Cuestiones como el inicio de la colaboración público-privada, la falta de suelo, la reducción y la agilidad de los trámites burocráticos, la falta de profesionalización del sector  o la necesidad de poner freno al movimiento okupa, han sido solo algunas de las cuestiones que han salido a relucir de la mano de los principales actores del sector durante la celebración del III Congreso Nacional de la Vivienda, que ha acogido el Palacio de Congresos de València y que se ha celebrado bajo el lema «Pensar la vivienda hoy vivir el mañana».

Judith Montoriol, economista senior de Caixabank Research ha valorado el futuro del sector como «moderadamente optimista». Ha explicado que se observa cierto debilitamiento que «ira a más por la subida de los tipos de interés y la caída de la renta de los hogares». Pero, ha subrayado que se «mantendrán las compraventas a niveles de 2007-2008».

Ha explicado también que el esfuerzo hipotecario actual supone el 34,4% de la renta que tiene que destinar una familia para pagar una vivienda  y «esta cifra tendera a aumentar».

En cuanto a los costes de las materias primas que está sufriendo el sector, Montoriol ha esgrimido que «puede ser que veamos ya una relajación en este sentido y estaríamos ya a niveles de antes de la guerra de Ucrania».

Con lo cual, ha vaticinado que después de sufrir una «caída de la compraventa en 2022 y una ralentización de los precios. Para 2024 prevemos que con la normalización de los precios energéticos nos encontraríamos con una etapa expansiva del sector».

Montoriol ha aclarado también al final de su intervención que «el sector inmobiliario no se encuentra en el epicentro de esta crisis pero se verá afectado por la subida de los precios de intereés».

Seguridad jurídica y agilidad administrativa

Antonio Olmedo, presidente de  la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Valencia (Aprova) ha reclamado en su discurso inaugural la reducción  y la  aminoración de las trabas administrativas. «Tenemos en marcha tres proyectos de ley muy importantes, junto con otros decretos como la Vivienda de la Protección Publica. Todos ellos generan una inseguridad jurídica que tienen efectos económicos en la rehabilitación y generación urbana y en la creación de proyectos de obra nueva. Todo ello significa también al reducción de obra nueva, que genera nuevos puestos de trabajo e ingresos fiscales», ha destacado.

En este sentido, Olmedo ha pedido también a las autoridades que nos gobiernan «seguridad jurídica, agilidad administrativa, digitalización, transparencia en la gestión e inicio de la colaboración público privada porque estamos en los comienzos».

También ha considerado necesario «acomodar los proyectos de viviendas a las nuevas necesidades del consumidor» y ha hecho hincapié  en «la importancia de garantizar el acceso a la vivienda pero las empresas también tienen que ser sostenibles», ha advertido.

Por su parte, Héctor Illueca, vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda ha recogido el guante que le ha lanzado Antonio Olmedo y ha calificado como necesaria la construcción de una relación entre el sector público y el privado «para crear una economía resiliente y sostenible». Ha considerado imprescindible «reformar la gobernanza pública, tal y como la conocemos en la actualidad, por el bien común y por la economía y para impulsar la descarbonización y la eficiencia energética».

También ha abogado por la importancia de «proteger el derecho a la vivienda como una prioridad absoluta a través de incentivos a la compra joven o a través de ayudas al alquiler. Es cosa de todos. A través de una nueva relación entre lo público y lo privado de la que soy un firme defensor», ha incidido.

De izda. a dcha., Antonio Olmedo, Héctor Illueca, David Lucas Parrón, Juan Antonio Gómez-Pintado y Luis Cabanas. Fotos facilitadas por José Luis Bort

Inicio de la colaboración público-privada

David Lucas Parrón, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda ha incidido también en que «uno de los mayores retos que tenemos es la posibilidad de tener una vivienda digna y adecuada y los objetivos deben centrarse en este artículo de la Constitución española. Todavía tenemos este reto después de 40 años en los que no hemos sabido solventarlo tanto por el sector publico como por el privado. Aún sigue habiendo familias que no tienen vivienda y colectivos que tienen más dificultades para poder acceder a ella», ha subrayado.

