¿Pueden los gobiernos autonómicos potenciar la inversión de impacto? De acuerdo con el informe La inversión de impacto en España en 2021, elaborado por el Esade Center for Social Impact con el apoyo de SpainNab, la inversión de impacto en España en el año 2021 alcanzó los 2.399 millones de euros, un 12% más con respecto al año 2020.

En el caso específico de la Comunitat Valenciana, según el estudio Necesidades de financiación de las empresas sociales en España, elaborado por Esade Center for Social Impact con el apoyo de Open Value Foundation, descubrimos que el 6% de las empresas sociales españolas se encuentran en la Comunitat Valenciana.

En concreto, esta autonomía cuenta con un total de 1.618 empresas sociales que se reparten de la siguiente manera: 9 empresas de inserción social, 42 cooperativas de iniciativa social, 64 centros especiales de empleo, 1.187 asociaciones y fundaciones de acción social productoras de mercado y 316 empresas de nueva creación.

Necesidades de innovación financiera

El informe de Social Nest Foundation Modelos de innovación financiera para empresas de impacto recoge la existencia de tres perfiles de empresas de impacto: de alto crecimiento, de crecimiento orgánico y de oportunidad, que se enfrentan principalmente a dos grandes desafíos comunes al panorama español:

• La consolidación del ecosistema de impacto. Incluye la necesidad de una mayor colaboración entre los actores del sistema, la escasez de líderes dentro del sector público, el desconocimiento sobre las empresas de impacto o la falta de formación y capacitación.
• El impulso al continuo de inversión y el cierre de brechas de financiación. Las empresas de impacto se enfrentan a retos como la concentración de los instrumentos de inversión en empresas de alto crecimiento y empresas de I+D, la ausencia de un rol catalizador de la financiación pública para movilizar inversión privada, la falta de seguimiento especializado y la carencia de instrumentos adaptados, flexibles y pacientes.

En ese contexto, cobran especial importancia los modelos de innovación financiera. Se trata de un conjunto de estrategias que hacen un uso efectivo de recursos financieros para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, el informe detalla el rol que puede jugar la administración pública para financiar la asistencia técnica ligada a vehículos de inversión, de cara a vincular subvenciones a metas de impacto o para garantizar y cubrir las primeras pérdidas en estructuras de financiación privadas.

Beneficios de la colaboración público-privada en la inversión de impacto

«Cualquier gobierno quiere que su país prospere y en el emprendimiento precisamente se busca abordar aquellos retos que muchas veces están desatendidos», expresa a este medio Margarita Albors, presidenta y fundadora de Social Nest Foundation.

¿Y qué beneficios se obtienen de esta colaboración? En su opinión, muchos y muy variados. «La Administración se puede beneficiar en el sentido de que tiene un rol importante a jugar: el de ser un inversor catalítico. Es decir, ser los inversores que aportan un capital con una filosofía más paciente en el retorno de su financiación, capaces de asumir un retorno menor o un mayor riesgo porque al final están buscando apoyar a un sector y a la innovación social. A la vez, ese rol catalítico favorece que otros inversores privados puedan entrar a jugar».

Margarita Albors, presidenta y fundadora de Social Nest Foundation

Además, las empresas recién llegadas al ecosistema son, sobre todo, las que pueden verse más favorecidas. En palabras de Albors, «las compañías de impacto tienen mayores dificultades de acceso a la financiación en las fases de entrada. El hecho de que un capital filantrópico pueda entrar ayuda a que esas fases tempranas tengan una mayor disposición de capital que, a veces, puede ser directo u ofreciendo garantías para que la banca ética o la banca cooperativa puedan tener una mayor facilidad de apoyar esos proyectos de la que tienen actualmente».

El caso valenciano

En los últimos años, se han estado dando pasos para que desde la Administración se impulse este sector. En la Comunitat, según relata Albors, desde la Dirección General de Emprendimiento, «se ha impulsado una iniciativa en colaboración con otros 13 actores del sistema para impulsar emprendimientos de impacto, desde el punto de vista de asistencia técnica y de programas de incubación. Además, a nivel ciudad de València, a través de Las Naves, se estaba impulsando la creación de un vehículo de financiación».

