El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha informado del traslado a los servicios municipales de la orden para que se deje de incluir en los contratos de licitación pública de la cláusula contra los paraísos fiscales que ha sido suspendida judicialmente de forma cautelar.

Una decisión controvertida

Cubera ha precisado que esta situación de no aplicación de la cláusula del decreto se va a mantener mientras el juez no determina lo contrario. La Delegación del Gobierno en Aragón ha recurrido de forma judicial el decreto del Ayuntamiento de Zaragoza contra los paraísos fiscales por el que el Gobierno de Zaragoza en Común trataban de impedir que empresas que se encuentran condenadas trabajaran para la ciudad.

Después del recurso de la Delegación del Gobierno, el juez procedió a decretar la suspensión cautelar del decreto, una prueba más de que la justicia en ocasiones no actúa de la forma más justa, sino protegiendo a los que tienen más poder, lamentó un consejero municipal.

Cubero en declaraciones a los medios de información, ha criticado la actuación del delegado del Gobierno en Aragón, argumentando que debería estar haciendo política para impedir la existencia de los paraísos fiscales y en su lugar hace política contra los ayuntamientos que quieren poner freno a este tipo de paraísos.

Más allá de terrenos pantanosos en lo político, lo cierto es que el tema de los paraísos fiscales y las empresas que acuden a ellos, debería ser tratado con más severidad por las autoridades en nuestro país. No podemos estar predicando que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales cuando a la vez dejamos que lleven sus beneficios a otros países donde no hay el mismo régimen fiscal.

Esperemos que con el tiempo este tipo de situaciones dejen de darse y todos los beneficios vayan a parar a las arcas del estado.