España es uno de los países con menos libertad económica de la OCDE, según el informe elaborado por la fundación Heritage y el Instituto de Estudios Económicos (IEE), «Índice de Libertad Económica 2023». Nuestro país ocupa en la actualidad la posición 35 de los 38 países de la organización, tras el fuerte deterioro de esta variable en la última década que ha llevado a nuestro país a descender 16 puestos.

Dentro de la Unión Europea (UE), cuyo promedio se sitúa en 95,8, España ocupa la posición 22 de entre los 27 países que conformaban la UE. Además, nuestro país se encuentra muy alejado de los resultados de Suiza, Irlanda y Nueva Zelanda, los tres países que ocupan las primeras posiciones en el ranking, y que, tras Singapur, también se sitúan en los primeros puestos de la clasificación del «Índice de Libertad Económica» en 2023.

Los resultados de nuestro país han empeorado sucesivamente durante los últimos años, registrando un retroceso de 9 posiciones en 2023 comparado con la posición 22 de 38 países en 2012. Considerando el promedio de la OCDE como base 100, España presenta una brecha de un 8,5% respecto al promedio.

Una mala respuesta institucional

Entre las variables que analiza el estudio se encuentra la respuesta que tiene cada gobierno en el ámbito de su programación presupuestaria para intervenir la actividad económica, así como su compromiso con la gestión financiera responsable de los recursos. El Gobierno español no sale bien parado en este punto, situación que desde el IEE achacan a la acumulación de déficits consecutivos y su reflejo en el creciente endeudamiento público.

Para los economistas de la institución, la baja calificación obtenida es consecuencias de una política presupuestaria que interfiere, en gran medida, en el principio de libertad económica al perturbar la estabilidad macroeconómica y limitar la capacidad de crecimiento futuro, entre otros efectos.

De hecho, España no solo obtiene una peor nota que la media de la OCDE y que la UE, sino que, en la mayoría de las variables analizadas, presenta una situación deficitaria. De hecho, destaca especialmente la baja puntuación relativa en materias como la salud fiscal, gasto público, efectividad judicial y carga impositiva.

La libertad de empresa en España

La libertad de empresa y la iniciativa privada, defienden desde el IEE, constituyen el principal motor de generación de riqueza y de empleo en una sociedad. Por tanto, el papel de las instituciones es generar un entorno adecuado que fomente la empresarialidad y que apoye a las empresas, máxime en un momento tan complicado como el actual, impulsando, de esta forma, la capacidad del sistema económico en su conjunto y aumentando la riqueza de las sociedades.

España ha obtenido un resultado preocupante en libertad de empresa que la sitúa en el puesto 29 de los 38 países de la OCDE, con 75,2 puntos, lo que implica un retroceso de 7 posiciones en comparación con el año 2012, de modo que nos situamos en la zona media-baja de nuestro entorno, lejos de las posiciones más elevadas. Considerando el promedio de la OCDE como base 100 para medir la libertad de empresa, España tiene una brecha negativa de un 5,6% en relación a la media de la OCDE, y ocupando la posición 30 de entre los 43 países que componen la tabla, y 3,2 puntos porcentuales inferior a la media de la UE-27.

También se observa en el informe que las economías donde la libertad de empresa es más elevada presentan, en promedio, tasas de desempleo más reducidas, del 6,2%, frente a aquellos países con inferiores registros en libertad de empresa cuyas tasas de desempleo promedio son del 10,7%.

De igual modo, afirman los economistas, existe una ligazón positiva entre el desarrollo económico y la libertad de empresa, ya que esta última implica una mayor flexibilidad y capacidad adaptativa de los agentes económicos. Considerando el PIB per cápita de 2022, en dólares y con paridad del poder de compra, se obtiene que los países de la OCDE que presentan una libertad de empresa muy alta alcanzan, en promedio, un PIB per cápita de casi 63.900 dólares, que es un 44,5% superior a los 44.200 dólares per cápita, de media, de los países cuya libertad de empresa es alta o moderada.

Una propuesta de la Autoridad Administrativa 

Para los economistas del IEE, un claro ejemplo de normativa que limita la libertad de empresa lo constituye el proyecto de Ley que pretendía crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero que la reciente convocatoria de elecciones generales en España para el 23 de julio de 2023 y la consiguiente disolución del Parlamento han hecho decaer.

La iniciativa, aseguran desde el instituto, infringe el derecho constitucional de libertad de empresa, recogido en nuestra Constitución, en su artículo 38, ya que la obligatoriedad de utilizar este mecanismo de resolución de conflictos, junto con la exclusión de la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria competente por razón de la materia, así como la falta de equilibrio entre las partes a la hora de financiar la autoridad, «alejan la normativa contenida en el Proyecto de Ley de los principios de proporcionalidad y mínima intervención constituyendo, a nuestro juicio, un ataque al principio de libertad de empresa».

«El Proyecto de Ley ha sufrido fuertes críticas, no solo por parte de las empresas del sector, sino también en los informes realizados tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por el Consejo de Estado que ponen en duda su constitucionalidad ya que resulta contrario a la Constitución que la ley suprima o prescinda de la voluntad de una de las partes para someter la controversia al arbitraje e impida su posterior revisión por la jurisdicción ordinaria competente», concluyen.