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La dudosa viabilidad del sistema público

Redacción E3
Publicado a 13/01/2015 15:04

¿Realmente la Seguridad Social está abocada al colapso? Los hechos parecen indicar en esa dirección. Por un lado, el Gobierno ha tenido que recurrir en varias ocasiones a la llamada “hucha” de la Seguridad Social para poder pagar las pensiones. La última vez, el pasado mes de julio, dejando el Fondo de Reserva reducido a 48.722 millones de euros. A 31 de octubre, el número de afiliados a la Seguridad Social ascendía a 16.690.520, cuyas cotizaciones financian las pensiones de 9.239.688 beneficiarios por todos los conceptos: jubilación, incapacidad laboral, viudedad, etc. Es decir, hay 1,8 activos por  cada pensionista.

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Las simulaciones demográficas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística presentan un panorama muy alarmante: si en 2010 el porcentaje de mayores de 65 años era del 20,9%, en 2050 este porcentaje se eleva al 43,6. Es decir, dentro de 35 años, la relación habrá dado un vuelco: cada trabajador contribuirá a mantener casi dos pensiones: sólo el 26% será población activa.

El estudio “El futuro de las pensiones españolas”, del que es autor Javier Díaz-Giménez, considera que el sistema se habría agotado en torno a 2017, es decir, a la vuelta de la esquina, si no se hubieran producido las sucesivas reformas introducidas desde 2011 al sistema público de pensiones: retraso en la edad de jubilación e introducción del factor de revalorización y del factor de equidad intergeneracional.

Aunque la crisis económica desde 2007 ha afectado al sistema de pensiones, el informe citado señala que el desequilibrio entre ingresos y gastos es estructural: los ingresos se mantienen estables, mientras que los gastos no dejan de aumentar. Y lo seguirán haciendo. Considerando las reformas introducidas desde 2011, la situación en 2050 presentará un déficit entre el 22 y el 30% del PIB, mientras que el impuesto sobre el consumo para financiar las pensiones se situará entre el 38 y el 24%.

Todo ello, sin embargo, no redundaría en el mantenimiento del poder adquisitivo. Por el contrario, las pensiones públicas se verían reducidas hasta en un 66%, dependiendo de los distintos escenarios de simulación.

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