El volumen de inversión pública licitada por parte de la Administración Central se situó hasta septiembre en 2.586 millones con una reducción de 713 millones en comparación con el año pasado en el mismo periodo de tiempo.La licitación de obra pública de la Administración General del Estado ha bajado un 21,6% durante los nueve primeros meses del año, lo que ha coincidido con el periodo de interinidad del Gobierno de España, el cual terminó con la investidura en segunda votación de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Este indicador ha evaluado hasta el pasado mes de septiembre de tal forma que confirma la previsión que ya manejaba esta entidad, la cual vaticinaba desde hace meses un agravamiento de la recesión que se registró en 2015 en el sector por la coyuntura política actual y el endurecimiento del proceso de consolidación fiscal, que en cuanto a la Administración General del Estado ha supuesto una reducción del 5% respecto a la inversión que se recoge en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

¿Dónde se concentra la reducción de la inversión pública? Sobre todo, en la reducción del volumen licitador que han sufrido, tanto Adif como Adif Alta Velocidad, la cual se desplomó un 75,8% en los tres primeros trimestres de este año.

El parón a la hora de los planes de desarrollo del AVE en España coincidió con el periodo de inestabilidad política, estando influenciado por la archiconocida exigencia de cumplir con el déficit, además de por la finalización de varios tramos en zonas como CYL o la paralización de tramos en autonomías como Galicia.

Podemos considerar también importante la bajada en un 84,5% en la licitación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que pasó de los 576,5 millones hasta los 89,2 millones.

Si esta reducción de la licitación del Estado no fue mayor fue porque algunos organismos incrementaron considerablemente su inversión, caso de la Dirección General de Carreteras, Aena o Autoridades Portuarias.

El impacto económico que tienen nuestras infraestructuras es el acelerador más importarte para salir de la crisis. La consolidación fiscal no debe ser excusa que nos impida resolver el déficit evidente que hay en infraestructuras, el Parlamento y el Gobierno tienen que afrontar una profunda revisión del modelo.

En los próximos cuatro años deberán definirse las prioridades en el tema de la inversión pública sostenida que España precisa en un horizonte temporal de al menos 10 años, donde una nueva planificación pública se basa en la rentabilidad socioeconómica y unos procedimientos de contratación y ejecución más rigurosos y eficientes.

Se quiere realizar un modelo de financiación que sea más sostenible y solidario. Este modelo estaría basado en una colaboración pública privada de infraestructuras que tanta importancia tienen. Veremos que ocurre con un tema muy necesario.