Cerca de 330.000M€ se escapan del fisco al año en España, el 24% del PIB

La economía sumergida sigue siendo una asignatura pendiente a resolver por parte del Ministerio de Hacienda. De su control se escapan nada más y nada menos que 329.671 M€. En la Unión Europea solo nos superan Grecia e Italia.

No paga IVA, no cotiza y no descansa: la economía sumergida en España mueve más que muchas multinacionales, pero sigue operando en la sombra, fuera del radar del fisco y a plena luz del día. Esta es nuestra realidad y la época del Lazarillo de Tormes ya la hemos dejado atrás.

Aunque no hay informes oficiales actualizados, el estudio del Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR) “Repensando la economía informal y el efecto Hugo” y cuyos autores son Francesco Pappadà, profesor de la Universidad de Venecia, y Kenneth Rogoff, profesor de la Universidad de Harvard concluye que la economía sumergida española se situaría en torno al 24 % del PIB para el bienio 2021-2022. «Eso significaría que los autores estiman un volumen de economía sumergida en España de unos 329.671 M€ (con el PIB 2022), que escapan al control fiscal y laboral. De ahí, habrá una parte que se convertiría en impuestos defraudados y cuotas de la Seguridad Social no declaradas», reconoce José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

«Esto no significa que sea evasión. Se trata de volúmenes económicos que controlados por el fisco», puntualiza.

De todas formas, «no es lo mismo que defraude un deportista o un artista que el que está vendiendo melones en la carretera. Mientras que a los segundos en el Impuesto de la Renta les va a salir poco o nada, a los primeros por esconder una parte de lo ganado en derechos de imagen, le puede suponer una cifra económica alta».

Posición en Europa

Los estudios internacionales sobre economía sumergida nos sitúan en tercer lugar detrás de Grecia e Italia entre los países de la zona euro. Si nos centramos en Rumanía o Hungría puede ser que sus tasas de economía sumergida sean más altas. Sin embargo, «pensando en economías del euro, donde hay una mayor convergencia con nuestros parámetros económicos estamos detrás de estos dos países».

Fraude fiscal o economía sumergida ¿es lo mismo?

La economía sumergida es el volumen económico que no está declarado y que no ha aflorado. «Podrían ser cantidades económicas que ciudadanos de nuestro país puedan tener en refugios fiscales u obtenidos a través de sociedades interpuestas para evitar su tributación en el IRPF», señala Mollinedo.

Mientras que el fraude fiscal se refiere a la cantidad de tributos, como puede ser las cotizaciones sociales, que se dejan de ingresar por ese volumen de economía sumergida.
Sobre los sectores más defraudadores, «no hay ningún perfil definido», especifica Mollinedo. Sin embargo, desde Hacienda han detectado que se suele corresponder con aquellos «donde hay un gran cobro en dinero en metálico y con gran cantidad de mano de obra» señala.

Históricamente, «vemos que la agricultura y la ganadería, la construcción y la promoción inmobiliaria son sectores donde se ha concentrado tanto el fraude laboral como el tributario», destaca el técnico de Hacienda.

¿El carácter mediterráneo influye?

Para José María Mollinedo, la picaresca, que tan bien refleja «El Lazarillo de Tormes», sí que se daba décadas atrás. «Las generaciones anteriores incluso presumían de defraudar impuestos y se jactaban de ello. Hoy en día está mal visto», recuerda. De hecho, rememora, «hemos visto a personalidades relevantes como empresarios o políticos de diferentes colores que han justificado cómo o porqué han defraudado a Hacienda».

«Nosotros, como técnicos de Hacienda, no queremos que los españoles tengamos un perfil distinto de los países más calvinistas donde está peor visto», recalca.

Reconoce también que algunas de las grandes revelaciones que han aparecido en prensa sobre personas que han defraudado al fisco han salpicado a personas residentes en el centro y norte europeo. «Con lo cual, esta propensión a defraudar no es exclusiva de los españoles», admite Mollinedo.

Mayor capacidad de la Administración pública

La diferencia, y así lo recogen las estadísticas internacionales, es que los países del norte y centro de Europa tienen unas tasas menores de economía sumergida que los países del Mediterráneo. «Pensamos que esto se debe, no a la conciencia fiscal, que puede ser similar en unos casos o en otros, sino a la mayor capacidad de las administraciones de esos países para controlar la economía sumergida» concreta Mollinedo.

