El último informe del Sindic de Comptes a Les Corts y el Consell refleja que los ingresos de los ejercicios de 2012 a 2016 «no han sido suficientes para cubrir las obligaciones reconocidas de los respectivos presupuestos, ni para cubrir el gasto presupuestario de naturaleza no financiera (excluyendo el servicio de la deuda)», según ha indicado el conseller de Hacienda, Vicent Soler. En concreto, en 2016 los ingresos del sistema de financiación sólo cubrieron el 59,9% de todos los gastos de la Generalitat, el 77,8% si se excluye el servicio de la deuda.

Este informe, en opinión de Soler, refuerza de manera contundente la reclamación de la Generalitat de un cambio urgente del sistema de financiación autonómico, para que los valencianos «puedan acceder al menos a los mismos recursos por habitante que el conjunto de las autonomías».

Soler ha subrayado que la auditoría «cuestiona el sistema diseñado por el Ejecutivo central del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al acreditar que no es el método para asegurar la autonomía financiera, sino todo lo contrario, y que lo que hace es alterar el normal funcionamiento de la Administración de la Generalitat». Además, el responsable de Hacienda ha recalcado que el documento «revela una mejora sustantiva en la gestión del Consell respecto a etapas pasadas», como la reducción en 2016 del déficit presupuestario (ajustado por el Síndic a los ejercicios en que efectivamente se produjeron los gastos) en 1.630 millones respecto a 2014, último año completo del anterior Ejecutivo, lo que supone un 44% menos.

«El FLA dificulta cumplir los objetivos de déficit y deuda»

El Síndic advierte que esta «insuficiencia financiera origina un déficit presupuestario que debe cubrirse mediante el recurso al endeudamiento», ya que el resto de ingresos no suma el 10%. Y advierte el auditor: «La articulación de la financiación estatal a través de mecanismos especiales de financiación vía endeudamiento, como es el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), dificulta la consecución de los objetivos de déficit y deuda, e incide en el funcionamiento normal de la Administración de la Generalitat».

La Comunitat Valenciana ha remitido una carta al Gobierno para exigir una aportación extraordinaria 1.325 tras certificar el incumplimiento del presidente Rajoy de que a fin de 2017 estaría aprobada la nueva financiación autonómica. Esta cantidad corresponde a la que anualmente se ha incluido en el presupuesto de la Generalitat para compensar la menor financiación una vez caducado el modelo en enero de 2014. «No hay excusas para no atender las necesidades de los valencianos. El presidente ha incumplido su promesa pero puede realizar una aportación extraordinaria porque los valencianos tienen que tener los mismos derechos que el resto de los españoles», ha manifestado Soler.

Un 34% menos en protección social por la insuficiencia de recursos

En el informe de 2015 se cuantificaba la deuda histórica a los valencianos derivada de esta insuficiencia de recursos en 14.380 millones solo en el periodo 2002-2015. Este año el Síndic desvela los datos referidos al impacto de la infrafinanciación en la cobertura de los servicios públicos fundamentales para los valencianos en el periodo 2013-2015. El informe precisa que el Consell «ha priorizado sus reducidos ingresos en la prestación de los servicios educativo y sanitario a un nivel equivalente al promedio autonómico». «En consecuencia -añade el Síndic-, la protección social y el resto de funciones se han visto más perjudicadas por los insuficientes recursos del sector público valenciano».

En concreto, en protección social la Comunitat está a 34,2 puntos de la media. En el resto de funciones -asuntos económicos, cultura, I+D o medio ambiente-, el nivel de gasto del Consell está a 8,5 puntos de la media de las comunidades.

El Síndic destaca la reducción del déficit presupuestario en 1.600 millones, un 44% menos, respecto a 2014, último ejercicio completo del anterior ejecutivo, al cerrar 2016 con 2.085 millones, frente a los 3.715 millones de 2014. El déficit presupuestario ajustado se ha reducido a la mitad, un 50,7% menos, respecto a 2011, cuando se cerró con 4.232 millones.  El informe advierte del carácter «insostenible» del déficit, que achaca a la insuficiencia de recursos de la Generalitat.

Los acreedores presupuestarios bajan un 15,6% y los no presupuestarios, un 22%

Por otro lado, la auditoría también muestra la reducción de los acreedores presupuestarios respecto al ejercicio pasado en un 15,6%, al pasar de 3.210 a 2.711 millones. En este epígrafe se incluye la cuenta 409, operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, con 927,2 millones, de los que un tercio, 318 millones, vienen lastrados por la herencia o decisiones del pasado, como la deuda con Ciegsa (203 millones), fallidos de la SGR (74,5 millones), ayudas a la vivienda (37,9 millones) o sentencias RTVV (2,7 millones).

En cuanto a los acreedores no presupuestarios, se han minorado en un 22%, de 1.221 a 957 millones, teniendo en cuenta también que este importe, que incluye la cuenta 411 (829 millones), viene condicionado por decisiones del pasado, como la compra de material sanitario desde hace al menos 14 años (2002 a 2008) de la que aún quedan por pagar 95,8 millones, obras contratadas entre 2005 y 2008 con pago centrifugado al futuro por 128,7 millones o convenios de 2014 con las universidades (372,8 millones).

Como en ejercicios pasados, el Síndic evidencia el «grave desequilibrio patrimonial» de la Generalitat, con unos fondos propios negativos de 28.104 millones (-25.419 millones al cierre de 2015), derivado de la acumulación de resultados negativos de ejercicios anteriores (-28.334 millones) y el resultado económico-patrimonial negativo de 2016 (2.637 millones), que absorben la cifra del patrimonio (2.867 millones). El Síndic señala que «las pérdidas acumuladas se originan por la insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana, que debe cubrirse mediante el recurso al endeudamiento».