cuenta con un modelo que puede servir de referencia a España para establecer esa protección, ¿cómo? gracias a la potestad sancionadora de la Agencia que desde hace unos días cuenta con la capacidad para imponer fuertes multas cuando no se cumple lo que establece la Ley.

«La Comunitat está siendo capaz de avanzar en la creación de un marco de integridad y buen gobierno», tal y como explica a Economía 3, el director de la propia Agencia, Joan Antoni Llinares.

– ¿Cómo nace la Agencia?

– Se aprueba por una Ley de 2016 del parlamento valenciano, pero empezamos a ponerla en marcha en la segunda mitad de 2017 y en marzo de 2018 nos trasladamos de un pequeño despacho en Les Corts a esta sede en la calle Navellos que, no obstante, es provisional. A lo largo de 2018 se ha ido normalizando nuestra actividad con la provisión del personal funcionarial necesario. La Agencia está constituida única y exclusivamente por personal funcionario de carrera, no existen otras fórmulas: ni eventuales, ni asesores, ni laborales… todo el personal, incluido el director, somos funcionario de las distintas Administraciones del Estado.

– ¿De qué volumen de personas estamos hablando?

– En estos momentos somos 30 personas, 31 en breve y a lo largo de este año la idea es completar la plantilla para movernos en alrededor de 38 personas.

– ¿Cómo fue designado director?

-Fui nombrado por Les Corts, a través de un proceso donde tiene iniciativa en la propuesta de candidatos la sociedad civil: en este caso a través de las entidades Fundación por la Justicia, Acción Cívica contra la Corrupción, el Observatori contra la Corrupció. Formé parte de una terna de tres candidatos a proponer a Les Corts y por una votación de mayoría cualificada y sin ningún voto en contra fui designado.

– ¿Cómo funciona la Agencia?

– Hay tres grandes áreas: La de Prevención desde donde se realizan cursos dirigidos a los diversos servidores públicos en materia de buenas prácticas, de prevención de fraude y corrupción en aspectos como la contratación, el funcionamiento de concesiones, el urbanismo, los servicios públicos, la gestión de personal y patrimonio, etc.

Es la parte de la Agencia que prefiere prevenir antes que curar, y entre los objetivos de este área está el desarrollar un Centro de Documentación donde podamos tener a disposición de todo aquel que lo necesite toda la información: libros, leyes, normas… que se promueven en este ámbito. Queremos que este Centro esté digitalizado, de modo que pueda ser consultable desde cualquier parte. Creemos que a final de año ya habrá una primera parte de desarrollo.

Y todo ello, pensado en poder ayudar al sector público a realizar sus mapas de riesgos, identificando los puntos débiles en el funcionamiento de cada Administración o empresa pública para que se puedan aplicar medidas correctoras. Partimos de que la corrupción es un riesgo y hay que evitar que se pueda plasmar en conductas. Muchos casos de corrupción se han producido por la falta de controles internos o por el funcionamiento deficitario de los mismos. Con demasiada frecuencia es la no existencia de esos controles lo que ha dado pie a que haya desviaciones o un aprovechamiento privado de recursos públicos.

La segunda área sería la de Análisis e Investigación que se encarga de atender aquellos asuntos de los cuales tenemos conocimiento y reúnen los requisitos para ser materia de investigación. Si se acredita que los casos son verosímiles y tienen elementos que deben conducir a una investigación se inicia el expediente.

Y la tercera, sería el Área jurídica que tiene la función de proteger a todas aquellas personas que han denunciado casos de corrupción.

– ¿Cuántos casos han recibido desde su puesta en marcha?

– 311 casos: en 2017 nos trasladaron 35 casos, 187 en 2018 y 89 en lo que llevamos de año. Tenemos ahora cinco pendientes de evaluación para decidir si se abre investigación o se archivan. Estamos avanzando de cara a ponernos al día para poder conseguir resolver los casos conforme entran, pero todavía llevamos cierto retraso por la entrada de muchos de ellos cuando la Agencia no tenía los suficientes recursos humanos. A final de año, creemos que podremos estar en disposición.

– ¿Cómo concluye un expediente?

– Ha habido casos que se han llevado a la Fiscalía; otros en los que se ha planteado como una exigencia a la Administración de mejora con recomendaciones, y otros se han archivado. De las 35 denuncias que entraron en 2017, 25 se investigaron y han seguido su procedimiento, de hecho, algunas se trasladaron a la Fiscalía al considerarse conductas que podían ser constitutivas de delito penal.

– ¿Qué ámbitos generan más denuncias?

– Subvenciones, personal y contratación son los tres temas cuyos casos, en mayor medida, se han terminado trasladando a la Fiscalía: por ejemplo una apropiación de recursos procedentes de subvenciones al no aplicarse a los fines que correspondía entra dentro de un delito de Apropiación de recursos públicos; las causas en materia de personal y contratación entran en el terreno de la Prevaricación (fraccionamientos de contratos sin justificación, etc.)

