Los precios, la escasa capacidad de influencia en la cadena de distribución, la falta de rentabilidad y de preocupación política sobre la situación del campo, la reducida dimensión de las explotaciones, el envejecimiento o los robos son reclamaciones recurrentes de las organizaciones agrarias. En este reportaje repasamos la situación actual y las posibles soluciones de la mano de sindicatos agrarios, cooperativas y la consellera de Agricultura, Elena Cebrián.

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La reducción de la renta agrícola es uno de los problemas en los que todos los interlocutores están de acuerdo. Para Cirilo Arnandís, presidente de las Cooperatives Agro-alimentàries Comunitat Valenciana, esta falta de rentabilidad “dificulta en muchos casos la continuidad de la actividad y desincentiva el relevo generacional. En el caso de las zonas rurales, especialmente de interior, el abandono de parcelas conlleva graves efectos medioambientales de conservación del entorno y del paisaje que, a su vez pueden llegar a tener consecuencias en otros sectores productivos”.

Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja, incide en este aspecto. Para él, los bajos precios conllevan una “situación insostenible. Los datos oficiales sobre abandono de tierras corroboran esta afirmación: durante la última década en la Comunidad Valenciana se han perdido un total de 60.116 hectáreas de cultivo, lo que representa casi un 9 % del total de la superficie agraria, como consecuencia directa de esa falta de rentabilidad”.

Más optimista se muestra Ramón Mampel, presidente de La Unió, para quien la crisis crónica que padece la agricultura ha hecho pasar casi desapercibida la crisis económica: “El agricultor valenciano está acostumbrado a hacer encaje de bolillos para mantener en pie su explotación mediante la reducción, en la medida de lo posible, de los costes de producción, innovando y tratando de valorizar su producto”.

La rentabilidad de la agricultura va íntimamente ligada a la formación de los precios y a los que los organismos consultados califican de posición dominante de la distribución.

Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja

Cristóbal Aguado defiende que “las disposiciones legales deben impedir los abusos que se derivan de las posiciones de dominio que ocupan en la cadena determinados agentes y me estoy refiriendo básicamente a la gran distribución. Hay que apuntar que la aprobación por parte del Gobierno central de la Ley de la cadena alimentaria y, sobre todo, la puesta en marcha, hace un año, de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) están contribuyendo a mejorar la situación y combatir la total impunidad que existía hasta ese momento. La AICA está haciendo un buen trabajo, pero hay que seguir profundizando.”

Ramón Mampel, por su parte, no ve voluntad política en los “diferentes gobiernos de un signo u otro no se atreven a enfrentarse con la gran distribución que es, en definitiva, quien marca los precios que deben percibir los agricultores”, por eso aboga por un diálogo equilibrado que busque el beneficio de todos los agentes de la cadena agroalimentaria.

También el movimiento cooperativo ve en la posición de dominio de la distribución un de los grandes problemas de la agricultura por “la fuerte presión que ejercen sobre los proveedores”, asegura Arnandís, para quien “es necesario impulsar la concentración de los operadores comerciales de la producción existentes en otros de mayor tamaño que puedan tener una posición negociadora más firme ante la distribución”.

Los dos raseros europeos

Para Arnandís, la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria “supone un punto de partida para establecer relaciones comerciales más justas entre los diferentes agentes que participan en la misma, aunque es necesario un compromiso por parte de las administraciones para extremar la vigilancia, penalizando a los infractores”.

La política agraria europea es, asimismo, objeto de controversia por la tolerancia comunitaria hacia terceros países. El presidente de las Cooperatives Agro-alimentàries afirma que las garantías   fitosanitarias exigidas a un producto cultivado en España “no son, en muchos casos, las mismas que las que ofrece en origen un producto procedente de otros países”, lo que afecta a los costes y, por tanto, a la rentabilidad. Para Arnandís, “cuestiones como la obligatoriedad del etiquetado de los tratamientos poscosecha en los cítricos establecen además una desigualdad entre distintos productos a la hora de buscar su hueco en los mismos mercados”.

Para La Unió una de las principales amenazas que padece la agricultura valenciana es “la competencia de otros países con un precio inferior al nuestro, la falta de información respecto a esos mercados con la inseguridad que eso conlleva y más campañas de promoción de nuestros productos en el exterior podrían ser algunas de ellas.”.

Cristóbal Aguado abunda en lo injusto que supone que se rebaje el nivel de exigencia a productos agrícolas de terceros países a los “no se les exige lo mismo que a nosotros en materia laboral o fitosanitaria y, claro, eso no es justo. Lo único que pedimos son las mismas condiciones para todos”.

