La fiscalidad, una complicación más a la transmisión de la empresa familiar

La fiscalidad sigue siendo uno de los grandes desafíos para la empresa familiar en España y un factor decisivo para su continuidad. La complejidad normativa, la coexistencia de marcos estatales y autonómicos y la falta de incentivos claros a la reinversión generan incertidumbre en momentos clave como la transmisión generacional. En este contexto, expertos reclaman una mayor flexibilidad, claridad en los requisitos y una armonización normativa que permita garantizar la competitividad y el relevo de este modelo empresarial.

La empresa familiar afronta un escenario fiscal complejo que condiciona tanto su desarrollo como su continuidad. La combinación de normativa estatal y autonómica, junto con la falta de claridad en algunos requisitos clave, genera incertidumbre en un momento especialmente sensible como es el relevo generacional.

Miguel Guillem, socio director de Fiscal de EY Abogados en la Comunidad Valenciana y Murcia, señala que uno de los principales retos pasa por mejorar el marco fiscal aplicable a la transmisión empresarial. En este sentido, subraya la necesidad de «ampliar los supuestos en que se bonifica en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) en la transmisión de la empresa, tanto intervivos como por causa de muerte», así como «flexibilizar y aclarar algunos requisitos para lograr la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio».

La transmisión, principal desafío

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sigue siendo uno de los principales puntos críticos. Aunque existen bonificaciones relevantes, su aplicación presenta limitaciones. «El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sigue siendo un gran desafío en determinadas transmisiones de empresas», afirma Guillem, especialmente cuando se produce entre familiares de tercer grado o cuando existen activos financieros o inmobiliarios.

En estos casos, explica, «pueden surgir dudas sobre su afección a la actividad y, en consecuencia, sobre su acceso a la bonificación estatal del 95% o autonómica», lo que introduce un elemento de inseguridad jurídica que complica la planificación.

Un sistema con múltiples marcos normativos

A esta complejidad se suma la coexistencia de distintos marcos normativos. Ya que como apunta Guillem, a la normativa estatal «se superponen las normativas de carácter autonómico, siempre que mejoren aquella».

Aunque reconoce que existe «un buen punto de partida con lo establecido en la normativa estatal», advierte de que «existen grandes diferencias en función de una comunidad autónoma y otra». Entre los aspectos a mejorar, el experto de EY menciona la necesidad de permitir que «un administrador y socio único pueda donar la totalidad de la nuda propiedad del capital sin tener necesariamente que cumplir 65 años y jubilarse».

Bonificaciones insuficientes

Las mejoras introducidas por algunas comunidades autónomas no han logrado eliminar la incertidumbre. «No del todo», alega Miguel Guillem al ser preguntado si han reducido el problema. En su opinión, estas bonificaciones «no cubren supuestos como la transmisión a sobrinos» y siguen existiendo dudas relevantes, especialmente en la consideración de determinados activos.

A su juicio, «hay un alto grado de incertidumbre con la consideración como afectos de ciertos elementos patrimoniales como los activos financieros o los inmobiliarios», insiste.

Planificación desde el origen

Ante este escenario, la planificación fiscal se convierte en una herramienta clave. Y no solo en el momento de la sucesión. Concretamente, «la sucesión debería planificarse desde la constitución misma de una empresa», subraya Guillem.

El motivo que argumenta el socio director de Fiscal de EY es que «ni el empresario ni nadie está exento de que pueda fallecer anticipadamente o que pueda sucederle algo que le obligue a ceder la empresa en vida». Además, recuerda que los requisitos necesarios para acceder a las bonificaciones fiscales deben cumplirse con antelación, lo que obliga a anticipar decisiones estratégicas.

Sin incentivos a la reinversión

Uno de los aspectos más críticos del sistema fiscal actual es la falta de incentivos a la reinversión. «Podemos afirmar rotundamente que no», señala Guillem al ser preguntado si la fiscalidad fomenta el crecimiento de la empresa familiar.

A su juicio, el sistema actual «fomenta que los empresarios trasladen los beneficios a otras estructuras que permitan aislar los riesgos propios de la actividad y obtener beneficios fiscales», como puede ser la inversión en sociedades de capital riesgo.

El impacto del Impuesto sobre el Patrimonio

El Impuesto sobre el Patrimonio es otro de los elementos que generan mayor preocupación. Según Miguel Guillem, es «tremendamente desincentivador» y obliga a los empresarios a reorganizar sus inversiones.

En concreto, explica que este impuesto «obliga a derivar las inversiones a estructuras societarias que permitan destinarlas a diversificación» y añade que supone «una clarísima doble tributación», además de ser una figura prácticamente inexistente en otros países del entorno.

Desigualdad entre territorios

La dispersión normativa entre comunidades autónomas es otro factor clave. «Absolutamente», responde Guillem al ser preguntado si genera desigualdades. En su opinión, algunas regiones están avanzando más que otras en aspectos como la ampliación de beneficios fiscales o la flexibilización de criterios.

Así, destaca que algunas comunidades «están otorgando la bonificación a familiares de tercer grado» o reconociendo determinados beneficios acumulados como elementos afectos a la actividad, lo que no ocurre de manera uniforme en todo el territorio.

Propuestas de reforma

Ante esta situación, diferentes organismos han planteado medidas para mejorar el sistema. En concreto, Miguel Guillem menciona el documento elaborado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que incluye propuestas en distintos impuestos.

Entre ellas, destaca la ampliación del grupo familiar hasta el cuarto grado, la modificación de los requisitos de retribución por funciones de dirección o la reducción de los años de mantenimiento de la participación.

También se plantean cambios en la consideración de activos afectos a la actividad y la inclusión explícita de determinados instrumentos financieros.

Una reforma clave

Si tuviera que priorizar una medida, Guillem lo tiene claro. «Sin duda», apostaría por una reforma que permita considerar como afectos determinados activos financieros, siempre que cumplan ciertos requisitos y figuren en la contabilidad de la empresa.

Se trataría de una medida que aportaría mayor claridad y seguridad jurídica, facilitando la planificación y reduciendo la incertidumbre.

La fiscalidad para el futuro

En definitiva, la fiscalidad sigue siendo un elemento determinante para el futuro de la empresa familiar. La necesidad de contar con un marco más claro, flexible y homogéneo se ha convertido en una de las principales demandas del sector.

Como concluye Guillem, el reto es adaptar la normativa a la realidad empresarial y garantizar que la fiscalidad no se convierta en un obstáculo para la continuidad de un modelo clave en la economía española.