Las empresas vuelven a Cataluña tras el éxodo por el procés

En los últimos meses, varias empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña a raíz del ‘procés’ independentista han decidido regresar. Más allá de ser una mera decisión empresarial, estos movimientos transmiten un mensaje de estabilidad.

La fuga de empresas de Cataluña fue una constante durante los meses y años posteriores al 1 de octubre de 2017, fecha del referéndum independentista ilegal convocado por el Gobierno catalán, entonces presidido por Carles Puigdemont. El clima de tensión e incertidumbre política derivado del procés independentista provocó un éxodo empresarial hacia otras regiones de España.

Solo en el primer año, entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de octubre de 2018, un total de 3.854 empresas trasladaron su sede social fuera de Cataluña. Madrid, Comunitat Valenciana y Aragón fueron los principales destinos.

Aguas de Barcelona (Agbar) fue la primera gran empresa en devolver su sede social a Cataluña en 2018. Desde entonces, han tenido que pasar varios años y varios cambios en el Ejecutivo catalán —ahora liderado por el socialista Salvador Illa— para que muchas otras compañías comiencen a seguir el mismo camino. En los últimos meses, esta tendencia parece haberse intensificado.

Desde finales de 2024 y comienzos de 2025, varias grandes corporaciones, como la Fundación «La Caixa» o Banco Sabadell, han decidido regresar, al considerar que la situación actual en la comunidad nada tiene que ver con la vivida en octubre de 2017. No obstante, otras empresas destacadas como CaixaBank o Naturgy aún no se plantean dar ese paso.

Este cambio de percepción no se limita al ámbito empresarial, también se refleja en el entorno económico catalán. Según una reciente encuesta del Colegio de Economistas de Cataluña, un 69,4% de los economistas considera que las empresas que trasladaron su sede en 2017 deberían devolverla.

El regreso de empresas a la región puede interpretarse como una decisión de carácter económico, pero también como un gesto simbólico que refuerza la estabilidad del entorno empresarial catalán y transmite un mensaje de confianza al tejido productivo y financiero de la región, tras años de incertidumbre política.

Fundación «La Caixa» y su holding  CriteriaCaixa

El 7 de octubre de 2017 se dio a conocer que el patronato de la Fundación «La Caixa» y su holding de inversiones CriteriaCaixa trasladarían su sede a Palma (Mallorca), ante la situación en Cataluña, y «con el fin de preservar sus intereses empresariales y sociales, así como la operativa normal».

Más de siete años después, el pasado mes de marzo, el patronato de la Fundación comunicaba su intención de instalar de nuevo su sede social en Barcelona. La decisión se tomaba al considerar que «ya no se dan las circunstancias que causaron el traslado temporal de dichas sedes a la ciudad de Palma en el año 2017». Este cambio no supone un movimiento de personas ni de espacios o servicios corporativos, puesto que la mayoría de los empleados y centros de trabajo han estado siempre ubicados en Barcelona.

La noticia fue acogida con gran satisfacción entre la esfera política catalana. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa aseguró que este retorno «demuestra que es el momento de apostar por Cataluña». De la misma forma, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, celebró el regreso de la sede de la Fundación y de Criteria, y se mostró convencido de que más empresas tomarán esta misma decisión «porque es la racional y lógica».

Por el momento, no parece que CaixaBank tenga intención de seguir el mismo camino. En la presentación de resultados del primer trimestre de la entidad, su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, dejó claro que la entidad no contempla un cambio de sede. En sus declaraciones, subrayó que la presencia del banco en Valencia, ciudad a la que trasladó su sede social en octubre de 2017, «no tiene plazos» y es de carácter «indefinido». Con estas palabras, Gortázar descartó, al menos por ahora, la posibilidad de regresar a Cataluña, desmarcándose así de la decisión del Banco Sabadell, que en enero anunció su vuelta a su ciudad de origen tras más de siete años con su sede social en Alicante.

Banco Sabadell

Ante la posibilidad de que el Parlament de Catalunya declarase unilateralmente la independencia, el Banco Sabadell comunicó el 5 de octubre de 2017 su decisión de trasladar su sede social a Alicante. Esta medida supuso un movimiento de gran relevancia, dado el arraigo de la entidad en la región, ya que fue fundada en 1881 por un grupo de empresarios de la ciudad de Sabadell.

