Grupo Pamesa recibe la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) sobre el proyecto de explotación de la concesión minera “Mancilla”.

La Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, estima «aceptable»; a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación; el “Proyecto de explotación para la concesión directa de la explotación “Ampliación a Mancilla nº2835”; promovido por Azuliber que comprende las parcelas del polígono 29 mencionadas en esta declaración y situadas en el término municipal de L’Alcora (Castellón).

La explotación tiene por objeto la extracción de arcillas rojas y arenas feldespáticas del Cretácico inferior para su uso como materia prima en la industria cerámica del Grupo Pamesa; siendo su utilidad principal en la fabricación de pavimentos gresificados y pastas blancas.

Idoneidad del proyecto

Para la extracción de las arcillas, arenas y calizas existentes en la concesión minera, la actividad se desarrollará a cielo abierto con explotación en bancos descendentes (tipo mixto corta y explotación en ladera). Y se estima una vida aproximada de la explotación de 13 años.

Entre las características favorables para su explotación destacan;

– La aptitud de la naturaleza petrológica y mineralógica del recurso; de las propiedades físico-mecánicas del macizo rocoso, y el hecho de albergar reservas suficientes para la viabilidad del proyecto.

– Compatibilidad urbanística del suelo.

– Cercanía de la explotación a los centros consumidores de la materia prima, con lo que lleva un abaratamiento de la materia prima y una disminución clara de emisiones a la atmósfera.

– Ausencia de afección a espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana. Además los valores naturales y paisajísticos de las parcelas puedan volver a integrarse en el entorno finalizada la actuación.

Una vez dicho trámite ya se ha conseguido, el proyecto actualmente se encuentra pendiente de la aprobación definitiva por parte del órgano sustantivo, el Servicio Territorial de Industria, Energía y minas de la Conselleria de Economía Sostenible.

Todavía pendientes de la autorización de El Puig

No obstante, Pamesa está pendiente de impulsar nuevos desarrollos. Entre ellos, una mina de arcillas en el término valenciano de El Puig que está pendiente de autorización desde hace nueve años.

El objetivo del grupo que dirige Fernando Roig pasa por reducir la importación de materia prima del extranjero entre un 15-20%, en busca de una mayor sostenibilidad. Para lograrlo, está tratando de proveerse de canteras más cercanas a sus centros de producción, entre ellas, esta de Alcora, que acaba de lograr la DIA, Teruel, o la todavía pendiente de El Puig.

Economía 3 ha indagado sobre el asunto que implica a varias Administraciones para tratar de esclarecer dónde está el problema y en qué punto se encuentra el asunto en estos momentos:

Los inicios

En 2013, la firma Ingeniería y Urbanismo del Mediterráneo, SL tramitó un permiso de investigación para analizar los minerales de una cantera que había sido utilizada para la extracción de zahorras y áridos durante la construcción de la A-7, en el término municipal de El Puig.

Tras los sondeos, catas y análisis llevados a cabo en el ITC, se determinó que las arcillas eran aptas para la industria cerámica. Se valoró que las reservas ascendían a unos 4 millones de toneladas. Un volumen que se destinaría íntegramente a Pamesa según el acuerdo firmado entre la azulejera y la empresa de ingeniería que ese mismo año inició los trámites para solicitar el permiso de explotación de la mina. Es decir, hace ya más de ocho años.

Fue en el pleno del 30 enero de 2014, cuando el Ayuntamiento de El Puig hizo una aprobación inicial del expediente. Constaba de un Plan Especial Minero y aparejado al mismo, el proyecto de explotación de la mina y lo elevó a la administración autonómica para que siguiera su curso.

Las complicaciones

Un trámite que, tal y como han reconocido desde el Ayuntamiento a este medio, quedó “enquistado entre las consellerias de Urbanismo y Medioambiente, que presentaban asimismo divergencias de criterios” y que finalmente fue denegado cuatro años más tarde por la Conselleria de Medioambiente (ya por entonces Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica).

Echando la vista atrás, fuentes municipales de El Puig admiten que el expediente, que finalmente fue paralizado, nació con “algunas incidencias” y “conflictos de intereses” pues eran varios los interesados en sacar adelante el proyecto.

Según hemos confirmado con Raúl Vélez, responsable de la firma Ingeniería y Urbanismo del Mediterráneo, SL se presentaron dos proyectos de explotación diferentes, pero se determinó “que uno de ellos cayera y el otro subsistiera”.

Tal y como afirma el promotor, este hecho «no retrasó» más de lo previsto la tramitación y «en absoluto», fue causa de que a la postre, Medioambiente lo echara para atrás.

Viabilidad ambiental y Nuevo Consell

En cambio, a su juicio, fue decisivo el hecho de que, según la recomendación que hizo la Conselleria de Urbanismo, el Ayuntamiento de El Puig presentara directamente el Plan Especial para la ordenación de usos y aprovechamiento minero y el Proyecto de Explotación, sin haber solicitado una valoración inicial a Medioambiente para ver si ese uso podría o no tener viabilidad ambiental, relata Raúl Velez.

