«En los próximos cuatro años España debe dar el salto que le sitúe en una posición correcta en los rankings mundiales de innovación». Con esta consigna sintetizó Francisco Marín, vicepresidente del Foro de Empresas Innovadoras (FEI), la jornada que tuvo lugar ayer en la sede de la Fundación Pons, en la que se presentó el informe «Nuevas Políticas de Innovación en España 2024-2027«. Este documento recoge hasta 26 propuestas destinadas a generar un modelo sólido y moderno de innovación en España que esté a la altura de los retos actuales.

En el evento, conducido por Celia Sánchez, vicepresidenta de FEI, representantes de las entidades que han colaborado en la elaboración del informe presentaron las diferentes propuestas, que han sido agrupadas en 5 grandes bloques: regulación, gobernanza, cooperación, fiscalidad e instrumentos.

La presentación contó con la presencia de Asebio, Sernauto, Fedit, CTA, Cotec, Afidi, Crue, Ametic, IND+I, FEI y Federación Nacional de Clusters y AEIs. Según los responsables, el documento se ha redactado «bajo un espíritu colaborativo y con el propósito de tenderle la mano al gobierno central para posicionar a España entre los principales líderes en innovación«.

Celia Sánchez apeló a la perspectiva constructiva de la iniciativa, la cual se dirige al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: «Estamos en el inicio de esta legislatura y es el momento idóneo para hacer una serie de propuestas concretas y factibles que ayuden a dar ese salto que España se merece en innovación».

Propuestas en regulación

Áureo Díaz-Carrasco, director ejecutivo de la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), empezó destacando el papel de la Ley General de Subvenciones a la hora de conseguir financiación. El experto la calificó como una ley «muy amplia y transversal que afecta a todo tipo de fondos públicos y actividades», pero en la que «las costuras se quedan un poco estrechas en muchos temas», por lo que la primera propuesta del documento es realizar «una revisión general para adaptarla a la casuística que se da en la financiación de las actividades de innovación».

El director de Fedit recalcó que el objetivo de la propuesta no es resolver un punto concreto, sino «sentarse con el Ministerio y adaptar la Ley General de Subvenciones, o incluso crear una ley específica para I+D+i, para hacer circular la inversión privada en innovación».

Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio), resaltó la necesidad de «modernizar el marco de ayudas de Estado adecuándolo al nuevo contexto geopolítico y al ritmo acelerado de las innovaciones para impulsar la autonomía estratégica de Europa y de España».

Ion Arocena, director general de Asebio.

El responsable de Asebio también manifestó que «hay que dejar atrás un marco que tenía el foco puesto en la competencia«, ya que «necesitamos un marco que permita a los países apoyar innovaciones estratégicas liberándonos de corsés que los entornos geográficos con los que competimos no tienen».

Tal como expuso Arocena, para conseguir estos objetivos se propone «corregir la definición de empresa en crisis, que hace que las empresas que son intensivas en I+D+i y con largos ciclos de maduración terminen cayendo en esta definición y queden excluidas de la posibilidad de recibir ayudas para I+D+i». También instó a «flexibilizar el efecto incentivador», pues «las innovaciones cada vez se producen a un ritmo más rápido y es necesario ser ágiles», y a «ajustar los criterios de subvención de crédito del Reglamento general de exención de categorías».

Daniel González, presidente de Clusters.es, concluyó el bloque correspondiente a regulación hablando sobre compra pública innovadora. «La innovación es un mundo rápido, arriesgado, en el que no tienes garantías de que lo que haces vaya a funcionar; y por otro lado, la financiación pública se basa en un sistema garantista en el que el funcionario tiene que operar dentro de una ley con unas rigideces. Hay una distancia muy grande entre esos dos mundos».

Daniel González, presidente de Cluster.es.

«Hay una ley que permite la compra pública de innovación, pero es un gran dolor de cabeza para el funcionario que quiere tirarse a la piscina e intentar un procedimiento de este tipo», advirtió.

Las dos iniciativas presentadas por el experto para facilitar la adopción de la compra pública innovadora fueron la «simplificación administrativa» y «la capacitación práctica de las personas del sector público que deben ejercer el uso de la ley para hacer compra pública de innovación», ya que «ahora mismo es un proceso de ensayo y error». «Podemos formar a los funcionarios públicos para que no que tengan que pasar por ese proceso de descubrimiento», agregó.

