Ley de Industria

Así es el anteproyecto de la Ley de Industria recién aprobado por el Gobierno

El Gobierno ha aprobado este lunes el anteproyecto de la nueva Ley de Industria, que actualizará el presente marco normativo de 1992. La nueva norma, que busca encuadrarse dentro de la nueva estrategia industrial europea, debe dar una respuesta en clave nacional a desafíos como la transición energética, la lucha contra el cambio climático, la economía circular o la defensa de los derechos de los consumidores.

A finales de abril, el Ejecutivo abrió el proceso de consulta pública sobre una nueva Ley de Industria para recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas del sector, de cara a perfilar un texto que potenciase la autonomía industrial de España y contribuyese a un crecimiento más sostenible y digital.

Entre los objetivos del texto, se busca ofrecer una solución para las especiales circunstancias de las pequeñas y medianas empresas industriales a través de un tratamiento diferencial, que apoye y fomente el emprendimiento, así como de las empresas de mediana capitalización, esenciales para el futuro desarrollo industrial.

Novedades del texto

La aprobación del anteproyecto supone la introducción de seis novedades importantes que pretenden que la industria siga contribuyendo a la recuperación económica y social, y a modernizar el modelo productivo para alinearlo con la doble transición verde y digital, y para lograr una mayor cohesión social y territorial.

El texto favorece la atracción de inversiones en sectores estratégicos con gran impacto en el empleo, pero también en territorios afectados por el reto demográfico, impulsando proyectos tractores y de interés general.

Asimismo, busca proteger las capacidades industriales y el empleo, y establece, para las empresas beneficiarias de ayudas públicas, la obligación de mantener su actividad productiva al menos durante cinco años si es una gran compañía, o durante tres años si es una pyme.

Reindustrializar España

La actualidad geopolítica ha puesto de manifiesto la importancia de contar con una autonomía y soberanía estratégicas a nivel industrial. Esta norma nace con la intención desarrollar políticas para abordar estas dependencias y surcar mejor las complicadas aguas entre proteccionismo y competitividad.

En este sentido, se creará una mesa de reindustrialización en la que participarán la Administración General del Estado y las comunidades autónomas afectadas para explorar «fórmulas de prevención, corrección y mitigación, y tratar de prevenir la pérdida de capacidades industriales y de empleo», ha explicado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante el anuncio de la aprobación.

Igualmente refuerza la estructura de gobernanza con la creación del Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria, y recoge la elaboración de una Estrategia Española para el Impulso Industrial cada diez años, y una hoja de ruta, cada cinco años, del Plan Estatal de Impulso a la Industria.

Reservas nacionales estratégicas

El anteproyecto garantiza además una base industrial que suministra recursos de primera necesidad y de carácter estratégico, con el establecimiento de la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi), que forma parte de la Estrategia de Seguridad Nacional.

Del mismo modo, incorpora medidas para la protección y el impulso de la competitividad industrial, y reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía así como iniciativas de acompañamiento para facilitar su descarbonización.

Por otro lado, incluye «por primera vez» -ha recalcado Maroto- la ordenación de crisis industriales, donde se establece la obligación para las empresas en ciertas circunstancias de comunicar al Ministerio de Industria y a los representantes legales de los trabajadores el cierre o la reducción de actividad con un fuerte impacto traducido en pérdidas de puestos de trabajo.

Otros aspectos clave de la Ley de Industria

La aprobación del anteproyecto supone un paso adelante para establecer un marco de seguridad y calidad industrial acorde a los estándares europeos. Paralelamente, deberá contemplar las normas básicas de ordenación de las actividades industriales por las Administraciones Públicas, los medios y procedimientos para coordinar las competencias en materia de industria de dichas Administraciones, y regular la actuación de la Administración del Estado en relación con el sector industrial.

Uno de los aspectos principales que deberá abordar la norma será la automatización y digitalización de la industria española, así como sus procesos productivos. En concreto, la modernización de las comunicaciones y su interconectividad, cobrando especial importancia aspectos clave para las empresas como la ciberseguridad.

La futura industria española deberá alinearse con el Plan de acción Europeo para la economía circular con el concurso de políticas de promoción industriales y el desarrollo de modelos innovadores para reducir la dependencia de las materias primas, apoyando la reutilización, reparación y reciclaje.

 

 

 

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