El seguro español entrega una paga todos los meses a 208.832 personas. Y lo hará hasta que fallezcan. Estas personas son las beneficiarias de las rentas vitalicias colectivas constituidas por 63.268 empresas repartidas por todo el país. Estos son algunas de los datos que ofrece un estudio incluido en la Memoria social del seguro 2014.

«El seguro español, proveedor de rentas vitalicias« es un trabajo que reúne información de 22 aseguradoras de vida. Estas entidades desembolsaron en 2013, ejercicio de referencia de la muestra, una cantidad de 1.536 millones de euros. Si se toma en consideración el número de beneficiarios, el resultado es una renta anual media de 7.358 euros por persona. Si esta cuantía se reparte en 12 plazos, se traduce en una renta mensual de 613 euros. Entre tanto, si se divide en 14 pagas, el desembolso asciende a 525,56 euros.

Una renta vitalicia es una operación financiera y actuarial por la cual es posible garantizar a un beneficiario el pago de una cantidad periódica (por ejemplo, mensual) durante toda su vida. Es decir, es una póliza que asegura unos ingresos periódicos a una persona independientemente del tiempo que pueda llegar a vivir y de cómo fluctúen los mercados. Para recibir esta renta, la persona entrega una determinada cantidad de ahorro a una entidad aseguradora.

La base de la renta vitalicia es el principio de que, si bien no se puede prever la muerte o la supervivencia de un individuo concreto, sí es posible prever la esperanza de vida global de una generación o cohorte de individuos nacidos en el mismo año. Por tanto, las operaciones de seguro equilibran o compensan la supervivencia más allá de lo previsto de algunos integrantes de esos colectivos con la infrasupervivencia de otros.

Las rentas vitalicias colectivas son aquéllas surgidas en el marco de los esquemas de previsión complementaria. Esto es, en entornos de ahorro-previsión generados en el marco de las relaciones laborales. Gracias a las rentas vitalicias, los trabajadores ahorran de forma conjunta y perciben en el momento de su jubilación una pensión de por vida cuya cuantía varía en función del ahorro acumulado que se adscribe a cada uno.

Las empresas contratan las rentas vitalicias colectivas y los beneficiarios del producto son sus empleados. La mayor parte de las compañías que constituyen estos programas de ahorro-previsión se encuentran ubicadas en Cataluña (33,3%), Madrid (32,8%) y Asturias (23,5%). Sin embargo, los perceptores de dichas rentas vitalicias –es decir, los antiguos trabajadores– no residen necesariamente en la misma comunidad autónoma donde se encuentra la sede central de su antigua empresa. La dispersión se hace patente puesto que un 20,3% vive en Cataluña; en Madrid otro 14,2%; en Asturias el 11,7%, y en Andalucía un 10,2%.

Un análisis por tramos de edad de las rentas vitalicias colectivas evidencia que se trata de un producto para la jubilación. El 90% de los beneficiarios son personas de más de 65 años. De hecho, la cohorte de perceptores más nutrida es la de las personas entre 75 y 84 años. La edad media de los beneficiarios en muy parecida en todas las regiones. Por lo general, oscila entre los 74 y los 79 años.

La muestra recabada por Unespa revela un sesgo en las rentas vitalicias en favor de los hombres. El 63% de los perceptores son varones, frente al 37% restante de mujeres. Este hecho se debe a la composición y características del mercado laboral español hace dos décadas. A pesar de ello, la mayor longevidad de ellas hace que, sobrepasados los 85 años, el 50% de las perceptoras de rentas vitalicias sean mujeres y que su peso supere al de los hombres a partir de dicha edad.

El estudio incluye una comparativa territorial que muestra la importancia relativa que tienen las rentas vitalicias colectivas en comparación con la pensión media existente en cada provincia española. De media, los importes que perciben los beneficiarios de las rentas vitalicias equivalen a un 53,2% de una pensión pública media.

Bajo este prisma, las provincias donde las rentas vitalicias tienen una peso más elevado en relación con la jubilación pública media son Orense (83%), Islas Baleares (77%), Zaragoza (74,7%), Santa Cruz de Tenerife (74,2%) y Las Palmas (69,7%), tal y como se puede ver infografía adjunta. En el extremo opuesto se encuentran Asturias (14,8%), Palencia (30,8%), Valladolid (31,7%), Vizcaya (33,4%) y Soria (33,4%).