En el centro de la imagen, Ximo Puig, con la Junta Directiva de la CEV, el pasado mes de julio

El fin de la infrafinanciación de la Comunitat y la condonación de la deuda como compensación a dicho “agravio comparativo” es una de las prioridades que debe regir la agenda del nuevo Gobierno de la Generalitat, según las patronales valencianas que le exigen además seguridad jurídica, un plan de apoyo a la industria y al resto de sectores productivos, la implementación de políticas de I+D+i y de modernización e internacionalización de las compañías.

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Cordialidad, contactos positivos, fluidez, voluntad de colaboración, compromiso, buena sintonía y buena interlocución, son algunos de los vocablos que definen las relaciones que han mantenido hasta ahora las diferentes asociaciones y patronales de la Comunitat con los distintos representantes del recién aterrizado Consell valenciano. En concreto, resume José Vicente González, presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) “nosotros queremos que al Gobierno valenciano le vaya bien porque eso significará que a los valencianos les va bien y por supuesto a los empresarios. Por ello les ofrecemos colaboración y lealtad institucional, desde nuestra independencia”.

Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) adelanta que “ya existe un compromiso entre la Administración, sindicatos y empresarios para trabajar, a partir de mediados de septiembre, en un acuerdo social donde se definan las actuaciones que consoliden el nuevo modelo económico, revitalicen la industria y contribuyan a crear empleo”. Ya que, en opinión de José Vicente González, “se deben evaluar permanentemente cada una de las acciones emprendidas”.

Por ahora, ni los representantes de Ascer, ni de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunidad Valenciana, ni de Femeval han mantenido individualmente contactos oficiales con los miembros del Consell, pero esperan mantenerlos “en breve”. “Queremos plantearle un plan de trabajo para los próximos cuatro años”, asegura Rafael Pardo desde ATA.

Para Empar Martínez, presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (Evap) “la receptividad de los nuevos gobernantes no podemos menos que valorarla muy positivamente”. También Jesualdo Ros, secretario general de Provia y de la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana (Feprova) agradece “la claridad y celeridad con la que han transmitido, desde un principio, las líneas fundamentales de lo que va a ser su política de actuación y la buena predisposición mostrada”.

El presidente la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa) Moisés Jiménez habla de contactos “muy operativos, centrados en las cuestiones que afectan a cada una de las áreas de las que son responsables” en este gobierno de coalición “moneda común en la mayor parte de los países europeos”, recuerda González, quien por otra parte les exige “seguridad jurídica y unidad de criterio para generar confianza, pues sin ella no hay inversión ni generación de puestos de trabajo”.

Para Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja). “de lo que se trata ahora es de seguir profundizando y avanzando en esa línea de diálogo y colaboración inicial”, opina.

Resolver la infrafinanciación

Francisco Zamora, presidente de Fevec

La primera prioridad que debe atender el Consell, según el colectivo de asociaciones y patronales consultadas por Economía 3, es la adecuación de la financiación autonómica a la realidad de la Comunidad Valenciana: “conseguir mejorar la financiación de la Comunitat como pieza clave para mejorar la capacidad de gestión del Gobierno valenciano, si no se resuelve esta cuestión, que es de justicia, poco podremos hacer en otros frentes. Todo el mundo es consciente de que somos el territorio peor financiado de España y que, por tanto, necesitamos una respuesta rápida a esta cuestión que estrangula nuestra capacidad de crecimiento”, insiste Moisés Jiménez.

En este sentido, el presidente de Cierval argumenta que “cada valenciano recibe del Estado casi 260 euros menos que la media nacional. En cuanto a las inversiones regionalizables, el promedio en los últimos quince años ha sido del 7,5 %, incluso estos últimos años estamos alrededor 6 %, siempre por debajo del 10,7 % que nos correspondería por población, solo haría falta voluntad política para acabar con este agravio comparativo”. Pero tampoco en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se contempla alcanzar este porcentaje: pese a que se incrementa la dotación para la Comunitat, apenas representa el 8 % de las inversiones regionalizables.

“La infrafinanciación hay que resolverla junto al Estado y las otras comunidades autónomas y para ello, hay que poner todos los ingresos encima de la mesa, también la parte del Estado. No puede ser que el Estado diga: ‘esta parte de la tarta es mía, y no se toca y ustedes repártanse el resto’”, considera González.

José Vicente González, presidente de Cierval

El presidente de Cierval atribuye a la falta de financiación la generación de gran parte de la deuda y “el hecho de que tengamos una situación económica como la actual, donde la Generalitat llega, a duras penas, a cubrir, con lo que recibe del Estado, los servicios básicos que no puede dejar de prestar como Sanidad, Educación o Dependencia y que no quede ni un euro para impulsar la política industrial, la exportación, la internacionalización…, aspectos cruciales que hacen que la economía sea más dinámica y que, en consecuencia, se pueda generar más empleo. Aunque otra parte es responsabilidad solo nuestra” añade.

Cuando la infrafinanciación de la Comunitat se solucione, –clarifica el presidente de Cierval– “arrastrará una negociación sobre la deuda, ya que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que aporta cierta liquidez a la Generalitat para seguir funcionando, sigue incrementándola. Y no la podemos pagar. Hay muchas soluciones: quitas parciales y reestructuración del resto, reestructuración de toda la deuda a muy largo plazo con tipos de interés simbólicos y varios años de carencia, etc.”, propone.

Por ello, José Vicente González plantea cambiar el modelo económico actual “buscando ser más competitivos”, algo esencial en el aspecto industrial; “conseguir en 2020 que el 20 % del PIB provenga de la industria; apoyar a las empresas tecnológicas; sin olvidarse de los sectores tradicionales –cuyas empresas son muy válidas pero necesitan un empujón–; y poner en valor la labor de los centros tecnológicos”. Todo ello, con el fin de incentivar actividades que generen mayor valor añadido, “que es lo que permite generar más empleo e incrementos salariales”, resume.

Desde la CEV, Salvador Navarro pide  apoyo para los sectores productivos; estrategias efectivas para atraer inversiones; cooperación público-privada; seguridad jurídica y estricto cumplimiento de la ley de morosidad; armonización de la tributación autonómica y local y reducción de las cargas impositivas y administrativas; medidas para luchar contra la economía sumergida, el fraude y el intrusismo profesional; el fomento de instrumentos financieros propios; incentivos a la inserción laboral; y apostar por la Formación Profesional reglada y la Formación Profesional para el empleo.

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