El ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra ha admitido hoy en la Audiencia Nacional los hechos que le atribuyen las acusaciones por haber abusado de sus funciones en la gestión de préstamos a una sociedad que le era afín, después de abonar 330.000 euros para reparar parcialmente el daño.

Durante la última sesión del juicio por presunta administración desleal, Parra ha intervenido brevemente para ratificar su escrito de reconocimiento ante el juzgado central de lo Penal, tras lo cual la Fiscalía y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) han discrepado sobre la cuantía a desembolsar como responsabilidad civil en la exposición de sus informes finales.

El fiscal Alejandro Cabaleiro ha rebajado su petición de condena para el exconsejero desde los tres años y medio hasta el año y siete meses de cárcel y considera que los 1,1 millones que solicita el Frob son desproporcionados.

El Frob  tuvo que asumir el quebranto que ocasionó al Banco de Valencia el impago tanto del préstamo inicial como de la línea de crédito posterior de la sociedad Pegoliva, a la que estaba vinculado económicamente. El Fondo inyectó 4.500 millones a la entidad antes de su venta.

En concreto, el Frob reclama una indemnización de 509.525 euros en este caso concreto y, de forma subsidiaria, que pague la entidad compradora, CaixaBank. De esta cantidad se restarían los 330.000 euros ya consignados por Parra.

La Fiscalía ha confirmado además su acusación contra la familia propietaria de estas compañías como partícipes a título lucrativo, y ha apuntado directamente a uno de sus integrantes, Salvador Pons, quien «mintió» al banco para obtener el préstamo.

La defensa de P0ns ha afeado que Anticorrupción y Parra hayan llegado a un «acuerdo encubierto» por el que sus clientes van a ser condenados.

Al margen de esta vista, el próximo 14 de febrero comenzará el juicio contra la excúpula del Banco de Valencia por presunta administración desleal en operaciones con la empresa Maremar en 2007 que causaron un perjuicio de más de 29 millones de euros, y en el que el ex consejero delegado se enfrenta a cuatro años de prisión. EFECOM