Otro hecho que también pudo incidir en el rechazo del expediente por parte de Medioambiente pudo ser el modo de tramitarlo. El Ayuntamiento de El Puig incoó el trámite, según había recomendado Urbanismo, tomando en consideración dos instrumentos diferentes: el Plan Especial para la ordenación de usos y aprovechamiento minero y el Proyecto de Explotación de la mina. Para Medioambiente esto no era lo correcto, debían haberse tramitado de forma conjunta.

Lo cierto es que ambos expedientes siguieron cursos diferentes, pero según Velez, tarde o temprano los dos hubieran llegado a Medioambiente que podría haber hecho una valoración conjunta.

Y la pregunta que hemos hecho a las partes y sigue sin contestación: ¿Por qué no están claros los criterios y pasos que debe seguir una empresa frente a la Administración? ¿Quién decide y por qué cómo se debe tramitar un proyecto, acaso el funcionario de turno que, siete años más tarde, nadie sabe responder por él?

Otra tercera pata que puede explicar esta dilatación burocrática, fue el cambio de manos en la Administración autonómica. En 2015, el Partido Popular cedió la Generalitat al Gobierno del Botànic liderado por Ximo Puig, quien dejó en manos de Compromís, la cartera de Agricultura y Medioambiente.

Las consecuencias

Fuera por el hecho de no enviar la documentación para ver si ese uso tendría cabida según una evaluación ambiental previa o por el hecho de haberse tramitado por separado ambos expedientes (plan de ordenación y plan de explotación), o por el cambio de Gobierno de la Generalitat, lo cierto es que 4 años después de que el pleno del Ayuntamiento de El Puig aprobara el 30 de enero de 2014 el expediente para iniciar la tramitación de la mina de la que se beneficiaría Pamesa, la Conselleria lo desestimaba.

Es decir, la solicitud por la que finalmente Pamesa podría extraer las arcillas a apenas 50 kilómetros de sus plantas no iba a poder avanzar más.

Tras este jarro de agua fría, no quedaba más remedio que iniciar un nuevo expediente.

Contraatacar de nuevo

De nuevo se plantearon dos opciones: o bien que se incoara este nuevo expediente a través del Ayuntamiento de El Puig o bien que fuera el propio promotor (Ingeniería y Urbanismo del Mediterráneo en nombre de Pamesa) el que a través de Minas (dependiente de la Conselleria de Economia Sostenible) iniciara el expediente.

Según relata Vélez, “desde Minas insistieron en que, por aquel entonces (2018) estaban muy saturados, por tanto, solicitamos al municipio de El Puig que iniciara él mismo el trámite”.

Y de nuevo la pregunta: ¿Cuántos expedientes pudieron coincidir en ese momento, qué capacidad técnica y humana tenía y tiene el departamento de minas? ¿Está justificada la saturación?

Empezar de cero

A la ingeniería no le quedó más remedio que presentar de nuevo la documentación, el día 19 de septiembre de 2019 llegó al Ayuntamiento, el cual se la remitió a la Administración autonómica el 25 de septiembre 2019.

Prácticamente un año después, el 5 de noviembre de 2020, la Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural comunicó al Ayuntamiento el visto bueno a ese uso –de modo que fuera posible autorizar la extracción de arcillas– y consideró además que el Plan Especial para la ordenación de usos y aprovechamiento minero debía seguir el procedimiento simplificado, es decir, debía ser aprobado directamente por el propio Ayuntamiento.

No obstante, la Conselleria emitió un informe con una serie de condicionantes que fueron requeridos al promotor, el cual subsanó. Una vez rehecho el plan, el 10 de junio de 2021, mediante decreto, el Ayuntamiento de El Puig aprueba inicialmente el Plan especial para la ordenación de usos y aprovechamiento minero redactado por Ingeniería y Urbanismo del Mediterráneo y lo somete a exposición pública.

Los últimos datos…

Al mismo, se presentaron dos alegaciones menores que quedaron resueltas con las medidas correctoras que prevé aplicar el promotor, como ampliar el camino y mejorar su firme, por lo que pudo llegar la aprobación definitiva del Plan Especial por parte del Ayuntamiento.

Ahora bien, para llevar adelante el proyecto de explotación, la actividad ha de someterse a impacto ambiental y, por tanto, solicitar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la Conselleria que dirige Mireia Mollà.

Los retrasos burocráticos a los que se ha visto sometido el proyecto en todo este trámite, contrastan sobremanera con el proceso liderado por la compañía en Teruel. Ya que en Aragón el trámite se resolvió en 18 meses. Fue en marzo de 2020 cuando se iniciaron los primeros análisis del terreno y la comunicación de la DIA la hizo Pamesa el 16 de septiembre de 2021. En El Puig, de momento ya se prolonga más de dos años y medio (solo teniendo en cuenta el nuevo expediente y no la tramitación inicial que databa de 2013). Y al menos, según las previsiones, no se obtendrá el aprobado ambiental hasta dentro un meses.

Por último faltará el visto bueno de Minas (que más bien se considera una tramitación administrativa una vez obtenida la DIA) para empezar a operar.