La presidenta Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha alertado sobre el «gran reto» que supone la guerra en Ucrania para la economía española y del conjunto de la UE y ha puesto de relieve que el ritmo de ejecución de los fondos europeos en 2021 fue «muy inferior al previsto inicialmente».

Durante su intervención en el foro ‘Líderes en Directo’, organizado por el Consejo General de Economistas, Herrero ha asegurado que ante la «sucesión de perturbaciones externas» que dominan el panorama internacional, la UE y los estados miembros se enfrentan al doble reto de optimizar los recursos canalizados a través de la UE y definir un marco fiscal que permita acomodar este nuevo escenario de necesidades de inversión y perturbaciones sin poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El impacto de la invasión de Ucrania, menor en España

La presidenta de la AIReF ha desarrollado: «El gran reto que tenemos ahora mismo es terminar con el conflicto (en Ucrania). Pero tenemos que hacer nuestros deberes y prepararnos lo mejor posible para la situación económica. El conflicto bélico se añade a otras cuestiones que nos afectan desde 2020, cuando saltó la crisis sanitaria. Supuso una fuerte crisis en la zona euro y particularmente dura en el caso de España. Cuando estábamos discutiendo la simetría de la V de la recuperación nos dimos cuenta de que la oferta no era capaz de cubrir la demanda y esto se sumaba a otros problemas como el del precio de la energía. El carácter asimétrico de la V quedó plenamente patente». A todo esto se han sumado las disrupciones en las cadenas de valor y el aumento de precio de los insumos energéticos en 2021.

Estas perturbaciones han afectado a las expectativas de crecimiento para 2022. De hecho, la AIReF ya rebajó en enero cuatro décimas la previsión de crecimiento para 2021 y 2022. En dicha revisión, la AIReF tuvo en cuenta el impacto asociado al rebrote de la pandemia en el mes de diciembre; la crisis de suministros y el retraso en los efectos económicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en relación con las estimaciones previas.

«España no es una de las economías más dependientes de Rusia»

Herrero ha afirmado que, pese a que no es fácil saber cuál será el impacto de la guerra en las finanzas públicas española, en el ámbito macroeconómico, «tenemos que ver nuestra exposición directa, por el comercio y el consumo energético». Sin embargo, ha subrayado que «España no es una de las economías más dependientes». «Del gas que consumimos, entre un 5 y un 7% proceden de Rusia, frente a un 70% de otros países. La exposición directa de la economía española no es de las más afectadas», ha zanjado.

Por el contrario, sí considera preocupante el precio de la energía. «En el caso del petróleo, hay cierto consenso en que una subida del 10% del precio resta entre una y dos décimas al crecimiento económico. Más complicado es saber el efecto del aumento del precio del gas», ha alertado.

En cuanto a nuestra exposición indirecta, Herrero ha comentado que el turismo ruso no es de los principales en España. Sin embargo, en Cataluña, Alicante y Málaga sí es importante. «También habrá que ver el impacto en el sector agroalimentario y en determinados metales», ha agregado.

Revisión de previsiones por parte de la AIReF

Actualmente, la AIReF está evaluando el impacto del conflicto bélico en Ucrania para realizar una nueva revisión de sus previsiones macroeconómicas y fiscales en el Informe de la Actualización del Programa de Estabilidad Presupuestaria, que se publicará previsiblemente a principios del mes de mayo. Según la AIReF, el impacto del conflicto en España asociado a la exposición comercial y financiera podría ser limitado, pero sí existe una elevada vulnerabilidad al incremento de los precios de la energía. Además, hay otros posibles canales de contagio, como el turismo o, por vía indirecta, la mayor exposición comercial y/o financiera de algunos socios europeos.