Propuestas en gobernanza

Francisco Marín, vicepresidente de FEI, fue el encargado de inaugurar el bloque relativo a gobernanza. «Un país en el que hay 9 ministerios involucrados en la innovación, 17 comunidades autónomas con  autoridad sobre la innovación, más de 100 ayuntamientos que forman la red Impulsa y todas las organizaciones sociales que trabajamos alrededor de ello, da lugar a un abanico de actores que tienen un foco común, y sin embargo no tienen ningún sitio donde juntarse de una forma metódica y organizada», lamentó.

Francisco Marín, vicepresidente de FEI.

«Esa exigencia de un sitio donde reunirnos la resuelve un consejo nacional de innovación», concretó Marín, y como muestra de ello, señaló los casos exitosos de Suecia o Finlandia, a los que se refirió como «países líderes en innovación que lo crearon hace tiempo».

Además, aseguró que la creación de este consejo es «muy fácil de montar en España», ya que, según explicó, tanto el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 como la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes prevén la creación de un consejo de este tipo.

Cecilia Medina, gerente de innovación y talento de Sernauto, expuso una propuesta para que «la innovación ocupe un papel esencial en el diseño de la nueva Ley de Industria», ya que esta «debe adaptarse a los cambios tecnológicos» que se han producido durante los últimos 30 años, pues la actual ley es del año 92.

Para ello, según explicó se han tenido en cuenta una serie de medidas prioritarias establecidas por 9 de los sectores estratégicos presentes en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española «con la intención de establecer condiciones de competencia-país que sean atractivas para atraer la inversión industrial, impulsar el desarrollo tecnológico y la creación de empleo de calidad».

La especialista en industria automovilística aseguró que, si bien la Ley de Industria debe estar coordinada por el Ministerio de Industria, «no puede desarrollarse sin tener en cuenta el Ministerio de Ciencia e Innovación o a cualquiera de los organismos que están impulsando políticas relacionadas con I+D+i». El segundo punto en el que incidió la directiva fue el de diseñar «una estrategia-país con prioridades de Estado mantenidas en el tiempo y que tenga un presupuesto coherente».

Àurea Rodríguez, coordinadora general del IND+I, continuó ampliando las iniciativas en gobernanza subrayando que «es necesario medir el impacto, porque lo que no se mide no se puede mejorar». Para ello, se propone «evolucionar el sistema de indicadores actual, que ahora mismo ofrece una foto finish de un impacto muy concreto».

Àurea Rodríguez, coordinadora general del IND+I.

«Necesitamos añadir otras capas. Los reportes de impacto de la inversión en el ámbito privado ya tienen nuevos criterios de medición. Pretendemos adaptar esto a la inversión pública y generar indicadores que no solo midan el impacto directo, sino también el indirecto y el inducido», detalló.

Luis Ignacio Vicente, en representación de Fundación Cotec, habló de una medida enfocada a «desarrollar metodologías que nos permitan evaluar las capacidades tecnológicas que tenemos en el ecosistema español de una forma objetiva», así como «identificar la percepción del ecosistema sobre la dependencia de España del resto de Europa», ya que es «un aspecto clave que está en las agendas políticas».

Luis Ignacio Vicente, miembro de Fundación Cotec.

La segunda propuesta presentada por el experto está asociada a la propia generación de tecnología. «Si analizamos las exportaciones de la Unión Europea, el 90% ya proceden de industrias de alto valor añadido», señaló, haciendo hincapié en que la generación de tecnología es «uno de los grandes déficits que tenemos en España».

«Cuando hablamos de innovación siempre hablamos del esfuerzo en I+D+i, pero también tenemos que hablar de las patentes como uno de los grandes indicadores de la tecnología que estamos haciendo en nuestro país», manifestó Vicente, el cual dio algunas cifras preocupantes: «Estamos un 30% por debajo de la media europea en esfuerzo en I+D. Y en generación de patentes, estamos 5 veces por debajo de Italia, 10 veces por debajo de Francia y 11 veces por debajo de Alemania».

Propuestas en cooperación

Àurea Rodríguez presentó la primera de las cuatro propuestas de cooperación, dirigida al aprovechamiento de las infraestructuras existentes en España, tanto las ICTS (Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares) como las que se encuentran en las universidades, centros y aceleradoras, y hacer que «se acerquen a la industria y las empresas».

«Proponemos un sistema de bonos para que las empresas tengan acceso a parques científicos e infraestructuras, tanto físicas como virtuales. Tener espacios para que las empresas puedan hacer pruebas, tanto las pequeñas y medianas o startups hasta las grandes».