Margarita Albors añade que «en diferentes regiones de España, también está pasando. Y creo que es normal que así pase porque el propio sector ha ido evolucionando mucho en los últimos años. Aunque creo que aún hay mucho recorrido porque, en muchos casos, no se conoce bien el sector o la posibilidad que tiene de generar un impacto positivo y de repuesta a los problemas sociales y ambientales a través del vehículo de la empresa y del capital».

Estrategias de inversión de impacto

El informe recoge una serie de recomendaciones para diseñar estrategias de innovación financiera con las que el sector público puede contribuir a consolidar el ecosistema emprendedor de impacto y a cerrar las brechas de financiación existentes.

• Construir una visión común de la economía de impacto, en la que el sector público trabaje de la mano de un grupo multiactor en iniciativas que contribuyan a la consolidación del ecosistema de emprendimiento e inversión de impacto en la región.
• Poner en marcha estrategias del continuo de inversión, diseñando y utilizando instrumentos catalíticos desde el sector público para cerrar brechas y promover una financiación más flexible, fomentando la formación, el ‘capital semilla’ y la financiación paciente en etapas iniciales.
• Estrategias de financiación combinada, diseñando y utilizando instrumentos catalíticos desde el sector público para cerrar brechas, mitigando los riesgos para la inversión de capital privado a través de estrategias de financiación combinada.
• Sensibilizar y fortalecer elementos clave de la infraestructura: promover actividades de capacitación y promoción de la medición y gestión de impacto entre los actores del ecosistema.
• Promover incentivos para la medición y gestión del impacto. En la medida en que las subvenciones y la financiación estén más ligadas al impacto, se hará más evidente el valor de la medición y gestión del impacto social y ambiental.
• Desarrollo de estrategias público-privadas y clústeres sectoriales: plantear el diseño y adecuación de productos a sectores clave de la economía regional, identificando las necesidades concretas de los perfiles de emprendedores por fases y sectores.

Otros ejemplos europeos de inversión de impacto

En este sentido, la presidenta y fundadora destaca el caso de tres países europeos líderes en este tipo de iniciativas: Reino Unido, Francia y Portugal.

Según explica, Reino Unido fue el país pionero hace más de 20 años, «desde el Gobierno se empezó a impulsar el sector y se crearon vehículos que apoyaran a nivel de asesoramiento, incubadoras, aceleradoras, etc. para las empresas de impacto».

También, diferentes instrumentos financieros. «Empezaron cogiendo el capital de las cuentas de banco que estaban durmientes, es decir, que no estaban siendo utilizadas por sus propietarios durante muchísimo tiempo y se entendía que estaban desatendidas. Cogieron esa financiación para crear vehículos para empresas de impacto. Después, con la crisis financiera, hicieron que el dinero que tenían que devolver los bancos fuera destinado también a este sector».

También tenemos los casos de nuestros vecinos Francia y Portugal, que están impulsando diferentes iniciativas para fomentar el sector.

Caso francés

En concreto, en Francia, se impulsó una ley de modernización de la economía en 2008, «que ha incluido la generación de unos fondos de inversión solidarios por los que los planes de pensiones de los trabajadores pueden adherirse a lo que se llama ‘Fondos Solidarios 90/10’, donde el 90% se destina a fondos cotizados con perspectivas de sostenibilidad y el otro 10% a fondos que se dedican a invertir en entidades de la economía social».

Caso portugués

En el caso de Portugal, se han utilizado fondos de la Unión Europea «para canalizarlos al país y de esa manera crear diferentes instrumentos de apoyo al ecosistema, tanto para la asistencia técnica y de apoyo para las empresas de reciente creación, como también fondos de inversión novedosos para el país: los llamados bonos de impacto, un vehículo de financiación público-privado donde, en base a unos resultados de impacto pactados previamente, se desarrolla el pago del mismo».