En este contexto, tanto a nivel europeo como nacional, será necesario optimizar los recursos canalizados a través de la UE, que suponen una financiación sin precedentes tanto por sus características como por su cuantía, puesto que suponen 750.000 millones (5% del PIB de la UE). España es uno de los países más beneficiados por los fondos Next Generation EU (NGEU). De hecho, es el primer receptor del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con 69.500 millones de euros. Además, si sumamos el resto de fondos NGEU junto con el resto de fondos tradicionales de la UE, en el periodo 2021-2023 los desembolsos ascienden hasta los 35.000 millones anuales.

Impacto del PRTR

La AIReF prevé un impacto positivo del PRTR en el crecimiento, pero difícil de cuantificar y muy condicionado por el ritmo de ejecución y contexto económico. Hasta enero de 2022, la AIReF ha supuesto un multiplicador elevado (1,2) y ha ajustado el impacto por el ritmo de ejecución, que ha resultado muy inferior al previsto inicialmente. En el informe sobre los PGE 2022 del pasado mes de octubre, la AIReF ya revisó a la baja la estimación para 2021 y 2022. En el informe de la Actualización del Programa de Estabilidad, la institución revaluará tanto el ritmo de ejecución como el multiplicador.

«¿Vamos con retraso en la ejecución de los fondos europeos?», se ha preguntado Herrero. «Si miramos el gasto en contabilidad nacional, estamos lejos de los objetivos», ha advertido, al tiempo que ha destacado que «el ritmo de ejecución en 2021 fue muy inferior al previsto inicialmente».

La deuda puede seguir creciendo, alerta la AIReF

En cuanto al impacto presupuestario, AIReF considera que, a pesar de la neutralidad contable, a largo plazo el PRTR incidirá en la posición subyacente de las finanzas públicas y en la dinámica de deuda. En concreto, el PRTR tendrá un efecto positivo con una reducción de la deuda de entre 3 y 6 puntos en 2024, pero sin una estrategia fiscal de medio plazo, la deuda se mantendría en una senda creciente sin llegar a estabilizarse. «Sin ajustes, si no hacemos nada, el ratio de deuda no solo no se va a estabilizar, sino que va a seguir creciendo, fundamentalmente, por el reto del envejecimiento», ha puesto de relieve.

En este contexto, la gobernanza y la evaluación serán claves en la eficacia y eficiencia de los fondos, especialmente en un marco descentralizado. En este sentido, la presidenta de la AIReF ha recordado que más del 50% de los fondos están gestionados por las Administraciones Territoriales y ha señalado que algunos ajustes y redistribuciones pueden ser inevitables para garantizar su plena absorción. La gestión de los fondos, según Herrero, supone un gran reto para gestores como las CCAA, que se enfrentan en mismo espacio temporal a gestionar REACT, fondos tradicionales y PRTR.

La AIReF ve necesaria una reforma del marco fiscal europeo

Por otro lado, la presidenta de la AIReF aseguró que será necesario definir un marco fiscal que permita acomodar este nuevo escenario de necesidades de inversión y perturbaciones sin poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas. En 2022 se esperaba una propuesta de la Comisión para reformar el marco fiscal europeo. De hecho, la AIReF contribuyó a la consulta pública de la Comisión sobre esta reforma. Sin embargo, el conflicto bélico probablemente postergue el debate; aunque la necesidad de acomodar una reforma persiste, y no solo en el ámbito europeo, sino también en el nacional.

Según Cristina Herrero, en España, la actual normativa adolece de las deficiencias heredadas del marco europeo y las propias derivadas del modelo de descentralización. Es un sistema complejo y poco predecible, con falta de visión de medio plazo al prestar una limitada atención a la deuda y la sostenibilidad y muy orientado a la supervisión de las Administraciones Territoriales, ha apuntado.

Además, ha continuado, cuenta con reglas poco exigibles, le falta transparencia y coordinación y requiere un desarrollo normativo que aclare los conceptos y las metodologías. Por ello, ha afirmado que será necesaria una reforma que genere espacios para mejorar los procedimientos e impulsar la coordinación entre las Administraciones Públicas para contar con una estrategia fiscal compartida, necesaria por la especial vulnerabilidad derivada de la elevada ratio de deuda.