El pleno del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) aprobó ayer el Dictamen al Proyecto del Consell de Modificación del Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos (PIR)  de la Comunitat. De esta forma la normativa autonómica en materia medioambiental se adapta a las innovaciones emanadas de la europea y estatal. El presidente del CES-CV, Luis Alfonso Mellado, indicó que el acuerdo se adoptó por unanimidad, una vez recogidas todas las sugerencias.

El presidente del Comité indicó que se trataba de una modificación del Decreto en vigor, que ya se había analizado en comisión, donde se apuntaron mínimas enmiendas, tras lo cual «lo hemos aprobado por unanimidad». El pleno ha realizado una valoración “positiva del Decreto, que es necesario, puesto que supone la adaptación de nuestra normativa a la emanada de la Unión Europa y la estatal”.

La adaptación acordada de la normativa sobre el PIR «es buena» y de ahí la valoración positiva que hizo el pleno del CES, quien resaltó la alta participación en el proceso de exposición pública del proyecto, al que los distintos agentes implicados (administraciones locales y autonómicas, empresas, colectivos ciudadanos…) han aportado sus sugerencias. “De ahí que quepa resaltar la alta participación y poner en valor que el 70 por ciento de las sugerencias se hayan incorporado al proyecto”, apuntó Mellado

Luis Alfonso Mellado indicó que el pleno del CES acordó realizar una recomendación al ejecutivo autonómico a fin de que valore el impacto económico que pueda tener la aplicación de la modificaciòn incluida en el proyecto del Plan Integral de Residuos para cada una de las administraciones afectadas pueda tener la aplicación de esta nueva normativa. Así, aclaró, que «en el documento analizado se apunta que no tendrá coste para la Generalitat Valenciana, pero sí que puede tenerlo para otras administraciones».

El pleno de ayer del CES-CV   fue más largo de lo habitual, toda vez que, según informó su presidente, se produjeron varias comparecencias de altos cargos de la Administración autonómica para facilitar datos que se incluirán en la Memoria Económica y Social correspondiente a 2018 y que, de acuerdo con los plazos previstos, estará lista para su aprobación el 27 o el 31 de mayo próximos.