La ciudad alicantina va a liquidar el contrato de explotación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales a fin de poder sacar a licitación la nueva concesión. El gobierno desea que la adjudicación tenga como plazo máximo el plan de ajuste.

Una decisión largamente esperada

El ayuntamiento es que tiene que licitar el contrato, pero la entidad pública de saneamiento de aguas, dependiente de la Generalitat Valenciana va a ser la que asuma el coste del servicio. El gobierno ha trasladado los pliegos de condiciones para su revisión, dé el visto bueno y se comprometa a pagar el canon.

La adjudicación se va a realizar por concurso abierto y el contrato acabará en 2019, cuando el Ayuntamiento tiene previsto que se pueda librar del Plan de Ajuste o 2022, la fecha como máximo donde expirará. El objetivo es que coincida el fin del contrato de mantenimiento de la depuradora con el del Plan de Ajuste, lo que propiciará que este servicio pueda ser incluido después en el contrato integral de ciclo hídrico que gestionará la futura empresa mixta que se quiere crear.

El contrato que tiene vigencia actualmente es de 1984 y afecta no sólo a la Edar, también a toda la red de colectores y estaciones de bombeo de Benidorm que se encuentran vinculadas a la depuradora en cuestión.La nueva adjudicación daría cumplimiento a una sentencia judicial del TSJ, la cual anuló en 2013 la prórroga que en 2010 había realizado el anterior gobierno socialista sobre el contrato. A cambio de la prórroga el Ayuntamiento recibió 2 millones de euros y un compromiso de 1,5 millones en inversiones, de las que se ejecutaron obras por un valor próximo a los 700.000 euros.

La nueva adjudicación daría cumplimiento a una sentencia judicial del TSJ que anuló en 2013 la prórroga que en 2010 realizó el anterior gobierno socialista sobre el contrato. A cambio de la prórroga, el Consistorio recibió 2 millones de euros y un compromiso de 1,5 millones en inversiones de las que se ejecutaron obras por un valor cercano a los 700.000 euros.

La sentencia, que se dictó por el contencioso interpuesto por otra empresa, anulaba la prórroga, pero el Ayuntamiento debía devolver el dinero que aportó la concesionaria. Para evitar un pago millonario, la Corporación tomó la decisión en 2014 de esperar a que las inversiones se amortizarán antes de la rescisión del contrato, lo que ocurrió ahora.

Los técnicos municipales realizaron la liquidación del contrato en el que se compensa el canon pendiente con las inversiones que no se ejecutaron y el resultado es un saldo favorable al Ayuntamiento de 6.164 euros, algo que ha sido ingresado en las arcas municipales.