Desafío regulatorio para las empresas españolas

Socio y gerente Risk Advisory Services, BDO

El entorno europeo en el que nos encontramos y la evolución incesante de los mercados desencadenan la constante aparición de nuevas normativas, lo que constituye para las empresas españolas un desafío regulatorio de gran magnitud.

Por un lado, nuestros organismos reguladores nacionales cada vez tienen menos autonomía. Los “otrora” máximos responsables del buen funcionamiento del mundo empresarial han pasado a tener un papel más de control, quedando su función legisladora en segundo plano. El marco regulatorio viene impuesto por Bruselas y los diferentes organismos articulados por la Unión Europea para regular el mercado común. Buena muestra de ello son las nuevas normativas que han ido apareciendo en los últimos años y que son de obligado cumplimiento para nuestras empresas, como por ejemplo:

– Transversal: implantación de sistemas de control interno para la prevención de los riesgos penales tras la modificación del Código Penal.

– Financiero-asegurador: MiFID, Basilea, Solvencia, directivas ESMA, etc.

– Agroalimentario: directivas que regulan aspectos relativos a los alimentos como el almacenamiento, conservación, transporte, etiquetado, aditivos, etc.

– Energía: directivas sobre las redes y canales para el transporte, regulación de precios, etc.

Por otro lado, la evolución de los mercados mundiales es también un factor muy importante en el aspecto regulatorio, que no solo afecta a las grandes multinacionales que operan en diferentes mercados internacionales sino a cualquier empresa, incluidas las pymes. Una compañía que no quiera limitar sus productos y servicios al mercado local (que ya de por sí es exigente en lo referente a regulación) ha de cumplir con diferentes normativas internacionales que regulan y establecen los procesos específicos que se han de implantar en la producción, fabricación y comercialización de los productos y servicios si quieren acceder al mercado internacional. Adicionalmente, las grandes multinacionales tienen que llevar a cabo importantes inversiones para poder cumplir con las exigencias regulatorias de las grandes potencias mundiales. Ejemplos:

– Cualquier productor del sector agroalimentario (hortofrutícola, ganadero, etc.), ya sea autónomo, pyme o gran empresa, ha de cumplir con los estándares internacionales para poder comercializar sus productos fuera del mercado nacional.

– Los fabricantes de productos químicos comunes (adhesivos, detergentes, pesticidas, etc.) han de cumplir con el SGA (Sistema Global Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos), normativa que regula en el ámbito internacional tanto el proceso de etiquetado y las advertencias que deben contener como el listado de productos que deben incluir este sistema de etiquetado.

– Las empresas españolas que cotizan en la Nyse han de implantar un sistema de control interno que cumpla con las exigencias recogidas en la Ley Sarbanes-Oxley.

– Cualquier entidad financiera que no quiera quedar excluida del circuito financiero internacional, aunque solo opere en España, ha de reportar información fiscal sobre sus clientes estadounidenses o residentes en Estados Unidos, según lo recogido en la normativa Fatca.

– Es necesario disponer del certificado CCC (China Compulsory Certificate) para poder exportar a China una serie de productos, siendo el listado de productos cada vez mayor. Para ello, el exportador español ha de cumplir con los requisitos y exigencias normativas exigidas por China que son verificados y validados por el CQC (China Quality Certification Center), con el consiguiente coste económico y de recursos.

Esta presión regulatoria ha llevado a la función de Cumplimiento Normativo a ser indispensable para el buen funcionamiento de las empresas, llegando a desempeñar un rol estratégico para el crecimiento de las mismas, siempre y cuando cuente con la dimensión y recursos necesarios para poder afrontar el entorno dinámico y cambiante ante el que nos encontramos. De hecho, existen normativas específicas que regulan las funciones que ha de desempeñar Cumplimiento Normativo (como es el caso de la Guía de Funciones emitida por la CNMV para las entidades que prestan servicios de inversión).

Para responder al desafío regulatorio actual, una función de Cumplimiento Normativo ha de centrarse en los siguientes aspectos:
– Actuar como segunda línea de defensa de la compañía, ejerciendo de manera adicional como asesor de la alta dirección y demás partes interesadas en lo referente a Cumplimiento Normativo.

– Realizar una primera identificación y priorización de todas las normativas de aplicación a las que se encuentra expuesta la Compañía.

– Llevar a cabo un análisis de la situación de cumplimiento de cada normativa.

– Liderar, coordinar y asegurar la implantación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las normativas tanto internas como externas a las que se encuentra sujeta la compañía.

– Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las mismas.

Una función de Cumplimiento Normativo que cumpla con estas características no solo ejercerá como palanca para el desarrollo de la empresa, sino que hará que sus stakeholders duerman más tranquilos