Un dolor de muelas ruso

Esta situación de inseguridad se agudiza en el caso del embargo ruso que Aguado califica de tremendamente pernicioso, al tiempo que critica la pasividad de la diplomacia europea. El presidente de AVA-Asaja recalca que “las producciones que ya no encuentran la salida que antes tenían en Rusia se están comercializando a la fuerza en los mercados comunitarios, lo cual crea un exceso de oferta que acaba traduciéndose en un hundimiento de los precios. Además, el hueco de mercado que hemos dejado en Rusia lo están ocupando los países competidores”.

Cirilo Arnandís, presidente de las Cooperatives Agro-alimentàries Comunitat Valenciana

Cirilo Arnandís exige que Bruselas sea consecuente con sus propias decisiones “y que asuma que debe compensar a los productores por el cierre del mercado ruso, que se produce por una circunstancia de carácter político que no tiene su origen en el sector agroalimentario.” Mientras se ha tratado de buscar mercados alternativos, “desde el sector se ha presionado para conseguir medidas compensatorias que ayudasen a paliar los efectos del veto ruso y que diesen continuidad al apoyo a los productores tras conocerse la noticia de que el bloqueo seguirá vigente”.

El presidente de La Unió recuerda que aunque hay compensación para algunos cultivos, “al agricultor apenas le llega nada, pero hay otros productos que empezábamos a exportar, como el kaki o la granada, que ni siquiera reciben ayudas compensatorias” y recuerda que antes del bloqueo la exportación de frutas y hortalizas al mercado ruso suponía 67 millones de euros: “38 millones de euros en cítricos, 16 en caqui y 13 en granada”.

La necesaria reconversión

Todo esto se resume en la necesidad de proceder a una reconversión de la actividad agrícola.

La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, afirma que “ya estamos elaborando una “hoja de ruta”. No para conocer, sabemos cuáles son los problemas y no tenemos tiempo que perder en “libros blancos”, foros y mesas del “plan millorar”; pero sí para actuar, priorizando y buscando soluciones juntos”.

Cebrián aboga por abordar la “segunda modernización del campo valenciano con garantías de éxito; y eso solo lo podremos hacer con la complicidad de todos, organizaciones agrarias, cooperativas, comerciantes, exportadores, distribuidores y consumidores. La ordenación de la Cadena Agroalimentaria, desde el productor al consumidor, ha de permitir asegurar las rentas de los más débiles y el equilibrio del mercado, con transparencia”.

En opinión de Arnandís, “el sector necesita acelerar su adaptación a un entorno global que se caracteriza por la apertura de los mercados, la concentración de los operadores y la fuerte presión que se ejerce sobre los proveedores. Necesitamos ganar dimensión para competir, para hacer frente a la tradicional atomización del sector.

También necesitamos fortalecer nuestra cultura empresarial e incrementar la especialización para ofrecer al consumidor productos únicos, que sean apreciados y demandados. Otro punto importante es dedicar los recursos adecuados a la promoción de nuestros productos: aquello que no es conocido no puede ser demandado. Hemos de entender la promoción como una inversión y no como un gasto”.

Ramón Mampeel (La Unió)

Ramón Mampel pone el énfasis en dos aspectos: la dimensión de las explotaciones y el envejecimiento de la población agraria. “Hay que ampliar –afirma– la base territorial actual de las explotaciones agrarias valencianas para superar el minifundismo y competir con otras zonas con superficies de cultivo más grandes. En segundo lugar, y no menos importante, permitir un relevo generacional efectivo en el campo valenciano dado el grado de envejecimiento actual. Los jóvenes deben incorporarse a la actividad agraria para quedarse y ser el relevo, no como un mero parche coyuntural ante la crisis de otros sectores”.

Cristóbal Aguado, por su parte, considera que la reconversión agraria debe iniciarse por los cítricos. “Ya hemos planteado un plan de choque que debe centrarse, en una primera fase, en la citricultura. La primera de nuestras propuestas consiste en reconvertir 10.000 hectáreas de cítricos en la Comunidad Valenciana de variedades con elevadas producciones y que provocan el colapso de la oferta y el consiguiente hundimiento de las cotizaciones” y que supondría eliminar del mercado 300.000 toneladas de cítricos.

 Otras medidas que propone el presidente de AVA-Asaja también incluyen la concentración de la oferta productiva y comercial, las campañas de promoción del consumo, una legislación que haga más eficiente el modelo de las organizaciones de productores y “la obtención de nuevas variedades por parte del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)”.

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