El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón ha resuelto en sentencia firme estimar el recurso interpuesto por la diputada provincial y consejera del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Elena Vicente-Ruiz, y anula todos los 17 despidos contemplados en el acuerdo del punto 10 del Consejo de Gobierno de dicho Consorcio, celebrado el 25 de octubre de 2016. Fallo que el presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, ha esgrimido para pedir la dimisión o cese de la consellera de Sanitat, Carmen Montón.

Moliner ha asegurado que “esta sentencia no la gana la Diputación de Castelló, esta sentencia la gana Castellón. Hoy Castellón gana el que los jueces hayan frenado el intento de desmantelamiento del Hospital Provincial que la consellera Montón inició y la han obligado a retrotraerse al inicio de este mandato, antes de que se tomara ninguna de estas decisiones”.

Es por ello que Moliner se ha referido al momento actual como “un punto de partida que necesariamente tiene que contemplarse como una oportunidad para corregir los errores e iniciar un camino distinto al que se emprendió en aquel momento. Un punto de partida al que volvemos y que debe aprovecharse por la Generalitat Valenciana para cambiar el rumbo. Debe entender que la política errática de intentar desmontar el Hospital Provincial con una política que perjudica seriamente a los castellonenses y que todas las administraciones debemos estar precisamente al servicio de hacer lo mejor posible porque tengan la mejor calidad de servicios públicos los ciudadanos”.

Moliner ha asegurado que, con esta sentencia, la Justicia certifica que “la consellera ha ido ha ido en contra tanto de la calidad del servicio sanitario que reciben los castellonenses, como de la legalidad”. Sobre la continuidad de la consellera Montón al frente del Consorcio indicó que, “precisamente este punto de partida debe servir además para que quien ha liderado el rumbo de esta política errática de los últimos dos años no aguante ni un minuto más al frente de este consorcio”.

Cabe recordar que el acuerdo recurrido incluía la modificación de relación de puestos de trabajo. Entonces, la demandante indicó que «el acuerdo del Consejo en el que se gestaron los despidos se aprobó sin que constara en el expediente ningún documento que justificara la decisión impuesta por la consellera con su voto de calidad, y en base a un informe de la UJI que no constaba el día de la votación y del que la Universitat Jaume I (UJI) se ha desvinculado públicamente tras la enorme polémica generada en toda la sociedad castellonense».

Vicente-Ruiz indicaba que «detrás de estos 17 despidos, que un juez ya ha determinado que son nulos e improcedentes, existe un único objetivo que es desmantelar un centro de referencia sanitaria para todos los castellonenses«.