La Fundación para el Avance de la Libertad ha presentado la segunda edición del Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (Ilece), correspondiente a 2019, encabezado por Alicante, Almería y Castellón. Por el contrario, las grandes ciudades -Madrid, Barcelona, València y Sevilla- suspenden y se sitúan en la franja de «libertad económica insuficiente».

Este índice está inspirado en las clasificaciones internacionales que miden la libertad económica por países, y es, desde 2018, el primero en ocuparse específicamente del grado de libertad económica existente en el ámbito municipal, derivado de las políticas públicas adoptadas por cada ayuntamiento.

El Índice está organizado en cuatro grandes áreas: desempeño económico del municipio, magnitud de su plantilla, intervencionismo económico y presión fiscal. En total, el índice incorpora diecisiete indicadores para las cincuenta ciudades más pobladas de España, veinte más que en la primera edición.

El estudio se basa exclusivamente en datos publicados por los propios ayuntamientos, la Administración central u otras fuentes de reconocido prestigio. La clasificación está ponderada por población y, en los indicadores necesarios, también por extensión del municipio. Para mantener la neutralidad se evita incorporar elementos sobre los que los consistorios carecen de capacidad decisoria, por lo que no se incluyen factores autonómicos ni estatales.

Las grandes capitales se sitúan en la franja de «libertad económica insuficiente»

Como principales conclusiones, cabe destacar un año más el discreto desempeño de casi todas las ciudades analizadas, ya que sólo tres de ellas superan los sesenta puntos sobre cien, recibiendo la etiqueta de “libertad económica moderada”. Se trata de Alicante, Almería y Castellón. Elche figura en el décimo lugar, en el tramo aceptable.

La ciudad de Alicante, segunda el año pasado, lidera esta vez el índice.  Las ciudades que caen en el tramo denominado «libertad económica deficiente» son Tarragona y Marbella.

Las ciudades analizadas tienen ante sí el reto de reducir los altos niveles de endeudamiento municipal allí donde aún persisten, contener el gasto público y la contratación, y reducir, en la medida de su capacidad normativa, la tributación local.

La Fundación promotora del Índice señala que los ayuntamientos necesitan prescindir de empresas municipales y que los servicios municipales los presten empresas concesionarias, «con los estándares de calidad que los vecinos necesitan».

También considera relevante para la libertad económica de las ciudades las políticas a favor del emprendimiento y políticas favorables a la economía colaborativa. El informe resalta una escasa correlación entre el color política de los ayuntamientos y su situación en el Índice. Sí parece relevante su tamaño, ya que son las ciudades medianas las que obtienen mejor puntuación que las grandes.