El funcionamiento anormal de la Administración

El funcionamiento anormal de la Administración

Socio Gómez-Acebo & Pombo. Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

2013-nov-opi-FEBF-logoEn la actualidad, el marco jurídico en aquellos temas que afectan a cuestiones relacionadas con el llamado Derecho Público se caracteriza por ser un conjunto de normas y disposiciones cuyo objetivo es regular todas las situaciones y vicisitudes posibles. Este objetivo conlleva necesariamente dos consecuencias: una primera de orden cuantitativo como es la existencia de un gran número de normas; y, una segunda de orden cualitativo caracterizada por la escasa calidad del cuerpo jurídico.

Efectivamente, cualquier materia del llamado Derecho Público presenta un cuerpo normativo compuesto por un gran número de normas, incluyendo en estas desde las leyes y reglamentos, hasta las circulares u órdenes de funcionamiento dictadas por los distintos órganos administrativos. 

Tal profusión hace que sea verdaderamente difícil identificar la norma de aplicación, lo que genera gran inseguridad tanto en el ciudadano como en el propio funcionario. Pero no acaban aquí los problemas, ya que dicha profusión se caracteriza por la baja calidad técnica de las normas.

Es algo común y aceptado entre los profesionales que nos dedicamos al Derecho Público que la calidad de las normas emanadas de las distintas administraciones deja mucho que desear, lo que sin duda genera inseguridad. Inseguridad que se acrecienta cuando puede existir un conflicto de competencias entre la Administración del Estado y la de las comunidades autónomas, por ejemplo, lo que intenta evitarse utilizando un lenguaje lleno de símiles que pretende decir lo mismo pero que permite entender lo contrario con el fin de salvar el posible conflicto jurisdiccional.

 No obstante, no acaban aquí los problemas. La principal paradoja de este sistema normativo es que, en la mayoría de los casos, las propias normas emanadas de una misma administración son contradictorias entre sí. Muchas veces te encuentras en que lo que te pide un órgano con atribuciones específicas en una materia es contrario a lo que te puede pedir otro órgano de la misma administración pero con atribuciones en una materia distinta pero complementaria, lo que aboca al administrado a un callejón sin salida. Excesiva regulación

El gran problema que genera esta situación es que es imposible cumplir todas las exigencias establecidas en el cuerpo normativo de aplicación. Dicho en otras palabras: para llevar a cabo alguna actuación es necesario incumplir alguna norma. La conclusión es evidente: la excesiva regulación conlleva necesariamente a la trasgresión de la norma. Un ejemplo: con la actual regulación es imposible implantar una cantera de forma legal.

Resulta evidente que no siempre será necesaria dicha trasgresión (aunque es muy probable que tenga que darse), pero lo que no se puede discutir es que el efecto colateral que conlleva es el retardo en la tramitación de cualquier petición.

Hoy no puede discutirse que los procedimientos administrativos son excesivamente procelosos y largos en el tiempo, lo que, sin ningún género de dudas, conlleva a la desesperanza entre los administrados y al abandono de proyectos o al inicio de estos sin contar con todos los permisos y autorizaciones lo que genera una gran inseguridad.

Esto es lo que hemos venido a llamar el funcionamiento anormal de la Administración. 

¿Tiene solución este problema? Evidentemente que la tiene, aunque no es fácil. A mi juicio se parte de un error fundamental cuando se pretende dar una solución al citado problema. El error es que siendo necesario reformar la Administración, no es a mi juicio lo primero que debe abordarse, ya que lo primero a acometer es dotar a la administración de un medio estable donde desarrollarse. Para ello hay que volver a dotar a la misma (como antaño) de un marco jurídico donde la discrecionalidad sea una premisa necesaria, dejando un margen de interpretación de la norma que la excesiva regulación actual impide.

Ya sé que esta solución plantea problemas (por ejemplo, el caer en la arbitrariedad), pero siempre es mejor (pienso), por ejemplo, tener una resolución y poder usar medios de defensa frente a la misma, que no tenerla y estar esperando un pronunciamiento expreso. Solo voy a poner un ejemplo. Hasta fecha bien reciente el silencio administrativo positivo era la regla general; en estos momentos, aunque la regla general continúa así formulada, es evidente que el silencio positivo es casi imposible que pueda darse, imperando por lo tanto el silencio negativo.

Medio estable que, además de un marco jurídico razonable, necesita la imposición de medidas de coordinación. Medidas que deben tender a establecer un orden de prioridades dentro de las distintas atribuciones de los órganos administrativos, impidiendo que cuestiones incidentales puedan bloquear decisiones que pueden resultar trascendentales.

Digo esto porque cuántas veces nos encontramos con que una cuestión de escasa relevancia dificulta otra más trascendente; a este respecto hay un dicho que aporta la solución al problema y que dice “Para hacer una tortilla hay que romper algún huevo”. Dicho que lo único que hace es decirnos que debe predominar el bien jurídico superior, arbitrándose mecanismo para evitar el bloqueo en la consecución del mismo por cuestiones de menor importancia respecto de la principal.

A modo de conclusión diré que el escenario actual en el que nos movemos se caracteriza por generar una gran inseguridad jurídica (parece un contrasentido esto cuando decimos que hay una excesiva regulación, pero, como ya hemos dicho, resulta imposible cumplir todas las normas), lo que conlleva, a su vez, la imposición de unos plazos de tramitación fuera de toda lógica y totalmente contrarios a la pretendida agilidad de la Administración.

La solución pasa por volver a marcos regulatorios más simples donde impere la racionalidad y donde, consecuentemente, los plazos en la tramitación de los expedientes den satisfacción a las aspiraciones de los ciudadanos y permitan un control, eficaz de la administración.

Estamos muy lejos de dicho escenario, pero resulta necesario intentar alcanzar los objetivos señalados.

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