Se estima que el 25% del dinero total que una familia paga por una casa se corresponde con cargas tributarias, lo que se puede entender como una presión fiscal «elevada» para un bien «de primera necesidad».

En el marco de estas reflexiones, el concejal de Hacienda del Ajuntament de València, Ramón Vilar se ha reunido con el presidente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia (Aprova), Antonio Olmedo, en lo que han calificado como una reunión «cordial dentro de la normalidad de las relaciones institucionales».

En ella, se han abordado las tasas y impuestos ligados al sector de la construcción, que por lo que respecta a la hacienda local, no registran este ejercicio ninguna novedad (hablamos del ICIO – Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras–, las tasas por las acometidas, el establecimiento de grúas y andamios,…).

Pero precisamente desde Aprova se quiere impulsar una jornada, que posiblemente tenga lugar en abril, para analizar y concretar el impacto fiscal que se soporta en el coste de las viviendas. «Queremos estudiar el grueso de tasas e impuestos, no solo durante la construcción sino también durante la compra-venta –los distintos tributos de las haciendas locales, autonómica e incluso nacional (IVA)–, para concretar el volumen que suponen esos componentes en el precio total de una vivienda», ha concretado en declaraciones a Economía 3, Antonio Olmedo.

Agilizar la tramitación de licencias a través de las OCA o ECU

Por otro lado, el presidente de la patronal, preguntado por este medio sobre el retraso que acumula el consistorio valenciano en la concesión de licencias de obra nueva (viviendas) y licencias de actividad (que afectan a rehabilitaciones, locales comerciales, hoteles…), Antonio Olmedo ha abogado por acelerar al máximo la tramitación del Reglamento que está preparando la Conselleria de Territorio y que prevé la posibilidad de que se concierten y contraten los servicios de Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU) u Organismos de Certificación Administrativa (OCA) para la tramitación de las licencias.

Estos entes acreditados, que podrán ser empresas homologadas o colegios profesionales, podrían liberar de carga administrativa al personal municipal, «para que todo lo que sea edificación y código técnico pueda derivarse a estos entes colaboradores,  favoreciendo un servicio más ágil, tal y como establece la ley. Y es que la Ley de Ordenación del Territorio apunta a que las licencia se puedan otorgar en dos o tres meses en función de su condición, mientras que ahora se prolongan más de un año», ha subrayado Olmedo.

A su juicio, la tramitación de las licencias «es el gran retraso que soporta el sector a la hora iniciar inversiones y nuevos desarrollos que generen empleo y reviertan en impuestos que puedan ser recaudados por las diferentes administraciones y sobre todo que permitan incrementar la oferta».

A su entender «no se trata de establecer medidas de contingentación en el precio de los alquileres», si no que apuesta por incrementar la oferta: “poner puertas al campo no es lo mejor, el mercado funciona bajo la ley de la oferta y la demanda, por tanto la oferta tiene que subir para contener los precios”. Con independencia añade, de que el alquiler bajó mucho en años de la crisis y «debe tender a ordenarse y estabilizarse».

Asimismo Olmedo ha querido recordar la posibilidad que establece la normativa de obtener la Licencia de Primera Ocupación mediante Declaración Responsable «porque la avidez por un mayor control está dando lugar a que se produzcan retrasos y no se pueda entregar viviendas ya acabadas a tiempo, hablamos de entre dos y seis meses de demora».

Si bien, Olmedo es partidario de que si algún promotor aporta una documentación que cuando se inspecciona no se corresponde con la realidad que se le apliquen las sanciones oportunas. «No se puede tratar a todos por igual, el que cumple que vaya con la rapidez correspondiente, mientras que al que incumple, se le penalice».