Presidente Fundación Novaterra.

Más de millón y medio,1,6 millones de valencianos en concreto, el 31,7% de la población de la Comunitat Valenciana, está en riesgo de pobreza o exclusión social, o lo que es lo mismo, 3 de cada 10 valencianos. Unicef  alerta que tener hijos se convierte en un «factor de riesgo» para la pobreza, y que el 26,9% de los niños valencianos están en riesgo de pobreza. 

Un factor de riesgo, sí, la frase sobrecoge. Pero así es. Detrás de cada uno de estos números están familias enteras peleando cada día por salir adelante. Una pobreza que se está cronificando en nuestra Comunitat, ahí al lado, al otro lado.

Ésta es la realidad contra la que luchamos cada día en la Fundación Novaterra, y que nos ha llevado a elaborar un Manifiesto con 50 medidas concretas con el que pretendemos obtener un compromiso firme de los partidos políticos antes de las elecciones autonómicas y municipales, para tomarse en serio este asunto una vez ganen las elecciones. Queremos también con ello alertar a la ciudadanía de que los recursos que se están destinando a tal fin no están siendo los necesarios. Y mucho nos tememos que, si hay un cambio de Gobierno, la situación no vaya a ser mucho más halagüeña. 

Los partidos políticos tienen grandes desafíos para recobrar la confianza de los votantes, gobernar y liderar el cambio en la sociedad valenciana, y para ello es fundamental la interlocución con la ciudadanía y con las organizaciones del entorno para hacer frente a estos problemas que afectan cada día a más personas. Las organizaciones sociales queremos ser tomados como interlocutores válidos, ya que hasta ahora no nos han tenido en cuenta.

La dicotomía público/privado deja a lo social al margen de las grandes decisiones. Desde Novaterra, con este Manifiesto, queremos reivindicar la figura del sector social como interlocutor válido para las decisiones que afectan a un tercio de la ciudadanía valenciana.
En este sentido, el Manifiesto, que puede consultarse en nuestra web, propone 50 medidas concretas que se reparten en medidas para la administración pública, para las empresas ordinarias y las empresas de inserción, y para las organizaciones sociales.

Entre las medidas destinadas a la Administración pública destacamos la prioridad absoluta de elaborar un Plan Autonómico de Lucha contra la Marginación y la Exclusión Social, que dé consistencia y articule todas las medidas y políticas llevadas a cabo. Pero, en segundo lugar, es fundamental priorizar la contratación entre los proveedores de la Administración, de empresas sociales de inserción e integrar en los pliegos cláusulas sociales que prioricen y abran los concurso públicos a estas empresas.

Estas medidas son imprescindibles, pues la situación de las arcas públicas es penosa y habrá dificultad para destinar recursos para políticas sociales y la situación de pobreza en nuestra comunidad se va a agravar. Otro punto importante sería la reserva de plazas para personas provenientes de programas de inclusión social, tanto en empleo público como en el privado.

Llamamiento al empresariado valenciano
En este Manifiesto la Fundación Novaterra hace un llamamiento también al empresariado valenciano, para que se sume a la inserción social y la gestión de la diversidad entre sus plantillas.

Entre las medidas concretas planteamos la elaboración, en colaboración con las organizaciones empresariales, de campañas de sensibilización y formación en la materia, las ventajas fiscales y ayudas a la contratación, la adecuación de los convenios laborales a la realidad de estas personas, y el fomento de la formación de gerentes y emprendedores de empresas sociales y empresas de inserción.

Por último, en el Manifiesto proponemos una serie de medidas para las organizaciones dedicadas a esta tarea. Entre ellas, la necesaria creación de una Plataforma de entidades que actúe de forma coordinada y constituida en interlocutor con el resto de agentes implicados. Entre las propuestas también destaca la creación del Observatorio de lucha contra la exclusión social; un observatorio participado por el Gobierno regional, la Federación de Municipios y Provincias y las entidades especialistas en la materia, que analice la situación actual del mercado y permita adaptar los planes formativos y de acción a las necesidades reales de las empresas.

Sólo así será posible acabar con estos números escandalosos en los que nos encontramos y poder ofrecer a nuestros ciudadanos una vida digna.