La dudosa viabilidad del sistema público

¿Realmente la Seguridad Social está abocada al colapso? Los hechos parecen indicar en esa dirección. Por un lado, el Gobierno ha tenido que recurrir en varias ocasiones a la llamada “hucha” de la Seguridad Social para poder pagar las pensiones. La última vez, el pasado mes de julio, dejando el Fondo de Reserva reducido a 48.722 millones de euros. A 31 de octubre, el número de afiliados a la Seguridad Social ascendía a 16.690.520, cuyas cotizaciones financian las pensiones de 9.239.688 beneficiarios por todos los conceptos: jubilación, incapacidad laboral, viudedad, etc. Es decir, hay 1,8 activos por  cada pensionista.

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Las simulaciones demográficas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística presentan un panorama muy alarmante: si en 2010 el porcentaje de mayores de 65 años era del 20,9%, en 2050 este porcentaje se eleva al 43,6. Es decir, dentro de 35 años, la relación habrá dado un vuelco: cada trabajador contribuirá a mantener casi dos pensiones: sólo el 26% será población activa.

El estudio “El futuro de las pensiones españolas”, del que es autor Javier Díaz-Giménez, considera que el sistema se habría agotado en torno a 2017, es decir, a la vuelta de la esquina, si no se hubieran producido las sucesivas reformas introducidas desde 2011 al sistema público de pensiones: retraso en la edad de jubilación e introducción del factor de revalorización y del factor de equidad intergeneracional.

Aunque la crisis económica desde 2007 ha afectado al sistema de pensiones, el informe citado señala que el desequilibrio entre ingresos y gastos es estructural: los ingresos se mantienen estables, mientras que los gastos no dejan de aumentar. Y lo seguirán haciendo. Considerando las reformas introducidas desde 2011, la situación en 2050 presentará un déficit entre el 22 y el 30% del PIB, mientras que el impuesto sobre el consumo para financiar las pensiones se situará entre el 38 y el 24%.

Todo ello, sin embargo, no redundaría en el mantenimiento del poder adquisitivo. Por el contrario, las pensiones públicas se verían reducidas hasta en un 66%, dependiendo de los distintos escenarios de simulación.