El Gobierno envía al Congreso la jornada de 37,5 horas: ¿con qué apoyos cuenta?

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el envío al Congreso de los Diputados del proyecto de ley que reduce la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales. La propuesta, respaldada por los sindicatos y rechazada por la patronal, inicia así su tramitación parlamentaria y será debatida por los distintos grupos políticos. La nueva norma supondrá una modificación de la jornada máxima legal, que lleva más de 40 años establecida en 40 horas semanales.

Esta medida, que es una de las iniciativas «estrella» del Gobierno, pretende «cambiar la vida de la gente», según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. «Hoy modernizamos la empresas españolas, el mundo de trabajo y ayudamos a que la gente sea un poco más feliz», ha destacado.

Con el envío del proyecto al Congreso de los Diputados, ha afirmado la ministra, «no hay vuelta atrás». Pero, ¿cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante? La realidad es que, de momento, no están asegurados.

A favor y en contra

En principio, el proyecto de ley contaría con el apoyo del PSOE y Sumar (147 diputados), formaciones que integran el Gobierno y promueven la iniciativa, así como del resto de socios habituales de legislatura, a excepción de Junts: ERC (7 diputados), EH Bildu (6 diputados), Podemos (4 diputados) y BNG (1 diputado). Todos ellos, por el momento, no se han manifestado en contra de la medida, aunque algunos han expresado que debería ser más ambiciosa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se trata de «una demanda social» y se ha mostrado convencido de que «contribuirá a mejorar la productividad y la estabilidad de la fuerza trabajadora y, por tanto, a hacer mejor a nuestras empresas». Asimismo, ha hecho un llamamiento a la patronal para que «no se cierren» a esta reducción de jornada.

En cuanto a los partidos contrarios a la propuesta, el Partido Popular (137 diputados) ha mostrado su rechazo. Su secretaria general, Cuca Gamarra, ha exigido «acabar con las imposiciones que lastran la competitividad porque una minoría las exijan al Gobierno», en referencia a la reducción de la jornada laboral. Según Gamarra, esta medida «debe negociarse desde el diálogo social, con el acuerdo entre empresarios y sindicatos».

También Vox ha rechazado la iniciativa, al considerarla «muy alejada de la realidad de los españoles y sus necesidades».

En el caso de JxCat (7 diputados), el partido liderado por Carles Puigdemont anunció este lunes que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley, al considerarlo «un ataque frontal» a los autónomos y a las pymes catalanas, cuya viabilidad «pone en riesgo». No obstante, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado que «hay margen para la negociación».

La patronal rechaza la ley

La medida cuenta con el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT, pero con el rechazo de la CEOE, que ha advertido de que la reducción de la jornada laboral será «una vuelta de tuerca más» en los costes y las dificultades organizativas que afrontan las empresas.

En un comunicado, la confederación ha recordado el impacto negativo que ya ha tenido para muchos sectores y empresas «la fatiga regulatoria de los últimos meses» y ha insistido en la importancia de garantizar la seguridad jurídica y la contención de los costes y de dejar que empresas y trabajadores se autorregulen a través de la negociación colectiva.

Por su parte, Cepyme ha calculado que la reducción de jornada supondrá un incremento adicional del 6% de los costes laborales, que se sumará al ya experimentado desde 2021 que asciende al 25,1%, para las empresas más pequeñas y microempresas, y al 19% para las medianas.

También la patronal de las agencias de colocación Asempleo ha asegurado que el método elegido para llevar a cabo esta reducción de la jornada laboral ha logrado «la paralización generalizada de un número considerable de negociaciones de convenios». 

Una norma que afecta a 12 millones de personas

De acuerdo con la ministra Yolanda Díaz, la norma afecta a 12 millones de personas, la mayoría se concentran en Madrid, Andalucía y Cataluña. Además, tiene una incidencia importante entre las mujeres, con peso mayoritario en el empleo a tiempo parcial, y a sectores como el comercio, la industria, la hostelería o la construcción.

Asimismo, ha destacado que el cambio se enmarca en un contexto de incremento de los márgenes empresariales que han crecido, ha ejemplificado, un 24% desde 2019 en el caso del comercio, un 35% en la hostelería o del 36% en el de la agricultura.

En promedio, añade Trabajo, la reducción de la jornada laboral será del 2,1%, que equivale a 48 minutos por semana.

La nueva norma incluye mejoras en el registro de jornada, para hacerlo digital y accesible en remoto para el trabajador y para la Inspección de Trabajo. Además, se garantiza de manera más efectiva el derecho a la desconexión digital, al tiempo que se aumentan las sanciones por el incumplimiento de la medida, haciendo que sean aplicadas por persona trabajadora y no por empresa como hasta ahora.