El pasado mes de enero, en plena opa por parte del BBVA y tras siete años en la Comunitat Valenciana, el consejo de administración del Banco Sabadell aprobó el regreso de su sede social a Cataluña. Teniendo en cuenta que «ahora ya no se cumplen las circunstancias que motivaron su traslado», el consejo consideró que era el momento apropiado para dar ese paso.

El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, señaló que la decisión se meditó durante «mucho tiempo» y que todos los actores con los que se acordó comprendieron que «la sede del Banco Sabadell tiene que estar en Sabadell».

El presidente Salvador Illa celebró la decisión al tratarse de «una entidad muy importante y nacida en Cataluña». Por el contrario, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, expresó su desacuerdo con los motivos del traslado. A su juicio, «llevarse la sede a Cataluña no lo entiende ningún alicantino».

Cabe recordar que el Banco Sabadell obtuvo en 2024 el mejor resultado financiero de su historia, con unas ganancias de 1.827 millones de euros, lo que supone un incremento del 37,1%.

Applus+

Una de las últimas grandes compañías en dar el paso de regresar a Cataluña ha sido Applus+, multinacional especializada en inspección, certificación y ensayos técnicos tanto en el ámbito industrial como en el de vehículos.

La empresa, que trasladó su sede social a Madrid en octubre de 2017, ha decidido ahora volver a establecer su domicilio social en Barcelona.

Este cambio se enmarca en un proceso de reestructuración de la compañía, tras su adquisición por parte de Amber, vehículo inversor de los fondos de TDR Capital e I Squared Capital. Como parte de esta operación, se ha constituido una nueva entidad dentro del grupo, Amber BidCo, que tiene su sede en Barcelona desde el año 2024. Esta sociedad posee actualmente el 77,7% del capital de Applus+.

En septiembre de 2024, la Generalitat de Cataluña ingresó 428 millones de euros mediante la venta del 80% de las acciones de Idiada, empresa especializada en desarrollo de vehículos, a Applus+. Se trata de una operación que refuerza la presencia de la multinacional en Cataluña y su apuesta por ampliar su actividad en el sector de la automoción desde la región.

Applus+ registró en el primer semestre del año 2024 unos ingresos de 1.094 millones de euros, un incremento del 9,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Actualmente, la empresa cuenta con más de 25.000 empleados y desarrolla su actividad en más de 65 países.

Cementos Molins

La histórica cementera catalana Molins anunció, el pasado 3 de diciembre, mediante una comunicación oficial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su decisión de trasladar nuevamente su sede social a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), localidad donde la compañía tiene sus raíces. Con este paso, Molins se convertía en la primera gran empresa cotizada que regresaba a Cataluña tras haberse marchado durante el contexto del procés.

La decisión de trasladar su sede social a Madrid fue adoptada el 20 de octubre de 2017. No obstante, tras evaluar la situación actual, la compañía ha optado por volver a establecer su domicilio social en el territorio al que ha estado históricamente ligado a su identidad corporativa y operativa.

A mediados de 2019, y a solicitud de un accionista minoritario, la empresa ya planteó ante la junta la posibilidad de trasladar nuevamente su sede a Cataluña. Sin embargo, los accionistas rechazaron la propuesta y optaron por mantener la sede en la capital.

Molins tiene una profunda vinculación con Cataluña, donde fue fundada en 1928 por Joan Molins Parera, con el objetivo de dar continuidad a la explotación de canteras y a la producción de cal y cemento natural en los municipios de Pallejà, Vallirana y Sant Vicenç dels Horts.

El beneficio neto de la compañía alcanzó los 184 millones de euros el pasado 2024, lo que representa un incremento del 22% respecto al año anterior, y se traduce en un beneficio por acción de 2,78 euros. Este aumento es consecuencia principalmente de la mejora de los resultados operativos y del resultado financiero junto con el menor impacto negativo del ajuste por hiperinflación en Argentina.

Molins cuenta con una plantilla de 6.300 personas en 11 países de cuatro continentes. Además, dispone de 168 instalaciones productivas.