Áureo Díaz-Carrasco, por su parte, habló de «obligar a que la cooperación tenga lugar», ya que para lograrla «muchas veces es necesario presionar, forzar o incentivar de alguna forma». La propuesta, en este caso, trata de impulsar la cooperación de los centros tecnológicos con el resto de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

Áureo Díaz-Carrasco, director ejecutivo de Fedit.

Para ello, el experto propuso estudiar medidas de cooperación concretas, tanto entre agentes como a nivel interregional. «No es necesario hacer 7 programas parecidos en diferentes comunidades autónomas cuando podríamos hacer uno más amplio con esa cofinanciación que permitiría una cooperación transversal entre entidades de diferentes regiones», especificó el principal responsable de Fedit. «La cooperación es un mensaje muy transversal que todo el mundo compra fácilmente, pero tenemos que aterrizarla y establecer medidas explícitas para fomentarla», añadió.

A continuación tomó la palabra José Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla La Mancha y miembro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, el cual aseguró que el hecho de que las universidades estén en el mismo ministerio que la ciencia y la innovación «es un paso que va a ayudar a la cooperación».

José Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla La Mancha.

La propuesta concreta que explicó el rector fue la de «materializar el programa de modernización de las oficinas de transferencia con financiación y formación especializada», algo que valoró como «histórico» en caso de conseguirse. Demandó además que la modernización sirva para que «pasen de ser oficinas de transferencia a oficinas de innovación».

El experto concretó lo que se necesita para lograr esta mejora: «Requiere un programa de financiación sostenido en el tiempo que permita introducir más recursos y especializar a las personas. Cada día el trabajo es más complejo y no todo el mundo, con la formación basal, puede atender estas oficinas con una cultura centrada en el mercado, que es a lo que debemos ir desde todas las instituciones».

Daniel González, presidente Clusters.es, cerró el bloque de cooperación con una propuesta basada en «la creación de un programa de proyectos que dé estabilidad a los equipos de gestión de proyectos coordinados por los clústeres, que requieran la participación de PYMES y organismos de generación del conocimiento, alineados con sus planes estratégicos». «Cuanto mejor salga el proyecto, más beneficiada será la entidad que lo coordina. Y cuantas más personas haya dedicadas a gestionar estos proyectos, más proyectos saldrán», comentó el especialista.

Propuestas en fiscalidad

Víctor Cruz, presidente de Afidi, inauguró el bloque de fiscalidad explicando que «dentro del marco de la OCDE, más de la mitad de los países apoyan proyectos de I+D+i mediante herramientas de fiscalidad». «Hay evidencia empírica suficiente para corroborar que este tipo de instrumentos son útiles para fomentar la inversión privada en I+D+i», argumentó Cruz, aludiendo a un estudio de la IEF según el cual por cada euro de política fiscal introducido en un esquema se puede obtener un retorno de 1,5 euros.

Víctor Cruz, presidente de Afidi.

«En la práctica, el esquema español tiene deficiencias, aunque en la teoría es uno de los más potentes dentro del marco de la OCDE para fomentar la inversión privada en I+D+i. Este incorrecto funcionamiento está muy vinculado a trámites administrativos, carga burocrática e incertidumbre en los procesos de auditoría, seguimiento y control cuando hay varios organismos que analizan y fiscalizan el incentivo».

Frente a esta situación, la primera medida comentada por Cruz consiste en que«este tipo de incentivos o deducciones por I+D+i queden excluidos de la fijación del tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades». «En diputaciones forales es algo que está funcionando desde hace bastantes años. Dentro del Innovation Score Board, el País Vasco está en una de las mejores posiciones comparativamente. Algo tendrán que ver esas políticas fiscales que se están introduciendo», ilustró.

«La normativa y la redacción fiscal hasta cierto punto está obsoleta. En otros países hay adaptaciones de la norma fiscal a las nuevas realidades en innovación, pero en España nos estamos quedando atrás», señaló el máximo representante de Afidi. «Abogamos por una conceptualización más amplia y adecuada al estado de la técnica, a la situación real y a lo que queremos fomentar como país», explicó, en referencia a la propuesta de «incrementar la deducción por innovación tecnológica e incorporar un apartado específico para las innovaciones comerciales y de organización», haciendo extensible de esta manera este incentivo a cualquier sector.