– Es un poco paradójico que quienes tienen que velar por nuestros intereses, les tengamos que estar controlando constantemente…

– Uno de los problemas que ha dado lugar a la incidencia de la corrupción tan enorme en nuestras administraciones está en la dificultad que tiene la propia sociedad para detectar estos hechos. Se ha confiado en que la propia Administración tiene sus mecanismos internos para garantizar una buena gestión, pero la realidad es que esto no ha sido así. Y se han perdido centenas de millones que deberían haber sido destinados al servicio público y no a beneficiar intereses particulares. Por ello, la actitud de todos los ciudadanos, los de dentro de la Administración y los de fuera, es muy importante: en nuestra web tenemos un buzón de denuncias para poner en conocimiento aquellos hechos que pueden ser constitutivos de irregularidad o fraude.

– ¿Cómo se actúa con los testigos o denunciantes de esos casos?

– En algunos casos les otorgamos el Estatuto de personas protegidas, porque se produce la paradoja de que personas que defienden el interés público y denuncian, luego reciben represalias incluso desde dentro de la Administración.

– ¿Cómo se les protege, a través del reglamento que entró en vigor hace apenas unos días?

– Sí, es un reglamento en el cual, se desarrolla la Ley. Y una de las razones por las cuales tiene fuerza este Estatuto es por la potestad sancionadora que tiene la Agencia como respuesta al incumplimiento por parte de alguna Administración de los deberes que se establecen en nuestra Ley. Mencionaría desde la negativa a entregar documentación o facilitar la investigación por parte de la Agencia hasta comportamientos de acoso a un denunciante. Ahora pueden ser sancionables.

– ¿Con qué cantidad?

– Las sanciones leves se mueven entre 200 y 5.000 euros, las cuestiones graves entre 5.000 y 30.000 y las muy graves de 30.000 a 400.000 euros de sanción.

– ¿Cuáles podrían ser consideradas muy graves?

– Perturbar la vida de una persona protegida con represalias, por ejemplo.

– Por desgracia, ¿hay candidatos que hacen méritos?

– Sí, tenemos algún Ayuntamiento que se postula en este sentido.

– ¿Qué otros objetivos se marcan antes de que concluya el año?

–  Estamos pendientes de desarrollar un Código Ético para el todo el personal funcionarial de la Agencia, que será muy estricto y amplio, porque lo primero que tenemos que hacer es dar ejemplo. Todo el funcionariado que se integra en Antifraude, de manera voluntaria, sabe que la ejemplaridad es imprescindible.

– ¿La Agencia Valenciana le ha tomado la delantera a la futura estructura nacional que se tendrá que crear?

– Sí vamos por delante del Estado, pero este la tendrá que crear porque es un mandato europeo y se establece también en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. La Agencia es un reto y un desafío de modernidad, de parecernos más a Europa donde hay estructuras similares con dos décadas de funcionamiento.

Es lamentable, pero con la importancia que ha tenido en nuestro país la corrupción no ha habido una respuesta más allá de la judicial. Hay que evitar que los casos ocurran o por lo menos reducir el riesgo.

– ¿En 2017 contaron con un presupuesto de 1,5 millones y ahora están en 3, por qué ese crecimiento?

– Porque iniciamos la actividad los últimos seis meses de 2017, la proyección anual es la misma, de unos 3 millones. Es importante para dotarnos de medios tecnológicos, pero hay que tener en cuenta que todo el personal ya era funcionario de carrera, por tanto ya cobraba su salario de la Administración.

Además, el día que cuantifiquemos lo que han supuesto algunos de los expedientes abiertos por la Agencia, el presupuesto se habrá recuperado con creces. En la relación entre coste y beneficio no hay ni punto de comparación.

– Entiendo que su labor de inspección en las Administraciones afecta a más de un partido político…

– Una obligación nuestra es la imparcialidad y la neutralidad, no miramos a qué partido político corresponde cada denuncia; buscamos el que la Administración funcione con eficiencia, con eficacia y con ética y que esté al servicio de la ciudadanía independientemente de quienes sean esos administradores. El ciudadano tiene que estar seguro de que el dinero que sale de sus impuestos se está gastando correctamente.

– ¿Por qué algunos comentarios entonces les tildaron de ‘chiringuito’?

– Es comprensible que haya personas que no les guste la creación de una estructura Antifraude porque suponemos un sistema de control, que además da acceso a la participación ciudadana (a través de las denuncias) y eso puede no gustar. Hay quienes quieren unas administraciones opacas, donde los funcionarios hagan lo que se les ordena y al que no está dispuesto a hacerlo, se le reprime; por ello nos atacan con esos planteamientos.

En vez de alegrarse de que nos adelantamos incluso al Estado al crear una estructura eficiente de control y buen gobierno, aparecen algunas críticas, si bien hay que decir que son minoritarias. Pero los que las hacen deberían revisar por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, por qué esta tierra ha perdido su sistema financiero, ha arruinado tantas empresas y ha generado tantos déficits en nuestras administraciones. Tenemos un lema y es que «desde ese estiércol crecemos más fuertes».