Es decir, «contamos con una menor plantilla por número de habitantes y sus administraciones tienen mayor capacidad de luchar con más eficacia contra la economía sumergida que en España», clarifica.

Plan integral contra la economía sumergida

El representante de Gestha reconoce que existen planes de controles tributarios cada año, además de planes estratégicos de la Agencia Tributaria, incluso planes especiales de control para prevenir y luchar contra el fraude fiscal. Sin embargo, «venimos hablando del fraude fiscal en nuestro país desde hace décadas», evoca Mollinedo. De hecho, los primeros estudios sobre esta cuestión llevados a cabo por Funcas arrancan de los años ochenta.

Además de las tres leyes antifraude, rememora Mollinedo, ha habido cuatro regularizaciones fiscales que han tenido la vocación de poner punto y final a la economía sumergida «dándole la oportunidad a los evasores de ponerse al día», asegura.

Sin embargo, no lo consiguió ninguna de las tres. Francisco Fernández Ordoñez impulsó la reforma tributaria de 1977, el mismo año también en el que se aprobó la primera declaración de Bienes, que haría referencia al Primer Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio (1978).

En 1977 se dio la opción a todas aquellas personas que tributaban con el sistema franquista a regularizar su situación. En aquel año, los impuestos se recaudaban de forma global para las empresas, que debían contribuir en cada provincia al sostenimiento de los gastos de aquella época y tampoco se tenía en cuenta el volumen económico, ni el beneficio empresarial.

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Para las personas había un impuesto de trabajo personal, parecido a la retención del día de hoy, con la diferencia de que no se tenía en cuenta la situación familiar.
Después de la regularización de bienes de 1977, la última amnistia fiscal fue la del ministro Cristóbal Montoro, que permitió aflorar 40.000 M€.

«Nosotros ya sabíamos, -incide el técnico de Hacienda- que ninguna de esas medidas iba a reducir la economía sumergida».

En este punto, Mollinedo añade que «quien aflora cuantías económicas en estos procesos es porque hay una investigación fiscal, tributaria o judicial en su entorno y tienen miedo a ser descubiertos».

La cifra de economía sumergida fluctúa entre el 20 y el 24 % del PIB. Sin embargo, «para nosotros lo importante es ver la tendencia de mantenimiento».

El último estudio revela que en épocas de crisis se mantiene alto el porcentaje de economía sumergida y está muy relacionado tanto con la situación de las empresas como con las personas para afrontarlas.

Mollinedo justifica que con esas oscilaciones de los ciclos económicos “tenemos cierto mantenimiento del volumen de economía sumergida”. Este es el motivo por el que desde Gestha demandan que se apruebe un plan integral.

En concreto, reclaman que “reducir la economía sumergida sea un objetivo prioritario e irrenunciable y los demás deben ser subordinados como el acceso a la web, servicios telemáticos, el número de citas…”.

José María Mollinedo pone el foco también en que si desde Hacienda llevan a cabo actuaciones intensivas «se establece el objetivo sobre un menor número de personas o de empresas y todo ese dinero B que se ha ido generando se ha ido gastando. No debemos olvidarnos que a los cuatro años prescribe».

Qué hacer ante la economía sumergida

Desde Gestha piden al Gobierno tres medidas para acabar con la economía sumergida y que «ya han puesto en marcha los países de nuestro entorno», confirma Mollinedo.

La primera de sus reclamaciones pasa por llevar a cabo estudios de economía sumergida oficiales que recojan información sobre los sectores, distribución geográfica y perfil del contribuyente con el fin de saber dónde se concentra la evasión.

En segundo lugar «pedimos poder investigar los fraudes más complejos». Desde Gestha admiten que la mayor parte de ellos se concentran en aquellos que tienen mayor poder económico que suelen contar con estructuras de evasión de capital más difíciles de descubrir frente a lo que puede llevar a cabo un particular.

De hecho, corrobora Mollinedo, «las denuncias por delito fiscal se han desplomado un 80 % desde 2011».

Mollinedo subraya también que el 85 % de la plantilla de Hacienda está limitada a investigar a empresas de hasta 6 M€ de facturación, «una cifra que está por debajo del umbral de la pequeña empresa porque nos permite conseguir el objetivo de recaudación. Sin embargo, esto no significa que el volumen de economía sumergida se reduzca».

La tercera petición consiste en igualar la plantilla a la media de la Unión Europea. «Deberíamos multiplicarla un 40 %. Si ahora estamos en unos 27.000 funcionarios, deberíamos llegar a los 35.000», reconoce.