Como tercera propuesta, Cruz habló de  «recuperar la seguridad jurídica, a través Informe Motivado Vinculante (IMV), para la aplicación del incentivo con solvencia y garantía», además de «identificar los gastos susceptibles de deducción», algo que consideró imprescindible para «evitar las deslocalización de las empresas a países como Portugal o Francia«, donde existe una mayor seguridad jurídica en este sentido.

Ion Arocena puso encima de la mesa la importancia de facilitar las pymes el acceso a los instrumentos fiscales, ya que, según admitió, son «el eslabón débil y el que más apoyo necesita en los procesos de innovación». Además, las definió como «agentes clave del ecosistema innovador» e incluso aseguró que «las innovaciones más disruptivas suelen provenir de las pequeñas y medianas empresas».  Por este motivo, abogó por «flexibilizar y levantar las limitaciones que existen para que las pymes accedan a las deducciones fiscales».

Francisco Marín llamó a recuperar un incentivo con el que las empresas españolas que contrataban investigadores para labores de I+D disfrutaban de una reducción de los costes de Seguridad Social de esos trabajadores. «Funcionó bastante bien y ha habido un incremento de puestos como consecuencia de esta motivación», destacó Marín, que pidió aplicar sin limitación estas bonificaciones.

«Pedimos que esa bonificación salga del Ministerio de Trabajo y sea responsabilidad del Ministerio de Ciencia. Que la recupere y la haga extensible no solo a la I+D, sino también a la innovación», reclamó.

Otra propuesta anunciada por el directivo de FEI fue la de «crear incentivos para que la inversión privada «entienda que dedicar parte de sus beneficios a apoyar la I+D tiene beneficios para sus compromisos fiscales». «Portugal ha establecido este mecanismo y ha conseguido que miles de empresarios portugueses hayan cambiado el objetivo de pagar fiscalidad por invertir en I+D. Gracias a ello, Portugal es un núcleo de empresas emergentes mucho más grande de lo que corresponde a su tamaño», ejemplificó.

Luis Fernando Álvarez-Gascón, vicepresidente de Ametic, explicó la propuesta de «mejorar y clarificar el tratamiento de la innovación asociada al desarrollo de software». En este sentido, manifestó que «más allá de reformas instrumentales, el camino a seguir es una reforma legislativa». «Si no modificamos este asunto, en nuestro país ocurrirán cosas, pero no con tecnologías desarrolladas por parte de nuestro tejido industrial», afirmó.

Luis Fernando Álvarez-Gascón, vicepresidente de Ametic.

Áureo Díaz-Carrasco terminó el bloque alertando que «si no conseguimos apalancar la inversión privada, no vamos a llegar a ese famoso 3% de inversión en I+D+i sobre el PIB». Para ello, se propone restablecer la incentivación de la subcontratación de organismos de investigación.

El especialista recordó que «invertir en I+D+i tiene un riesgo mucho mayor que hacerlo en otro tipo de actividades». «Proponemos que si una empresa invierte en un proyecto que tiene un informe motivado de I+D+i con garantías, tenga una justificación y una exención fiscal diferente. Y que cuando esa subcontratación se haga en el marco de un proyecto financiado con fondos públicos, la intensidad de ayuda sea mayor que en otro tipo de inversiones», demandó. Y agregó que «se trata de conseguir que la relación entre empresas y organismos de investigación sea mucho más estrecha».

Propuestas en instrumentos

En cuanto a instrumentos útiles para la innovación, se anunciaron 6 propuestas. La primera trata de «completar el actual diseño de financiación basal para todos los agentes de I+D+I», mientras que la segunda consiste en «reforzar en los actuales PERTES, en concreto en su actual proceso de selección, la incorporación de potentes apuestas por las actividades de I+D e Innovación».

Fabián Varas, director técnico de CTA.

Se propone también «elaborar un régimen especial dedicado a proyectos de más de 10 millones de euros en tres años con potenciales proyectos de continuación», «crear un Fondo Público-Privado para financiar empresas emergentes tuteladas por empresas maduras con demostradas experiencias innovadoras» y «fomentar instrumentos que faciliten en el ámbito estatal y en las Comunidades Autónomas la identificación de tecnologías atractivas para el mercado y su posterior comercialización».

La última propuesta es la de «incorporar en los criterios de evaluación de posibles ayudas a la I+D+I de los diferentes organismos públicos el desarrollo de tecnología propia y la existencia, entre los activos, de patentes y otros derechos de propiedad industrial, especialmente en empresas deep science y en tecnologías críticas para la soberanía tecnológica, así como la existencia de una estrategia de valorización».