También ha explicado que «el parque edificativo español necesita de una reforma profunda» y ha hecho una llamada al consenso para poder «buscar soluciones que tienen que venir de la mano de la colaboración público-privada».

«Desde el Gobierno de España -ha destacado Lucas Parrón-  venimos trabajando en articular diferentes instrumentos para que los colectivos puedan acceder a la vivienda y se reduzca la brecha energética  y que todo ello no esté reñido con el desarrollo del sector, con el desarrollo económico y la generación de empleo». Para ello, ha subrayado «nos necesitamos mutuamente para conseguir el objetivo«.

El secretario general también ha mencionado la importancia de «posibilitar la seguridad jurídica y  de acceder a un precio digno y adecuado». Con lo que «el reto es mayúsculo y lo heredamos de generaciones pasadas que no pudieron o no supieron resolver. Les animo a poner los mecanismos de colaboración público privada para resolver ese reto», ha concluido.

Solvencia y músculo financiero

Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de APCEpsaña ha comenzado su intervención explicando que existe «una sensación de desazón sobre lo que va a pasar con nuestro sector».

Gómez Pintado lo ha defendido poniendo en valor su capacidad de adaptación, su potencia y su capacidad financiera. De hecho, «ha aprovechado todos estos años para tener músculo financiero y desapalancarse. Se trata de un sector que, según un muestreo que hemos hecho entre nuestros asociados, tiene la solvencia y esto nos da una gran tranquilidad».

«Nuestro sector -ha matizado- es tractor y es uno de los pilares fundamentales de la economía de nuestros país».

Sobre la importancia de la colaboración público-privado ha anunciado su adhesión  «pero tenemos que identificar porque no se ha puesto en marcha a nivel global en nuestro país sobre todo en aquellas zonas donde más hace falta».

En esta línea ha incidido también que la «Administración se encuentra con las mismas trabas que nos encontramos el sector privado para realizar nuestra actividad».

Ha definido como «inaudito lo que está pasando en Madrid a la hora de conceder licencia, es inaudito la tramitación de las licencias, ese impuesto silente afecta al total de la vivienda, dinero del que no se beneficia a nadie y sí perjudica mucho», ha subrayado.

Gómez Pintado ha hecho hincapié en la importancia de «dar visibilidad a los planes generales, que ninguna ciudad se atreve a meterle mano por la problemática que genera».

Sin embargo, para Gómez Pintado como para el resto de participantes en el Congreso, «el principal reto es dar acceso a la vivienda tanto a los más vulnerables como a los mas jóvenes. Creo que podemos hacerlo, debemos ser eficientes en la gestión de licencias, abaratar el precio del suelo y ser eficientes en la construcción».

«Todo ello -ha matizado- tiene que venir enmarcado de una seguridad jurídica. Porque somos conscientes de que hay que ayudar a los más desfavorecidos pero tiene que haber soluciones testadas para acceder a la vivienda».

Igualmente, el presidente de APCEspaña ha vuelto a mostrar el rechazo del sector a la Ley de Vivienda por la previsión de limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, mientras la norma sigue atascada desde hace meses y pendiente de tramitación parlamentaria. «Esa no es la vía, sino el aumento de la oferta», ha advertido en la apertura

Fin a los okupas

El presidente de APCEspaña también ha mencionado el problema de los Okupas que estamos viviendo. «Los okupas generan desazón. Se trata de un movimiento que está en todos los países. Estamos viendo como Francia, Italia, etc., están tomando medidas efectivas. No podemos dar cobertura a este movimiento marginal que perjudica mucho el mercado de la vivienda de la compra y el alquiler».

Luis Cabanas, director ejecutivo de Banca de Empresas de Caixabank ha señalado que «la inflación puede afecta a la compra de la vivienda familiar pero lo vamos a vivir en mejores condiciones que en otras crisis porque las familias están en mejores condiciones que en 2008 y las empresas lo van  a afrontar mejor porque están en una mejor situación financiera». Además -ha concluido- «la oferta de vivienda y la demanda y la posición de ahorro de las familias nos permiten pensar que no tenemos que ser pesimistas».