J.L. Blasco (KPMG): “El regulador quiere que las compañías actúen como buenos ciudadanos”

A finales de octubre pasado la firma de servicios profesionales KPMG reunió en Valencia a un amplio grupo de directores financieros de empresas de la Comunitat, en una sesión en la que se analizaron los cambios regulatorios que se avecinan para reforzar el control de las compañías.

Como ponentes en la sesión intervinieron José Luis Blasco, socio de KPMG y responsable de las áreas de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento, y Fco. Javier Quiles, director de Relaciones Institucionales de Consum. El resumen de conclusiones es fácil de hacer: las obligaciones formales de las empresas en materia de control interno y buen gobierno van a crecer sí o sí.

[masinformacion post_ids=»35177″]

José Luis Blasco

José Luis Blasco

– Por qué hay que reforzar las medidas de control en las empresas y de qué tipo de medidas estamos hablando?

– El ordenamiento jurídico se está haciendo muy complejo por dos razones. La principal, porque la opinión pública está preocupada por el comportamiento de las empresas. Estamos hablando de lo que está en los titulares de los periódicos: la corrupción es la segunda preocupación que tienen los españoles. Y en segundo lugar, porque la capacidad de negociación dentro del sistema de economía de mercado es muy grande. Estamos hablando de que, por ejemplo, a nivel global, el 60% de las economías del planeta son empresas.

En tales circunstancias, lo que estamos viendo es que el regulador persigue dos cuestiones: 1ª. Que las compañías se comporten como buenos ciudadanos, de acuerdo a las normas éticas. 2ª. Otras cuestiones que tienen que ver con los mecanismos de ajuste de la economía de mercado como, por ejemplo, si hablamos del sector farmacéutico, la relación de los laboratorios con los médicos; en el sector agroalimentario, la relación entre los agricultores y la distribución; etc. Se producen asimetrías en las relaciones económicas del mercado, que la normativa está intentando reequilibrar.

– No estamos hablando ya del tradicional informe de auditoría.

– Efectivamente, estamos hablando de  las promesas: qué ‘promete’ la compañía al mercado y cómo se comporta conmigo en tanto que consumidor, empleado, vecino o administrado. El ordenamiento jurídico intenta protegerme y que la compañía cumpla su ‘promesa’. Para protegerme establece un sistema regulatorio cada vez más estricto. Y esa promesa es mucho más amplia que el hecho de que sus Cuentas Anuales sean la imagen fiel de la realidad de la empresa.

Obligaciones formales

– Estamos, pues, ante más obligaciones formales para las empresas.

– Las compañías grandes tienen definidos sus procedimientos de funcionamiento, porque para poder replicar su propio modelo en delegaciones y filiales han tenido que establecer dichos procedimientos. Pero a las pequeñas y medianas les va a costar, porque confían mucho en las personas. Confían en la debida diligencia de sus personas, pero cuando tienes que demostrar ante un tercero que se ha cumplido de manera fehaciente un determinado requerimiento, ya no vale ese sistema.

De todas formas, estos cambios van a hacer mejores empresas. Al menos, eso es lo que se pretende. Hay tres aspectos que aportarán mucho valor a las compañías, aunque se vean inicialmente como un coste.

La primera transformación es que los órganos de gobierno de las compañías -los miembros del consejo de administración- van a tener responsabilidades personales. En la legislación española, desde el año 2010 tienen incluso responsabilidades penales. A pesar de ello, ahora mismo, la mayor parte de las personas que se sientan en un consejo de administración, muchas veces no saben cuáles son sus responsabilidades. Esa es una transformación enorme.

Y esto no pasa sólo en las sociedades de capital; también en las fundaciones. El proyecto de ley de Fundaciones contempla que los patronos respondan patrimonialmente de las fechorías que haga la Fundación. En la Administración Pública, con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, hay responsabilidad patrimonial de los gestores de las empresas públicas.

La segunda transformación es que este órgano de gobierno va a pedir supervisión a los gestores. Para ello, aparece una figura que depende directamente de la Comisión de Auditoría del Consejo, que es el auditor interno, que en estos momentos ya tienen todas las empresas cotizadas.

Estamos hablando de una persona que rinde cuentas directamente al órgano de gobierno y que tiene dos funciones: asegurar que las cosas en la compañía se hacen tal y como el órgano de gobierno dice que se deben hacer; y es un asesor de muchísimo valor, porque está sobrevolando sobre todos los asuntos.  Esa figura va a ir expandiéndose por todo tipo de empresas.

La tercera transformación es que el regulador, cuando quiera conocer o revisar cosas de la empresa, no va a querer hablar sólo con los administradores de la compañía. Dada la importancia creciente de esta figura -el responsable de auditoría interna-, va a querer hablar también con el auditor interno, demandándole información de cualquier materia regulada.

Al final, el objetivo que persiguen estos cambios es claro: conseguir empresas bien gobernadas, porque una empresa bien gobernada es una empresa más longeva, más rentable y más segura.