Año nuevo, mismas cuentas: 2026 arranca con los presupuestos de 2023 prorrogados

Año nuevo, pero mismas cuentas. Por tercera vez consecutiva, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 se mantienen vigentes, tras el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre, que establece los criterios técnicos para aplicar esta prórroga a lo largo del nuevo año.

El Gobierno tiene previsto presentar el proyecto de presupuestos para 2026 «a principios o mediados» del primer trimestre, lo que situaría su calendario entre enero y febrero. Sin embargo, la fragmentación del Congreso y la ruptura con Junts complican la aprobación de unas nuevas cuentas, que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, serán «expansivas y responsables».

Esta prórroga presupuestaria se ajusta a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, que establece que, si el 1 de enero no se ha aprobado una nueva Ley de Presupuestos, quedarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior.

El acuerdo aprobado incluye además disposiciones transitorias para garantizar la continuidad del gasto. Los ministerios y organismos deberán adaptar los créditos prorrogados antes de iniciar nuevos expedientes vinculados a los fondos europeos de recuperación, con el objetivo de cumplir con el plan de recuperación durante 2026.

Se trata de la undécima prórroga presupuestaria en democracia, algo que ya sucedió en los años 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, dos veces en 2018, y que ahora se repite por tercera vez con las cuentas de 2023.

Objetivos de déficit y techo de gasto

Aunque el proyecto de presupuestos para 2026 sigue sin presentarse, el Gobierno sí ha dejado cerrado el límite de gasto no financiero del Estado, conocido como techo de gasto, que alcanzará un máximo histórico de 216.177 millones de euros, junto con los objetivos de déficit y deuda para el conjunto de las administraciones públicas.

Tras el rechazo del Congreso a la senda de estabilidad propuesta por el Ejecutivo, entrará en vigor la prevista en el plan fiscal estructural a medio plazo enviado a Bruselas el año pasado. Este marco reduce el margen de gasto de las comunidades y concede mayor flexibilidad a la Administración General del Estado.

De acuerdo con esa planificación, el déficit público seguirá una senda descendente: se situará en el 2,1% del PIB en 2026, bajará al 1,8% en 2027 y se reducirá hasta el 1,6% en 2028. En cuanto a la deuda, el Gobierno fija como objetivo que alcance el 100,9% del PIB en 2026, descienda al 100% un año después y se sitúe en el 99,1% en 2028.

El Gobierno descarta que la legislatura esté acabada

Frente a las críticas de la oposición, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, rechazó que la continuidad de la legislatura dependa de la aprobación de los PGE. A su juicio, «de ninguna manera» el mandato puede darse por concluido si las nuevas cuentas no prosperan.

En declaraciones a la Cadena SER, la ministra reiteró que la previsión es presentar el proyecto durante el primer trimestre del año. Asimismo, hizo un llamamiento a la responsabilidad de los distintos grupos parlamentarios para que se sitúen «al lado de un buen proyecto de presupuestos».

Saiz reconoció, no obstante, que el proceso exige «un importante trabajo de negociación y de diálogo constante con las fuerzas políticas». Unas conversaciones que, según explicó, se desarrollan «ahora mismo» con «discreción» y «hacia adentro», con el objetivo de recabar los apoyos necesarios.

El Senado plantea al Constitucional un conflicto de atribuciones

En paralelo, ante la ausencia de los PGE para 2026, el Senado ha planteado al Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Gobierno a iniciativa del Grupo Popular, que cuenta con mayoría en la Cámara Alta.

La actuación tiene su origen en un acuerdo aprobado por el pleno del Senado el pasado 22 de octubre. Entonces, la Cámara decidió dirigir un requerimiento formal al Gobierno para que presentara el proyecto presupuestario, un trámite previo necesario antes de activar el conflicto institucional.

Con esta iniciativa, el Partido Popular busca que el Tribunal Constitucional obligue al Ejecutivo a fijar un plazo máximo para la presentación de las cuentas públicas de 2026 y que, además, declare inválidas las sucesivas prórrogas presupuestarias aprobadas desde 2023.