La OIT señala que la pobreza ya afecta al 24% de la población de la Unión Europea

Mientras que la mayoría de los países en el mundo reducirán su gasto público en 2015 y más allá, otros se moverán en la dirección opuesta y extenderán las medidas de protección social, sostiene un nuevo documento de políticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según el informe de la OIT “Tendencias políticas mundiales de la protección social 2010-2015”, 120 países reducirán el gasto público en 2015. De estos, 86 son países en desarrollo. El número total debería aumentar a 131 países en 2016.

Pero mientras que muchos países están recortando su gasto público, la mayoría de los países de ingresos medios están extendiendo considerablemente sus sistemas de protección social, lo cual tiene repercusiones inmediatas sobre la reducción de la pobreza y de las desigualdades, contribuyendo así a las estrategias de crecimiento impulsado por la demanda interna.

“Esta es una importante lección de desarrollo”, declaró Isabel Ortiz, directora del Departamento de Protección Social de la OIT. “Como muestra este estudio, aún en los países más pobres existen soluciones para ampliar el margen de maniobra fiscal para la protección fiscal”.

Países como Argentina y Sudáfrica recientemente introdujeron prestaciones universales por hijos a cargo. Otros, como Bolivia, Botswana, Brasil, China. Maldivas, Namibia, Panamá, Sudáfrica, Swazilandia y Timor Leste, han logrado la cobertura universal o casi universal de las pensiones. Muchos otros han introducido transferencias sociales para los desempleados, las madres, los niños y los ancianos.

Algunos países de ingresos más bajos también han ampliado la protección social a través de redes de seguridad temporales de alcance limitado, con un nivel de prestaciones muy bajo. Y en muchos de estos países se están llevando a cabo discusiones para establecer pisos de protección social más extensos.

Impacto sobre el empleo, la pobreza y las desigualdades
La tendencia mundial hacia la consolidación fiscal permite suponer un agravamiento de la crisis del empleo y el aumento de las desigualdades, indica el informe. En Europa, estas medidas han contribuido a incrementar la pobreza o la exclusión social, que actualmente afecta a 123 millones de personas o 24 por ciento de la población de la Unión Europea.

En los países en desarrollo que no están invirtiendo en la protección social, se espera que las medidas de ajuste afecten negativamente a millones de hogares que han tenido que enfrentar oportunidades de trabajo más escasas y peor remuneradas, así como un incremento del precio de los alimentos y del combustible, y un menor acceso a los servicios públicos desde que comenzó la crisis.

El estudio señala que una quinta parte de los países experimenta una contracción fiscal excesiva, caracterizada por un gasto público inferior al nivel anterior a la crisis. Entre ellos se encuentran países con desafíos de desarrollo significativos como Eritrea, Sudan, Yemen, Sri Lanka, Etiopía, Nigeria, Guinea-Bissau, Guatemala y Burundi, entre otros.

Las medidas de ajuste incluyen la eliminación o reducción de los subsidios a los alimentos y a la energía; recortes o restricciones en el gasto salarial, incluso para los asistentes sociales y los profesionales del cuidado de la salud; una selección más limitada de las prestaciones de seguridad social; y reformas de los sistemas de pensiones y de atención sanitaria. Los gobiernos están considerando además medidas dirigidas a aumentar sus ingresos, por ejemplo aumentando los impuestos al consumo como el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los productos básicos que consumen los hogares pobres.