España ejercerá por quinta vez la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. La presidencia española de 2023 se desarrollará en el último tramo del ciclo institucional europeo, antes de las elecciones al Parlamento Europeo previstas para mayo de 2024 y el posterior nombramiento de una nueva Comisión.

En consecuencia, nuestro país tendrá una particular responsabilidad de culminar las negociaciones de gran número de expedientes abiertos en las grandes líneas de trabajo de la Unión: transición ecológica, transformación digital y agenda social. Asimismo, las iniciativas que España impulse tendrán una incidencia importante en el siguiente ciclo europeo.

Retos españoles en la presidencia europea

La consultora PwC analiza en el informe Consenso Económico y Empresarial los retos económicos de la presidencia española de la Unión Europea. La edición actual del Consenso es el resultado de una encuesta de un total de 28 preguntas que se ha enviado a un colectivo de más de 450 personas seleccionadas que, por su trabajo, son capaces de dar una opinión solvente acerca de la situación económica española.

La mayoría de los expertos consideran que la inversión en infraestructura digital debe ser lo más prioritario del gasto público de los países miembros. En segundo lugar, pero con menor consenso, se cita a la inversión en seguridad y defensa. El gasto en el llamado Pacto Verde y en el pilar de los derechos sociales quedan relegados.

Para la presidencia española se reclama un acuerdo sobre la revisión del Pacto de Estabilidad que establezca que la ratio de deuda sobre PIB sea inferior en un plazo de cuatro años y que el gasto neto esté por debajo del crecimiento. Por último, se requiere una evaluación objetiva sobre el despliegue de los fondos Next Generation.

¿Cuáles son las expectativas?

Las expectativas generadas para este mandato tienen, además, un interés particular: la celebración de elecciones al Parlamento Europeo en 2024 y la necesidad de que ciertas propuestas sean aprobadas con anterioridad.

El actual Ejecutivo de Pedro Sánchez ha estructurado los principales objetivos en los que España centrará su presidencia en cuatro grandes ejes, que pasan por reindustrializar la Unión Europea para evitar la dependencia excesiva de terceros países en ámbitos cruciales como la energía, la salud, las tecnologías digitales y la alimentación. También se promoverá la diversificación de las relaciones comerciales, colocando a América Latina como una prioridad.

El segundo objetivo será avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental, así como la social y económica, según el Gobierno, como el tercer pilar.

Por último, se tomarán medidas para la mayor profundización del mercado interior, la culminación de la unión bancaria y la unión de los mercados de capitales.

Prioridades en la presidencia española de la UE

De todos estos deberes, los encuestados para el monográfico de PwC, han seleccionado sus prioridades. En primer lugar, destacan que lo más relevante es la búsqueda de un acuerdo en la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento recientemente planteado por la Comisión Europea. Aquí España tendrá que acercar posturas en la dureza de los planteamientos fiscales de Berlín, frente a la petición de flexibilidad que llega desde París y Roma.

Los expertos, empresarios y directivos encuestados están totalmente de acuerdo en reducir el gasto público y que se sitúe por debajo del ratio de crecimiento. También reclaman, en un 54,4%, que existan sanciones para los países que se desvíen de lo acordado.

No obstante, apoyan, también en un 54,4%, que existan negociaciones con cada Gobierno para establecer el calendario de recortes. Menos de la mitad de los que han respondido a la encuesta están «totalmente de acuerdo» en que se mantenga el criterio de que el déficit no supere el 3% del PIB y la deuda del 60%.

Propuestas vitales para la economía durante la presidencia española

Respecto a las propuestas que deben ser vitales para la UE, los derechos sociales y el pacto verde no concitan muchos adeptos, con apoyo incondicionales de solo el 33,3% y el 37,2% respectivamente. Probablemente, los encuestados consideran que, desde la pandemia y la guerra en Ucrania, los apoyos europeos a estas dos cuestiones ya han sido generosos económicamente y, por eso, ahora se apuesta más por la digitalización y la industria de defensa.

Sobre la digitalización de la economía, lo que más preocupa es la ciberseguridad y la transformación online de las Administraciones Públicas y de las empresas medianas y pequeñas. Las respuestas van en sintonía con una reclamación de las organizaciones empresariales por una mayor eficiencia digital de la Administración, cuyos retrasos frenan el desarrollo de los negocios, también para los ciudadanos.

Por otro lado, la escasa digitalización de las pymes es un problema detectado desde hace tiempo que se intenta solventar con planes específicos desde los fondos
Next Generation de la Unión Europea. Precisamente, la falta de competitividad de la economía española se debe, en buena parte, según diferentes análisis económicos, en esta escasa digitalización de las pymes, que representan más del 90% del tejido productivo.

Otros aspectos que los panelistas consideran que deberían ser tratados durante la presidencia española son la inmigración y la regulación del mercado eléctrico. Concretamente, el 64,7% cree que es prioritario que, en los próximos seis meses, se alcance un pacto en el seno de la UE sobre políticas de inmigración y, un 51,5% considera lo propio sobre la regulación del precio del mercado eléctrico, que vaya más allá de los mecanismos de corrección que ya han puesto en marcha algunos países de la Unión Europea.